El pasado 7 de julio, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) difundió los resultados de su encuesta sobre seguridad pública urbana; destaca que casi el 70 por ciento de la población de nuestro país considera que vivir en su ciudad es inseguro.

El 20 por ciento de los encuestados, todos mayores de 18 años, apuntó que el tema de la inseguridad no cambiará en el próximo año; el 15 por ciento considera que el combate a la delincuencia mejorará; 37 por ciento señala que seguirá igual; y 26 por ciento manifiesta que el problema podría empeorar en los siguientes 12 meses. Ello obligó a que 62 por ciento afirme que ha tenido la necesidad de modificar sus conductas; por ejemplo, evitar llevar cosas de valor como joyas, dinero o tarjetas de crédito en la vía pública.

Es un asunto relacionado con la percepción social; los mexicanos no se sienten seguros ni protegidos por el Estado. En Veracruz, a pesar de que oficialmente se maneja una reducción en los índices de los delitos del fuero común, se observa la misma tendencia, que se relaciona con la desconfianza del ciudadano en los cuerpos policiacos y la idea generalizada de que vivimos en una entidad insegura.

Veracruz es uno de los estados más complejos en términos del trabajo policiaco: el censo realizado por el Inegi en 2010, hace ya cinco años, arrojó una población de 7 millones 643 mil habitantes. Es el tercer estado con más municipios, 212, sólo atrás de Oaxaca y Puebla; el de mayor número de localidades en el país, 22 mil 32; y tiene una extensión territorial de casi 71 mil 700 kilómetros cuadrados; 8 zonas metropolitanas. Todo ello complica la presencia y el desempeño de las corporaciones enfocadas a la vigilancia y seguridad pública.

En asuntos de percepción, por ejemplo, la policía puede tener muchos aciertos y operativos exitosos; sin embargo, ello de poco sirve si se registra un asesinato con violencia que acapara la atención de los medios informativos.

El pasado 1 de julio, el gobierno estatal desapareció a la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, una corporación corrupta que sólo simulaba el combate a la delincuencia y toleraba las actividades ilícitas que han dado fama a ese lugar. La Fuerza Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército tomaron el control y prácticamente de inmediato hubo resultados: una semana después fueron desarticuladas dos bandas que se dedicaban en ese lugar al robo de vehículos y autopartes. La bomba informativa, sin embargo, explotó en otra zona, la de Ciudad Mendoza, en el centro del Estado, donde dos elementos de la policía municipal fueron asesinados.

El 7 de julio, el subsecretario de Seguridad Pública, Federico Rivas Valdés, anunciaba que 15 comandantes de corporaciones municipales serían dados de baja por no haber aprobado los exámenes de confiabilidad, al igual que 150 elementos.

Hubiera sido un día más o menos tranquilo para la dependencia que encabeza Arturo Bermúdez si no fuera por el percance ocurrido en el centro de Xalapa a las nueve de la noche: una patrulla de la Fuerza Civil, marcada con el número FC558, impactó a un taxi y después se dio a la fuga, lo que provocó que quienes se encontraban en ese lugar protestaran y bloquearan la vialidad, en demanda de castigo para los policías involucrados, no tanto por su responsabilidad en el choque, sino por el hecho de huir y buscar evadir la acción de la justicia… y eso que se trata de un cuerpo que en teoría es de élite, de los más preparados de Veracruz; policías, finalmente, que ante un error, como lo puede cometer cualquiera, pensaron como delincuentes y no como guardianes del orden.

A ese tipo de situaciones, y no a los resultados del trabajo policial y a las estadísticas, se debe que la gente no perciba a los elementos policiacos como confiables y cercanos, sino como abusivos y prepotentes, a pesar del esfuerzo de la SSP para que la población deje de verlos como si fueran massiosares.

Descansa Xalapa; se fueron las huestes de César del Ángel

Para descanso de muchos que se escandalizaron del espectáculo que brindaron los 400 Pueblos durante estos últimos días en Xalapa, el Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, dio nuevamente muestra de pericia política al resolver las demandas de estos veracruzanos que llegaron al grado de la desnudez completa como forma de protesta.

El Secretario se aplicó porque ese es su trabajo y el interés del gobernador Javier Duarte de atender las demandas de todos los ciudadanos, pero no hay que olvidar el fondo, el origen, la génesis de este conflicto que fue heredado por la irresponsabilidad de un funcionario estatal que no atendió a tiempo este encargo cuando se desempeñó como Secretario de Desarrollo Social y hoy veranea con una diputación a cuestas que ganó por allá en la zona de Los Tuxtlas.

Buganza se fue al origen, analizó todo lo relativo a la situación de los locatarios del mercado Antonio M. Quirasco de Misantla y de las bodegas de Tabamex, ubicadas en el municipio de Álamo, que le fueron entregadas a esta agrupación.

Todo ello, porque así quedó establecido en acuerdos emitidos por el Congreso del Estado y publicados en la Gaceta Oficial del 13 de diciembre de 2013, y ratificado en la Gaceta Oficial del 15 de enero de 2014.

Al final, se trataba de salvaguardar los derechos adquiridos por los locatarios que consideran lesionados sus derechos.

El Secretario actuó bien, con rapidez, a pesar de los enredos legales del tema y devolvió la tranquilidad a la capital. @luisromero85