No solo por la lectura de los periódicos impresos y de los portales de noticias (que hoy tienen una mayor libertad para hablar de temas escabrosos como la violencia) sino también por el boca a boca y la constatación a veces directa de lo que ocurre en las calles y caminos, lo cierto es que los veracruzanos tenemos una percepción de que se ha incrementado la ola delictiva y la inseguridad, pese a que la presencia policiaca se ha vuelto más frecuente en algunos entornos.

En los últimos meses son más continuas las noticias sobre la aparición de cuerpos de hombres y mujeres que son torturados, asesinados y abandonados en parajes solitarios; en diversos rumbos, los habitantes se organizan para tomar en sus manos la seguridad de sus familias y comunidades; en varios municipios, entre ellos Xalapa y Veracruz, las organizaciones civiles piden que se implante la alerta de género por el crecimiento en el número de feminicidios; dos muertes de periodistas se registraron en las últimas semanas y, sin embargo, las cifras aportadas sobre el número de delitos que son denunciados, al menos hasta mayo, no reflejan esta percepción.

Es posible que estas cifras se reflejen en junio, un mes en que se sobrecalienta la entidad, pero los datos registrados en mayo en materia de delitos del orden común acusan una ligera disminución respecto al mes previo, de 4 mil 339 en abril a 4 mil 117 en mayo. De marzo a mayo esa ha sido la cantidad promedio, mayor sin embargo a los registros de enero y febrero en que se registraron 3 mil 157 y 3 mil 769, respectivamente.

Los datos aportados por la Fiscalía General del Estado al Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran un estancamiento en cuanto al combate de los delitos en general, lo que también debiera evitar a nuestras autoridades cantar victoria. Los robos en general han bajado desde marzo, incluso de abril a mayo hubo una disminución, al pasar de 1 mil 593 a 1 mil 523; los realizados con violencia, sin embargo, subieron de 448 a 457. Los homicidios en general bajaron de 74 a 71, mientras que los homicidios dolosos los hicieron marginalmente, de 39 a 38.

Los secuestros se han mantenido en el promedio de ocho mensuales, de manera que en los primeros cinco meses se registran 41, que constituyen de todas maneras casi el 10 por ciento de los registrados en el ámbito nacional (447).

En el mes de mayo, Veracruz se ubicó en la cuarta entidad por número de secuestros, con 8, superado por Tamaulipas (17), Estado de México (14), Tabasco (19), y seguido del Distrito Federal (5) y Guerrero (3). Sin embargo, de enero a mayo, la lista mantiene a Veracruz en los tres primeros lugares: Tamaulipas (95), Estado de México (72), Veracruz (41), Guerrero (37), Tabasco (31) y Distrito Federal (20). Estas seis entidades suman 296 de los 447 secuestros denunciados en el país, es decir, más de dos tercios (66 por ciento).

La constatación de estas tendencias indica que Veracruz, la entidad, está muy lejos de alcanzar mejores estándares de seguridad pública, pese a las enormes inversiones aplicadas, la incorporación de las fuerzas federales al combate contra el crimen organizado, la contratación y formación profesional de miles de elementos policiacos y, por supuesto, las declaraciones optimistas del gobierno estatal.

¿Qué es lo que está fallando? Difícilmente lo sabremos, porque la Secretaría de Seguridad Pública está a salvo de cualquier evaluación.

Evaluación docente, consenso favorable

Pese a los graves hechos de violencia que se han protagonizado en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los maestros disidentes han atentado incluso contra los derechos humanos de sus compañeros, lo cierto es que la mayoría de los mexicanos, según encuesta levantada por la empresa Parametría, están a favor de que se realice la evaluación y que se apliquen sanciones a los maestros que no quieran ser evaluados.

El apoyo a esta medida incluida en la reforma educativa, siempre según el ejercicio demoscópico, es abrumador. El 90 por ciento de los encuestados dijeron estar de acuerdo en que sean evaluados los maestros de escuelas públicas, mientras que solo el 3 por ciento manifestó su desacuerdo con ello. La encuesta, tercera de una serie de aplicaciones, muestra una tendencia similar que los resultados en abril de 2012 y marzo de 2013, cuando la aceptación fue de 88 por ciento.

Una respuesta similar fue la obtenida cuando se preguntó a los encuestados si estaban de acuerdo o en desacuerdo en que se sancione a los maestros que no quieran ser evaluados: el 85 por ciento estuvo de acuerdo mientras que el 6 por ciento se mostró en sentido contrario. En cuanto a la intensidad de dichas sanciones, el 32 por ciento de los encuestados dijo que los profesores deben ser suspendidos definitivamente, el 25 por ciento prefirió que se aplicaran sanciones económicas y 18 por ciento respondió que se les debe aplicar una suspensión temporal.

Sirvan los datos para que los maestros reformulen su demanda. Si la población del país se muestra favorable a la evaluación, los maestros debieran incidir no tanto en negar este ejercicio a que todo trabajador se somete sino en establecer mejores parámetros de calidad y plazos para evitar lo que ellos llaman una evaluación punitiva.

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