A diferencia de las reformas salinistas que, esencialmente, terminaron con los residuos del desarrollo estabilizador para sustituirlo por el esquema neoconservador de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, las reformas del Pacto por México modificaron, en parte importante, el contenido del modelo económico para adoptar fórmulas más cercanas al keynesianismo que al neoliberalismo.
Pero, además, se abordaron temas mucho más amplios, tales como la educación, la seguridad pública, los derechos humanos, el sistema de partidos, los procesos electivos, el modelo fiscal, los monopolios, el combate a la corrupción, el sistema de seguridad social, las telecomunicaciones, etcétera, etcétera.
El conjunto de las reformas recientes, derivadas del Pacto, especialmente algunas de las más importantes, han propiciado grandes debates entre sectores de la ciudadanía con posiciones que cubren un espectro tan amplio que va desde quienes las aprueban, quienes las aceptan parcialmente, otros que las critican y rechazan algunas, hasta quienes las condenan en su totalidad y las consideran causantes de todos los males que ahora padece el país.
En este debate, que seguramente continuará, debiera analizarse a profundidad cada una de las reformas para que, de esa manera, pudiera lograrse una mayor objetividad sobre sus alcances.
Pero no se podrá resolver este debate si las reformas del Pacto no son puestas en práctica.
En este punto es en donde se encuentra la principal falla de Peña Nieto y de su equipo en el gobierno.
Cuando el Presidente viaja al extranjero y entrevista a otros jefes de Estado, presume, resalta, subraya la acción ¡del Poder Legislativo!, el cual, obviamente, él no representa. Eso sucede porque no puede señalar -a tres años de su gobierno- acciones relevantes, obras públicas trascendentes y con resultados concretos, de la acción política del poder que él sí representa, es decir, del Poder Ejecutivo.