Como se ha vuelto costumbre en Veracruz y en todo México, en cada proceso electoral menudean denuncias, filtraciones periodísticas y campañas mediáticas para exhibir y descalificar a los candidatos del partido en el poder o a los abanderados de la oposición con más posibilidades de triunfar en los comicios.

De esta guerra de lodo nadie parece escapar, pues no sólo están en la mira los personajes que andan en campaña y los dirigentes de los partidos que los han postulado sino también gobernantes y funcionarios de todos los niveles y colores partidistas. Ahí están, por ejemplo, los casos de los gobernadores priistas de Jalisco y Nuevo León, cuyos influyentes padres han sido señalados de entrometerse en asuntos electorales y de usurpar funciones en la administración pública ejerciendo la autoridad que corresponde a sus vástagos.

La candidata del PRI a la gubernatura de Sonora, Claudia Pavlovich, fue exhibida en el diario Reforma con la publicación de sus conversaciones telefónicas con empresarios sonorenses a los que como senadora benefició en la gestión de contratos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo que constituyó un presunto caso de tráfico de influencias ya que la legisladora con licencia habría usado una aeronave propiedad de uno de los constructores favorecidos.

En Sonora han sido implicados también el gobernador Guillermo Padrés, del PAN, por la presunta condonación de impuestos millonarios a empresas del candidato del partido blanquiazul a la gubernatura y de sus aliados, mientras que el diputado federal Manlio Fabio Beltrones, coordinador del grupo legislativo del PRI y padrino político de Pavlovich, acaba de ser denunciado en un desplegado periodístico pagado por Acción Nacional de haber gastado hasta el momento 3.2 millones de pesos en la renta de un avión privado en el que viaja frecuentemente a su entidad natal para apoyar a la candidata priista.

El último obús fue dirigido contra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, a quien le fue grabada clandestinamente una charla telefónica en la que se burlaba de las exigencias que le había planteado un líder indígena chichimeca.

En Veracruz, en el proceso electoral local de 2013, Miguel Ángel Yunes Linares y la dirigencia nacional del PAN también difundieron audios y videos de funcionarios estatales y federales que fueron grabados cuando aleccionaban a líderes seccionales del PRI en Boca del Río sobre cómo capitalizar electoralmente los programas sociales de la Sedesol.

El impacto de este escándalo tuvo tal resonancia que no sólo desembocó en la renuncia del ex alcalde boqueño y entonces secretario de Finanzas y Planeación, Salvador Manzur, así como en el cese de varios funcionarios de la Delegación estatal de la Sedesol, entre ellos su titular Ranulfo Márquez Hernández, sino que inclusive tambaleó la mesa del Pacto por México, lo que obligó al presidente Enrique Peña Nieto a firmar un adendum por la presión de los dirigentes nacionales del PAN y PRD.

Sin embargo, no todo lo que se filtra en los medios de comunicación es verdad, aunque a veces se trate de grabaciones telefónicas clandestinas cuyo origen es, por ende, ilegal. Son pruebas que en un juicio no tendrían valor jurídico aunque sí son muy apreciadas en lo periodístico.

Empero a veces hay medios que han sido sorprendidos y manipulados por informantes perversos, lo que por supuesto tampoco resta responsabilidad a los editores que deciden publicar las calumnias.

Al diario Reforma le acaba de suceder con un video que le hicieron llegar en el que aparece un hermano de Francisco Domínguez, candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, conviviendo supuestamente en una discoteca de Playa de Carmen con César Gastélum, líder del cártel de Sinaloa detenido en abril pasado. Pero el acompañante no era en realidad el narcotraficante sino el empresario transportista Luis Hernández, amigo del panista.

Ahora, en este proceso electoral federal, enemigos políticos del delegado de la Sedesol en Veracruz, Marcelo Montiel, quisieron sorprender también a la opinión pública difundiendo videos manipulados y denuncias anónimas sustentadas en burdos montajes, alteración de documentos y falsificación de firmas para evidenciar el supuesto mal manejo de los recursos de programas federales como los de Empleo Temporal, Atención a Jornaleros Agrícolas, y de Más 65.

Como los supuestos beneficiarios “defraudados” fueron entrevistados bajo amenazas por individuos que se hicieron pasar como personal de la Sedesol, obligándoles a leer respuestas falsas y sacadas de contexto, Montiel informó que presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal en contra “de quien o quienes resulten responsables por la comisión de hechos que estimamos constitutivos de delitos, que fueron cometidos en agravio y en perjuicio de la Delegación Federal de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado y de un servidor”.

Se aplaude la decisión del ex alcalde y ex diputado local de Coatzacoalcos. Ya basta de burdas mentiras para manipular a medios y exacerbar el caldeado ánimo del electorado.