En la noche del próximo 6 de junio, cuando medite por qué candidato o partido va a votar el día siguiente para conformar la próxima legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, puede que se dé cuenta de que, sean quienes fueren los ganadores, la maquinaria de la corrupción generalizada que asola al país solo cambiará de beneficiarios.

A los temas que más nos lastiman, como la inseguridad y la impunidad, se sumará el de la corrupción, que está tomando visos verdaderamente escandalosos y contra cuya consumación nadie parece estar ocupado.

Es más, salvo los panistas, los demás partidos parece no tenerles con cuidado ofrecer a los hipotéticos electores propuestas concretas y avanzadas para contener ese cáncer que cuesta cada año el 9 por ciento del Producto Interno Bruto, según el Banco Mundial, una cantidad que (según el reportaje publicado por La Opinión de Los Ángeles y el portal Sin Embargo) representa más que la fortuna de Carlos Slim, considerado uno de los tres hombres más ricos del mundo.

Y he dicho que los panistas han hablado del tema, en particular en nuestro estado, pero con un sentido propagandístico contra el PRI, cuando el fenómeno de la corrupción es practicado abiertamente por sus dirigentes, gobernantes y legisladores, sin que les avergüence un ápice que la sangre fluya abundantemente por sus comisuras luego de morderse la lengua con tan desmedida fuerza.

En los últimos años, México ha tenido mala prensa en el ámbito internacional. A los baños de sangre a que ha sido sometido el pueblo mexicano por las bandas criminales y las fuerzas armadas que las combaten, a la cotidiana vulneración de los derechos humanos y a la impunidad con que alegremente se cometen los más variados crímenes, una nube negra se cierne sobre el gobierno, los partidos políticos y la misma población: la corrupción acrecentada y casi imposible de combatir.

La corrupción se practica del Presidente de la República para abajo. En ella participan secretarios de Estado, senadores, diputados federales y locales, gobernadores, funcionarios estatales y municipales, alcaldes, líderes sociales, empresarios, medios de comunicación y ciudadanos.

Si usted cree que solo los funcionarios del poder ejecutivo tienen capacidad para meter la mano en el cajón, está equivocado. Si considera que solo los recursos del erario son fuente de corrupción, también.

En esta acelerada carrera por el poder y las buenas fortunas, además de desviar recursos públicos, los implicados hacen gala de múltiples triquiñuelas, como los ‘diezmos’ y los ‘moches’ (que se piden por igual a las empresas que a los empleados, a los gobiernos locales que a los ciudadanos).

La corrupción somos todos

En los últimos días, los Yunes panistas han sido muy incisivos en la demanda para que la Procuraduría General de la República libere órdenes de aprehensión contra funcionarios y exfuncionarios del gobierno veracruzano que, presuntamente, han incurrido en delitos graves contra el erario, particularmente los recursos federales.

Sin embargo, ni ellos ni sus dirigentes nacionales han actuado con el mismo entusiasmo para exigir a las autoridades de procuración de justicia que sean investigados y llevados a tribunales diputados federales, gobernadores y dirigentes de su partido, quienes han sido evidenciados en actos de corrupción.

Dos meses después de dejar el gobierno federal de regreso a manos del PRI, el expresidente Felipe Calderón y varios de sus funcionarios fueron implicados en actos de gobierno que tuvieron repercusiones positivas en sus fortunas personales.

El senador chiapaneco Roberto Gil Zuarth, paradójicamente presidente de la Comisión de Justicia del Senado, fue acusado en 2011 de haber recibido 800 mil dólares para garantizar la apertura de casinos de manera irregular, cuando era secretario particular del ahora fogoso impulsor de los panistas, el expresidente Felipe Calderón.

Talía Vázquez, exesposa del empresario casinero Juan Iván Peña Nader, denunció que éste fue uno de los beneficiarios por la apertura de los casinos, maniobra que involucra al propio Calderón; en la investigación abierta por la PGR se ha involucrado también a Roberto Correa Méndez, exjefe de Juegos y Sorteos, y a Guillermo Santillán Ortega, exdirector de la Unidad de Enlace de Gobernación. El exdirector de Pronósticos para la Asistencia Pública, Jesús Villalobos López, fue inhabilitado por 10 años y castigado con una multa de 161 mil pesos por haber dispuesto, en su propio beneficio, de recursos del erario.

Pero los negocios al amparo del poder también involucran al expresidente Vicente Fox, su esposa Martha Sahagún y los hijos de esta última, quienes hicieron negocios a trasmano, como los realizados al amparo de la fundación Vamos México, o la venta a precios de venta nocturna de miles de casas financiadas por el Infonavit, que los Bribiesca Sahagún recuperaron y vendieron después a precios altísimos.

En todos los territorios ganados electoralmente por el PAN se han impuesto esquemas de nepotismo, tráfico de influencias, dispendio de los recursos públicos en beneficio de los propios gobernantes o de sus allegados, abrumadora publicidad oficialista basada en el autoelogio y el alarde de los supuestos logros del gobierno.

El PAN, se ha dicho, no solo es el partido de los ‘mochos’ sino también de los ‘moches’, y un ejemplo claro son los escándalos por la exigencia de dinero que hizo quien fuera coordinador de la bancada panista en el Congreso de la Unión Luis Alberto Villarreal a los gobiernos municipales emergidos de su partido.

El PRI, por supuesto, es sinónimo de la corrupción. Los escándalos abiertos por la prensa nacional y norteamericana por las dádivas con que una empresa constructora benefició a varios funcionarios federales, como el secretario de Hacienda Luis Videgaray, y al mismísimo presidente Enrique Peña Nieto, no dejan lugar a dudas sobre graves conflictos de interés que estuvieron a punto de pagarse con la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, que había sido ganada por la empresa China Railway Construction Corp., junto con socios mexicanos.

En Veracruz, sin ir muy lejos, innumerables actos de corrupción han llevado a la quiebra las finanzas estatales, y buena parte de la mala prensa impulsada por el PAN se refiere a la implicación de funcionarios de los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, en el desvío de miles de millones de pesos de recursos federales, que no fueron invertidos en los programas etiquetados en el presupuesto.

Para colmo, ni siquiera el ‘inmaculado’ líder de Morena se salva de historias negras de este tipo. ““Durante los seis años que Andrés Manuel López Obrador (2000- 2006) fue jefe de gobierno del Distrito Federal me pagaban cuatro mil pesos para su campaña presidencial”, cuenta en anonimato María R., quien aún trabaja en la tesorería de la capital mexicana. “Era muy molesto, pero si no lo aceptabas te corrían””, se difunde en el reportaje publicado por La Opinión de Los Ángeles y Sin Embargo.

En el texto periodístico se explica la manera en que todos los partidos se financian, sea para beneficio de sus dirigentes y funcionarios públicos o para sus campañas electorales. Los alcaldes imponen, no bien llegan al cargo, el ‘diezmo’ a los empleados que llevan, para su uso personal.

“El “diezmo” o “el moche”, como se conoce popularmente a esta práctica de corrupción, tiene décadas de haberse popularizado en la vida pública de México con tal éxito que la practican por igual en todos los partidos, empresas que quieren contratos con el gobierno, presidentes municipales y gobernadores; legisladores y hasta los políticos más puristas”.

Y agrega: “En el último año, dos altos funcionarios en la Ciudad de México, Mauricio Toledo y Elízabeth Mateos, delegados en Coyoacán e Iztacalco respectivamente, fueron acusados de despedir a empleados que se negaron a pagar el 10 por ciento de salario para beneficio de sus jefes. Darío Larrondo, ex coordinador de Modernización Administrativa en Coyoacán, se negó a dar los 300 dólares que exigía el Delegado y no duró más de seis meses en el puesto.

Por ser muy ilustrativo, continúo con la cita: “En el poder legislativo la estrategia es diferente, según acusaciones de diversos diputados en contra del ex coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal. La Cámara de Diputados maneja anualmente de manera discrecional una partida de alrededor de 12 millones de dólares conocida como “Ramo 23” que en teoría debería ser para apoyo a los estados y municipios, pero, en la práctica, ha servido de caja chica a los congresistas que autorizan ese dinero para políticos locales que a cambio les dan hasta el 40 por ciento.

Y acude al testimonio de Mardonio Reyna, un exmigrante de California que regresó a Pilcaya, su municipio natal en el estado de Guerrero, para postularse como candidato en 2006 y ganó.

“Yo hacía todos los trámites que había que hacer para que me dieran dinero y no entendía por qué no me lo daban si realmente estaba demostrando que el municipio necesitaba las obras y sin embargo otros con menos necesidad se llevaban el dinero”, cuenta. Así fue a preguntar directo a un secretario quien le dio la respuesta de manera indirecta: “¿Cuánto ofreció?”.

¿Cómo la ve?

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