El tema de las agresiones y amenazas contra los comunicadores en Veracruz es cada vez más sensible y visible en los ámbitos nacional e internacional. Manuel Rosete y un servidor acabamos de ser objeto de intentos por acallar nuestra labor periodística, por impedir más denuncias documentadas en contra de un funcionario menor que, en este espacio y en la columna Apuntes de mi colega, han encontrado un necesario foro.

De inmediato hicimos la denuncia y la petición al gobernador Javier Duarte de Ochoa para que domeñara los ímpetus represivos de su colaborador Fernando Arteaga Aponte, director de una dependencia educativa, CECyTEV, que él ha manejado con ánimo patrimonialista. No ahondaré en el tema que se encuentra disponible si se revisan nuestras colaboraciones alusivas al abuso cometido por él y sus cercanos colaboradores.

Lo destacado ha sido la respuesta solidaria de cientos de personas, entre funcionarios del propio gobierno duartista (incluida Namiko Matzumoto Benítez, secretaria técnica de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, quien nos ofreció el apoyo de ese órgano) y colegas del gremio. A nivel nacional, también ha habido una preocupación latente sobre el caso.

La mayoría se ha hecho eco de nuestra carta al gobernador Javier Duarte con nuestra petición de que se desactiven las amenazas; han difundido el texto y han hecho llegar su solidaridad y su preocupación.

Extraña (y duele), sin embargo, el caso de un amigo periodista que este miércoles, en su portal, abrió de inmediato los micrófonos al inculpado, casi al mismo tiempo en que difundía nuestra denuncia. En el texto de la nota, Fernando Arteaga Aponte niega, por supuesto, haber incurrido en el exabrupto, como si en su respuesta hubiera la posibilidad remota de que reconociera sus intenciones.

Lo más grave es que se dio cabida a una descalificación de nuestro dicho y una declaración que nos señala de infames y calumniosos.

“Me estoy enterando y es una total infamia lo que están tratando de hacer creer a la gente, soy persona sería que jamas me atrevería hacerle daño a nadie, y menos a personas que de una u otra forma , han tratado de difamarme”  (Se cita textualmente).

Todos los periodistas, incluso aquellos que no publican denuncias documentadas sobre la mala actuación de funcionarios o particulares, estamos expuestos a sufrir amenazas o agresiones físicas. Lo menos que podemos hacer es solidarizarnos con quienes son víctimas de esos actos.

La lógica de la defensa del agresor es misteriosa y oscura.

No hay respuesta sincera cuando se trata de estos casos. Ya imagino una entrevista al alcalde de Coatepec, señalado del asesinato de su tesorero municipal, contestar afirmativamente a la pregunta de si son ciertas las imputaciones. El problema es darle espacio a quienes deberíamos señalar como agresores.

La deuda que carga cada mexicano

Que el Producto Interno Bruto (PIB) del país haya crecido el equivalente de un tercio de lo que creció la deuda pública nacional ya debe preocuparnos, pero que en el presente gobierno la deuda signifique que cada uno de los mexicanos (incluyendo recién nacidos) deba 56 mil 300 pesos, en momentos en que los precios internacionales del petróleo se mantienen en el nivel más bajo, la baja en los ingresos fiscales haya obligado a cercenar el presupuesto 2015, el dólar haya rebasado los 15 pesos por unidad y las remesas de mexicanos experimenten uno de sus peores momentos, eso sí que es de preocuparse.

Lo que la organización México ¿Cómo Vamos? revela en su Semáforo Económico es preocupante por el ritmo de endeudamiento adoptado por el gobierno de Enrique Peña Nieto: al cierre de 2014, la deuda pasó de 5.9 a 6.9 billones de pesos, un crecimiento del 15 por ciento.

Este organismo señala que “si bien la deuda todavía no es alta en comparación con otros países desarrollados, los cuales llegan a deber cantidades de hasta dos veces el total de su PIB, lo que resalta en México es la rapidez con la que la deuda se incrementa”.

Y, para colmo, el dato se refiere exclusivamente a la deuda nacional. Ya veremos el tamaño del añadido por cada estado de acuerdo con la denominada deuda subnacional que, en los casos de estados como Coahuila, Chihuahua y Veracruz (por citar solo algunos), llega a significar un valor agregado significativo.

Según el estudio señalado, cada trimestre la deuda por mexicano se incrementa en un monto promedio de 1 mil 400 pesos; de esa manera, mientras que al inicio del sexenio debía cada uno 43 mil 300 pesos, hoy el monto es de 56 mil 300. Agregue usted la deuda per cápita en cada estado para que alimente su pesimismo. Ahora, multiplique esa cantidad por el número de integrantes de una familia típica (5 miembros), podríamos decir que a finales de este año la deuda familiar será muy cercana a los 300 mil pesos.

También precisa que la deuda federal ha tenido tasas de incremento de 11.9 por ciento, mientras que el PIB en pesos corrientes ha crecido en promedio a solo 4.4 por ciento. Por eso, académicos y expertos de México ¿Cómo Vamos? estiman que el gobierno debe eficientar su forma de gastar y contener el crecimiento de la deuda.

Veracruz no canta mal las rancheras

Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda de los gobiernos locales creció 1.4 por ciento respecto al cierre de 2013, y 10.5 por ciento en relación a junio del año pasado, cuando la deuda frisaba los 443 mil millones. Tal monto significa nada menos que el 3.0 por ciento del Producto Interno Bruto estatal, apenas por el debajo del 3.1% reportado en diciembre del año pasado.

¿Cuáles son las entidades más endeudadas hasta junio de 2014? En primer lugar, el Distrito Federal, con 61 mil 402.8 millones de pesos, seguido por Nuevo León, con 58 mil 443.9 millones de pesos; Chihuahua, con 41 mil 603.1 millones de pesos; Veracruz, con 40 mil 767.4 millones de pesos, y el Estado de México, con 39 mil 124.1 millones de pesos.

En conjunto, las cinco entidades federativas sumaron 241 mil 341.4 millones de pesos, que representa el 49.28 por ciento del total de la deuda local al cierre del primer semestre de 2014.

Si hiciéramos un ejercicio similar al realizado por México ¿Cómo Vamos?, para calcular el nivel de endeudamiento de cada uno de los 7 millones 644 mil veracruzanos, tendríamos que la deuda pública estatal nos pone con una deuda per cápita de 5 mil 300 pesos.

Sumada a la deuda per cápita nacional, resultaría que cada veracruzano debe 61 mil 600 pesos. Una familia de cinco cargaría sobre sus hombros más de 308 mil pesos, una cantidad que le daría una vivienda digna.

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