Este lunes, diversos grupos de productores del campo veracruzano –principalmente de café, maíz y soya– se apoderaron de la Unidad Estatal de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), ubicada sobre el kilómetro 3.5 de la carretera federal Xalapa-Veracruz, en las instalaciones de la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

El motivo de la movilización campesina fue exigir la destitución del titular José Luis Mayoral Larios, quien desde el sexenio presidencial anterior está a cargo de ASERCA en el estado.

Según los inconformes, están demandando su remoción porque ya son intolerables los actos de corrupción que les impide beneficiarse de los apoyos de esa institución. Además hicieron un señalamiento bastante grave: lo acusan de exigirles dinero para favorecerlos con los programas de ASERCA, argumentándoles, presuntamente, que los “moches” no son para él sino para sus jefes que despachan en la ciudad de México.

Pero también se quejan de que su trato es prepotente y altanero y que sólo atiende a los grandes productores, discriminando a los del sector social que son la mayoría. Otro de los señalamientos en contra de Mayoral es que se resistiría a visitar las zonas productoras, criticándole que “es un funcionario que ‘atiende’ el campo desde su escritorio en Xalapa”.

A gritos, le recordaron al funcionario federal que “¡los apoyos no son tuyos, son de los verdaderos productores!” y que “¡ASERCA no es tu negocio personal!”.

Lamentaron que pese a la importancia agropecuaria de Veracruz y su aportación al PIB del país, hasta el pasado mes de marzo nuestro estado sólo habría recibido el 0.6% del presupuesto ejercido a nivel nacional por esa dependencia, según el informe relativo al primer trimestre del presente año, que pidieron verificar en la página oficial de internet www.aserca.gob.mx.

No es la primera vez que Mayoral da motivo para ser cesado. Hace tres años se vio involucrado en un presunto caso de delito electoral en el que aparte de él fueron denunciados por un representante del PRI en el distrito de Martínez de la Torre otros 16 delegados federales que presuntamente hicieron proselitismo a favor del entonces candidato del PAN a la diputación federal, Rolando Olivares Ahumada, actual alcalde martinense postulado en 2013 por la coalición priista “Veracruz para Adelante”.

El 5 de junio de 2012 se recibió en la Secretaría Ejecutiva del aún Instituto Federal Electoral (IFE) el oficio número JDE/30/07/518/2012 suscrito por David Goy Herrera, en su carácter de Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva número 07 en el estado de Veracruz, mediante el cual remitía el expediente JD/PE/PRI/CD07/VER/004/2012 instaurado con motivo de la queja presentada por Reyes López González, representante propietario del PRI ante dicho órgano electoral, quien hacía del conocimiento de la autoridad hechos presuntamente violatorios de la normatividad electoral, pues documentó con reseñas periodísticas, fotografías y audios la realización de la denominada “Jornadas Ciudadanas 2012”, organizada el 1 de marzo de ese año a las 10:00 horas en la ciudad de Martínez de la Torre, a la cual asistieron los delegados federales y las autoridades municipales, todos militantes del PAN, con la presumible intención de favorecer al candidato panista Olivares Ahumada.

Esta denuncia del representante del PRI originó que el Consejo General del IFE abriera el expediente número CG/PE/CD07/VER/216/PEF/293/2012. Pero para fortuna de Mayoral Larios, en sesión extraordinaria del 21 de noviembre de ese año, el Consejo General del IFE, en su Resolución número CG740/2012, declaró infundado el Procedimiento Especial Sancionador incoado con motivo de la denuncia interpuesta por el PRI en contra de Olivares Ahumada, de diversos funcionarios públicos y del Partido Acción Nacional, por hechos que presumiblemente se consideraban que constituían infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

La Resolución fue aprobada en lo general por votación unánime de los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez, Lorenzo Córdova Vianello –actual presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), que sustituyó al IFE–, María Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo Figueroa Fernández, Francisco Guerrero Aguirre, María Marván Laborde, Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente, Leonardo Valdés Zurita, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral Sergio García Ramírez. Sin embargo, se aprobó en lo particular el Punto Resolutivo Cuarto, por cuatro votos a favor de los Consejeros Electorales, Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova, María Marván y Benito Nacif, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales Alfredo Figueroa, Francisco Javier Guerrero y el Consejero Presidente, Leonardo Valdés, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales María Macarita Elizondo y Sergio García Ramírez.

La gran interrogante es si Mayoral seguirá corriendo con la misma suerte que le favoreció hasta el sexenio anterior gobernado por el PAN, pues ahora con el PRI en la Presidencia de la República y en pleno proceso electoral –en el que los del tricolor libran una feroz batalla mediática con los del blanquiazul acusándose mutuamente de corrupción– se ve difícil que los priistas pudieran sostener en el cargo a un funcionario bajo sospecha, acusado de corrupto por grupos que antaño le representaban al Revolucionario Institucional el venero del llamado “voto verde”, y no porque sufragaran por el PVEM, su aliado en esta elección federal, sino por su origen campesino.