Aunque hemos perdido la de oro ante Filipinas, ciertamente el segundo lugar mundial en impunidad constituye un logro histórico… y preocupante.

No es algo de lo que los mexicanos tengamos conciencia solo a partir de un ranking mundial, pero el Índice Global de Impunidad (IGI) , presentado ayer en el DF por Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas-Puebla, confirma la percepción que tenemos todos, sobre todo a raíz del fortalecimiento de las bandas criminales y su combate por parte del Estado mexicano.

Es un segundo lugar, digamos, ganado a pulso. El índice considera solo a 59 países que cuentan con información estadística suficiente y, entre ellos, los cinco países con los índices más altos de impunidad son, en ese orden, Filipinas, México, Turquía, Colombia y la Federación de Rusia.

De algo, sin embargo, nos sirve que México, junto con once países más (Austria, Barbados, Bulgaria, Chile, Finlandia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia) esté a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia. Al menos, para percatarnos de la grave realidad que presenta un sector que –junto con educación y salud– debiera ser fortalecido presupuestalmente, aunque también en materia de vigilancia para su operación conforme a derecho.

Fallan sistemas de seguridad y de justicia

Según el reporte presentado por el exsecretario de Economía y de Relaciones Exteriores durante el mandato del presidente Vicente Fox, México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad (habrá que recordar que solo 59 fueron incluidos en el IGI).

Y apunta: “México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.”

Sobre la primera, el IGI pone en evidencia la necesidad de optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. “En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones.”

Además, revela la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia, acción que impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar su cantidad se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles.

Para ponerlo en contexto, el IGI estima una proporción promedio de los países de 17 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que México cuenta con solo 4 jueces por cada 100 mil habitantes, cifra muy menor al promedio global. Croacia, país con el índice más bajo de impunidad, cuenta con 45 jueces por cada 100 mil habitantes.

Sobre la segunda dimensión, la funcionalidad de nuestro sistema de justicia, el IGI permitió evidenciar “su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.”

El estudio señala que el problema de la impunidad en México es funcional y estructural, y establece que no nació en esta administración pero se necesita tomar medidas urgentes “para reducir los altos niveles que observamos.”

El estudio internacional, en que participó el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (Cesij) de la Universidad de las Américas, es considerado el primer gran esfuerzo académico internacional para medir este fenómeno multidimensional que incluye seguridad, justicia y derechos humanos.

El documento presentado por la UDLAP señala que está comprobado estadísticamente que la impunidad está íntimamente relacionada con fenómenos humanos que preocupan al mundo y que están en el corazón de los mexicanos, como desarrollo humano, desigualdad y corrupción.

Al referirse a los resultados del país, el estudio señala que estos niveles de impunidad han arreciado en la última década, por hechos como la lucha contra el crimen organizado —que ha operado sin rendir cuenta de sus acciones—, los niveles altos de corrupción al interior de los poderes políticos, las desapariciones forzadas y un número sobresaliente de delitos no investigados ni castigados.

“Estos han generado en la esfera de la opinión pública nacional e internacional una percepción de ingobernabilidad y una auténtica preocupación ciudadana que ha desembocado en la exigencia hacia el Estado de respuestas y soluciones.”

Señala que la última Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2014 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que los mexicanos perciben a la impunidad como uno de los diez problemas más importantes que aquejan a la entidad en la que viven.

Una paupérrima jornada electoral

La jornada electoral en Veracruz está dejando mucho que desear. Los candidatos y partidos políticos oscilan entre el ditirambo y el espectáculo insubstancial, entre la visita populista a mercados y los ridículos videos en que muestran su fracasada faceta de bailadores, entre reuniones pegajosas donde se codean con debilitados líderes sociales y las visitas domiciliarias donde tratan de vender su imagen.

La desgracia es que ni los candidatos saben qué pueden ofrecer dada la especialidad de su ansiada chamba de tres años, ni los ciudadanos conocen bien a bien de qué les pueden servir quienes aspiran a llegar a la Cámara de Diputados y, una vez ahí, ni se vuelven a parar en sus distritos.

Los primeros parece que hicieran una investigación sobre la realidad que viven sus hipotéticos electores y hasta se alarman por las condiciones económicas y sociales que viven sus desconocidos paisanos.

Tal es el caso del candidato plurinominal del Partido Verde-PRI, Javier Herrera Borunda, el desalmado hijo de Fidel Herrera Beltrán, quien en un spot habla de la larga espera de una mujer para recibir atención médica en una clínica pueblerina, cuando todos sabemos los millonarios desvíos hechos por su padre de los recursos federales que le fueron confiados para el sector Salud. Para colmo, hay quienes le inflan el ego con el sambenito de que puede ser candidato a gobernador en 2016.

También está el caso del desangelado candidato a la diputación por Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdalá, extesorero de Sefiplan, señalado de servirse a manos llenas del erario, quien no tiene mejor oferta que su desafortunado video en que se promueve con una versión abominable de la canción ‘Happy’, de Farrell William que, por otra parte, le ha hecho famoso en el país, aunque no de manera positiva.

Los electores, por su parte, se desgranan con peticiones que los ayudantes de los pretendidos padres conscriptos anotan en libretas que pronto dejarán en una olvidada gaveta, cuando muchas de ellas solo puede resolverlas su alcalde. No digo que su gobernador, porque el de Veracruz no resuelve nada.

Como para preocuparse de la nula presencia de la mayoría de los partidos políticos, las únicas polémicas y las únicas grandes batallas mediáticas las protagonizan el PRI y el PAN, con el agregado del PVEM, mientras que los siete restantes se mantienen como observadores.

El PRI hace tiempo que divulga versiones para pitorrearse o para desacreditar a sus oponentes panistas, mientras que los del PAN han sacado de la chistera temas que ya estaban en la palestra pública, como la inutilidad del actual gobierno estatal priista para generar progreso y desarrollo, y la participación del gobierno anterior y el presente en una orgía de corrupción que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) solo es capaz de divulgar, sin tomar medidas drásticas como meter al bote a los ladrones.

El PRD se ha quedado pasmado y acribillado por dos fuegos: el de la entrega de sus ideales a cambio de voluminosas sumas de dinero entregadas por el gobierno estatal, y el del temor de que Morena le quite la primacía como el más votado entre los partidos de la izquierda. Morena, por su parte, sigue el esquema centralista impuesto por Andrés Manuel López Obrador, quien quiere controlar absolutamente todo movimiento que realicen sus candidatos, dejándoles la carga de conseguir recursos para sus campañas.

El Partido del Trabajo (PT) cada vez naufraga más en la soledad de su intrincado ideario político que, por una parte, busca adherirse a Morena (aunque estos le reclamen sus intentos porque López Obrador les reconozca paternidad aunque sea como hijos putativos) y sus alianzas con el PRD, lo que está a punto de llevarle a la pérdida de su registro como partido político nacional. Y lo mismo ocurre con Movimiento Ciudadano, el partido de Dante Delgado. Con el registro de Morena, tanto el PT como el MC se convirtieron en los hijos bastardos de López Obrador, quien se aprovechó de ellos y ahora los desprecia.

Ante todo ese escenario, donde dos nuevos partidos (Humanista y Encuentro Social) tendrán debut y despedida, las cosas para ciudadanos que en su mayoría desconfían del proceso político se ponen peligrosas, porque a quien más le conviene que este coctel aleje a los votantes de las urnas es al PRI, prácticamente el único que cuenta con el denominado voto duro, ese numeroso sector social que ha nacido y vivido votando por él, casi sin pensarlo.

Para buenas noticias, si es que la tendencia se mantiene, diré que según la primera encuesta de Consulta Mitofsky, cuatro partidos dejarían de cobrar las jugosas prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de no alcanzar el 3 por ciento establecido por la ley.

Movimiento Ciudadano tendría que fortalecer su marcha porque si hoy fueran los comicios solo obtendría el 2.5 por ciento de la preferencia efectiva. Los que muy difícilmente lo lograrán, aunque le metan todos los kilos, son el PT (1.8%), Encuentro Social (1.2%) y Humanista (0.5%).

Así las cosas, la lucha por la supremacía en la elección del próximo 6 de junio se está dando entre el PRI y el PAN. Y ya sabemos que en San Lázaro son hermanitos y compinches.

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