Ha estallado en Jalisco un escándalo mediático electoral mucho más grave aún para el PRI que el que detonó en abril de 2013, en la víspera de la elección local de Veracruz, el exsecretario de Finanzas y Planeación y actual delegado estatal de Banobras, Salvador Manzur Díaz, ya que en este caso ha sido implicado directamente el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Leonel Sandoval, quien según las grabaciones difundidas ha colocado bajo sospecha no sólo a su hijo, el gobernador jalisciense Aristóteles Sandoval, sino que también ha puesto en duda la imparcialidad y legalidad de los tribunales e institutos electorales locales y federales que habrán de organizar y calificar los comicios municipales y las elecciones de diputados al Congreso de la Unión de junio próximo en esa entidad federativa.

Ante la virulenta reacción de la oposición, cuyos representantes demandaron de inmediato la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales así como del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Jalisco para que se le investigue, se le someta a juicio político y se le sancione, inclusive, penalmente, el CEN del PRI y el gobierno de su hijo se han tenido que deslindar de lo dicho presuntamente por el magistrado Sandoval en una reunión con operadores priistas, desconociendo la “gestión oficiosa” del padre del gobernador tapatío y exigiéndole que asuma su responsabilidad en caso de que “cometiera” las “irregularidades” que se le imputan.

Pero, en realidad, la dirigencia nacional del PRI no debió sorprenderse con este supuesto exabrupto del progenitor del mandatario de Jalisco, pues desde hace más de seis meses tenían un diagnóstico muy claro del protagonismo del jefe del clan Sandoval, quien acaricia el sueño de que su vástago sea nominado por el partido tricolor dentro de tres años para suceder al presidente Enrique Peña Nieto.

Y es que desde septiembre del año pasado, por ejemplo, del CEN priista fue filtrado a la prensa el supuesto “Informe Prospectivo 2014-2015”, en el cual la dirigencia del Revolucionario Institucional alertaba con seria preocupación acerca del rol protagónico que en Jalisco y en Nuevo León venían desempeñando los padres de los gobernadores Aristóteles Sandoval y Rodrigo Medina de la Cruz, quien este año será relevado en la gubernatura.

En Jalisco consideraban como foco rojo para el PRI el desmedido activismo de don Leonel Sandoval, uno de los 34 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien financia y controla una estructura alterna al partido tricolor llamada “Movimiento Aristóteles Sandoval (MAS)”, con la cual pretende formar una Agrupación Política Nacional con reconocimiento del Instituto Nacional Electoral (INE) con el claro propósito de impulsar a su hijo para la sucesión presidencial de 2018.

En Nuevo León la cúpula priista también observó con preocupación la influencia “en forma importante y poco sana en las decisiones de gobierno y de política” que venía ejerciendo el señor Humberto Medina Ainslie, por lo que se recomendaba incluso “poner atención a la actividad política del padre del gobernador”, pues se consignaba que desde el inicio de la administración de Medina de la Cruz, en 2009, en círculos políticos se ha señalado la injerencia paterna en las decisiones del PRI en la entidad y en el ámbito gubernamental.

Los señalamientos iban desde influir en nombramientos y selección de candidatos, delegados federales y del titular del Poder Judicial, hasta estar ligado a funcionarios del gobierno estatal. También se consignó que se le vinculaba con la constructora Coss Bu, beneficiada por Fomerrey con la entrega de reservas territoriales para urbanizar. Y que al finalizar la administración del ex gobernador Natividad González Parás, Medina Ainslie fue beneficiado con una Notaría Pública que luego le fue revocada en tribunales, pero la cual logró restituir en la presente gestión con un fallo a su favor.

La preocupación de la dirigencia nacional del PRI se debía precisamente a que en este año, a la par del proceso electoral federal, se elegirá también en Nuevo León al titular del Poder Ejecutivo del estado.

Precisamente hace tres días, durante una gira del candidato del PAN a la gubernatura, Felipe de Jesús Cantú, habitantes del Ejido Mina denunciaron ante el abanderado blanquiazul una presunta compra ilegal de terrenos agrarios a favor de Humberto Medina Ainslie y Alejandro Medina de la Cruz, padre y hermano del gobernador de Nuevo León.

María de Jesús Padilla, una de las ejidatarias afectadas por la venta, acusó que fueron engañados para vender sus terrenos a bajo costo, y que además no les han pagado lo acordado. La operación, según expuso ante el candidato del PAN, se realizó a través de Héctor Martínez, quien compró en 40 millones de pesos los predios para los familiares del mandatario estatal, quienes ahora buscan adquirir otro terreno en los límites con Escobedo.

Por eso, minutos antes, al llegar al lugar del evento, el candidato de Acción Nacional preguntó a los asistentes si la última vez que el gobernador priista visitó el municipio fue para comprar terrenos. “¿O fue su papá?”, agregó irónicamente.

Ya se verá en las votaciones del 7 de junio si en el pecado el PRI llevará su penitencia.