Por Rafael Arias Hernández

Nada nuevo en el lenguaje oficial y en el comportamiento de la mayoría de políticos, gobernantes y funcionarios.

Desigualdad económica y social en aumento. Demasiado pospuesto, para otro tiempo y espacio. Mañana, algún día o en otro momento; la tierra prometida, en otra parte o en algún lugar ideal.

Eterno viaje del decir al no hacer. Promesas repetidas y no cumplidas; esperanzas fomentadas y renovadas. Al final, prometer si empobrece a los pueblos. No cumplir empobrece más.

Pronto, en el país del cuerno de la abundancia, y en la alegre aldea de la prosperidad, del arriba y adelante, pasamos abajo y atras. De pobres a miserables; muchos ya, hambrientos y sedientos.

En el océano de fe y sueños, la embarcación naufraga en inseguridad e injusticia que se repiten en todas partes.

Amenazas y riesgos que gracias a ineficiencia y delincuencia gubernamental, crecen y crecen. Responsables y culpables, beneficiados y privilegiados, que complicidad e impunidad reciclan y fortalecen

Decepciones y excepciones

Increíble, actitud y desempeño decepcionantes de buena parte de la política mexicana y sus representantes; incluyendo, desde luego, gobernantes, funcionarios y servidores públicos.

Pocas son las excepciones que la generalización hace evidentes.

Más allá de errores, pérdidas y retrocesos. De incontables afectaciones sociales, quebrantos institucionales y saqueos de recursos públicos desviados o mal utilizados.

Situación y comportamiento de demasiados servidores públicos, de todos los ámbitos de gobierno, han llegado en temas prioritarios a límites verdaderamente preocupantes y hasta alarmantes, la percepción generalizada es que, ni atienden ni entienden la magnitud, urgencia y trascendencia, de las múltiples y variadas necesidades, problemas y conflictos que es su obligación atender, enfrentar y resolver bien y en el menor tiempo.

Algunos incluso, accidental o intencionalmente, confunden urgente con importante, autopromoción personal con consolidación institucional, tamaño con daño, principio con comienzo, solución con involución, solidez financiera con deuda pública, y rollo con desarrollo.

Mucho menos advierten las consecuencias de la desigualdad creciente y del debilitamiento institucional presente.

El colmo, dizque en su afán de promoción económica, suman y contabilizan declaraciones y las confunden con inversiones, reales o verdaderas. En economía, la diferencia entre decir y hacer puede ser determinante.

Más de lo mismo…y peor.

Excepciones aparte, pocas pero las hay, el problema de la adversidad a la que hay que hacer frente, de muchas formas, es que también buena parte de las políticas y programas públicos, se mantienen en el ámbito de la obsoleta e inaceptable cultura y práctica política de más de lo mismo.

Y ahí vamos, bajo el conocido y repetido discurso oficial del “no pasa nada…y todo va bien”. Apuntalado por la prolífica y creativa programación del circo de tres pistas de simulación, entretenimiento y distracción.

Circo y discurso, política y actitud, acciones y promociones de buena parte de la actividad gubernamental que, como es natural, terminan casi siempre, por seguir obteniendo lo mismo y peor para la atribulada y abnegada población.

Pero también es justo reconocerlo y decirlo. Las voces de alerta y los señalamientos, inconformidades y protestas vienen de todas partes. Demandas y reclamos no son nuevos, inocultable y fervorosamente se reproducen en todas partes, generación tras generación. Abarcan diversos temas, todos ellos conectados con la prioridad de prioridades: la vida humana y sus condiciones.

Como se sabe y se ha dicho de muchas formas. Siempre es oportuno repetir que dichas aspiraciones o pretensiones son vitales y por eso han sido convertidas, en buena medida, en derechos humanos y sociales, por los cuales se esfuerza toda sociedad democrática y por los que luchan y reclaman los que resultan afectados, limitados o excluidos.

Dichos derechos están vinculados, básicamente, con aire, agua, alimentación, salud, vivienda, seguridad, justicia, educación, empleo con salarios dignos y prestaciones mínimas.

En una sociedad desigual y polarizada entre los muchos que no tienen, y los pocos que tienen demasiado. Lo menos que se espera, es comprensión hacia quienes padecen limitaciones y sacrificios; y, desde luego, oportuna y eficiente atención, por parte de aquellos servidores públicos que están obligados a hacerlo.

Lamentablemente, lo que se repite y sucede, es la conocida y repetida historia de siempre.

Pobreza, miseria y hambre, así como inseguridad y violencia convertidas en forzadas alternativas de subsistencia para las mayorías. ¿Hasta cuándo?

Pobreza de la justicia

Oportuno tener presente, al menos, dos de las claves para enfrentar y resolver problemas presentes y futuros: por un lado, el permanente y constante fortalecimiento del Estado de Derecho, tanto de instituciones como leyes; y por el otro, la creciente, activa y responsable participación ciudadana y social que legitima y supervisa toda actividad gubernamental.

Está probado que, muchos de los problemas dependen de la capacidad de respuesta, de evaluación, corrección y previsión. Capacidades y habilidades que no se dan tan fácilmente, porque enfrentan intereses y actitudes opuestas al cambio civilizado, al interés social y al patrimonio público.

En fin, de estos interesantes y determinantes aspectos. Llama la atención e invita a la reflexión, la relación entre igualdad ante la ley y desigualdad económica. Entre complicidad e impunidad, ineficiencia y corrupción gubernamentales.

“Mientras las normas y el sistema de justicia favorezcan a unos cuantos, la brecha entre opulencia y la miseria seguirá ahí. Es un circulo vicioso: sin dinero, los pobres no pueden aspirar a una buena defensa”

Pedro Gerson, en “La Brecha De La Desigualdad” sostiene que: “Si la legitimidad del Estado depende en gran medida de la igualdad en la impartición de justicia, como sostuvo el filósofo John Rawls, nosotros tenemos un Estado ilegítimo. O, por lo menos, así lo cree la mayoría de los mexicanos; las encuestas de percepción del INEGI están ahí para constatarlo. Una de las raíces de la desconfianza en el sistema jurídico es que la ley no cae con el mismo peso sobre todos. La desigualdad en la impartición de la justicia no es solo un tema legal: lleva también a una problemática social que corroe la fe en las instituciones y, por ende, impide la maduración de nuestra democracia” (EstePaís.010315).

*Academico.IIESES-UV@RafaelAriasH Facebook:VeracruzHoydeRafaelArias