De hecho, desde que inició su administración, el gobernador Javier Duarte de Ochoa ha tenido que ir realizando ajustes presupuestarios. El primer tijeretazo le tocó ejecutarlo a Tomás Ruiz González, quien ahora despacha como secretario de Infraestructura y Obras Públicas. El cerrojazo final correrá a cargo del sexto titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrín, quien el martes pasado sustituyó a Mauricio Audirac en la Sefiplan.

Precisamente, al tomar protesta a Gómez Pelegrín, Duarte de Ochoa presentó su enésimo Plan de Ajuste al gasto público para hacer frente al escenario adverso por la caída de los precios internacionales del petróleo, el incremento de las tasas de interés de Estados Unidos y la desaceleración de la economía en el mundo. Curiosamente no mencionó la mega deuda que heredó de la administración del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Al día siguiente, el propio secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, confirmó este trágico escenario para la economía nacional y mundial, el cual podría prolongarse hasta el final del presente sexenio estatal o inclusive más allá. “Esta no es una caída transitoria en el precio del petróleo. Nuestra opinión es que es de baja probabilidad que veamos una pronta recuperación del precio de petróleo de exportación en las próximas semanas, o incluso en los próximos años”, pronosticó Videgaray.

“El reto más importante de la caída del precio del petróleo no es 2015, sino qué ocurre después. Por eso el presidente de la República convocó a los gobernadores de los 31 estados y (al) Jefe de Gobierno (del Distrito Federal) a que empiecen ahora a hacer lo propio: planear para un 2016 donde es altamente probable que tengan menores ingresos al igual que los tendrá el gobierno de la República”, dijo el titular de Hacienda durante su participación en la décima Cumbre Financiera Mexicana organizada por Latin Finance.

Por ello, Videgaray recomendó a las administraciones de los estados ajustar sus presupuestos para 2016 y los años siguientes.

En Veracruz, el gobernador Javier Duarte se anticipó a hacer lo propio, pues el pasado martes por la tarde instruyó a su nuevo secretario de Finanzas a implementar de inmediato un Plan de Ajuste que contempla 10 medidas y acciones para realizar una profunda reingeniería en la gestión pública estatal, a fin de fortalecer los ingresos propios y reducir el gasto, para lo cual se transformará el carácter de algunos organismos públicos descentralizados a desconcentrados a fin de reducir sus estructuras, sus costos y mejorar los ingresos.

Duarte detalló que se revisará el funcionamiento de las estructuras administrativas actuales para evitar duplicidades y eficientar su operación, y que además se realizará un control estricto de la dispersión de la nómina en todo el gobierno, para tener certeza y control en el pago de los servidores públicos de acuerdo con los tabuladores acordados. Anunció, también, que a partir de ese instante se reduciría el número de asesores y el personal de apoyo adscrito a mandos medios y superiores. Igualmente dio a conocer que sólo se permitiría la contratación de asesoría y estudios plenamente justificados, que se reduciría al mínimo los apoyos otorgados mediante subsidios, y que para garantizar el pago oportuno a los pensionados se promovería la celebración de convenios especiales de cooperación para que se depositen en tiempo y forma las cuotas y aportaciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Además informó que se creaba una Comisión de Gasto Financiamiento para evaluar y dar seguimiento a este Plan de Ajuste, la cual será coordinada por la Sefiplan y la Contraloría General del Estado (CGE).

Los gobiernos estatales y el del Distrito Federal han sido obligados a apretarse el cinturón, pero llama la atención que algunas dependencias federales están aumentando en vez de comprimir su burocracia.

Y es que coincidentemente, mientras el gobernador Duarte anunció otro emergente ajuste presupuestal, al otro día en Palacio de Gobierno fueron formalmente presentados Mónica Mendoza Madrigal como delegada de Prensa de la Coordinación General de Comunicación Social de la Presidencia de la República en el estado, y Alfonso Neri Ávila como nuevo delegado de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, ya que el anterior representante estatal, Alberto Amador Leal, asumió la súper delegación regional de la SEGOB que abarca siete estados del sureste mexicano.

¿Qué tan indispensable será la función de este trío de funcionarios federales en las actuales condiciones de restricción y ajuste presupuestal?