Es famosa la frase que acusa a cualquiera que detenta un poco de poder de marearse no bien se sube sobre un ladrillo. Y es que el poder es un mal consejero, nos vuelve infranqueables, incombustibles, insoportables y aparentemente insustituibles. Lo grave es que el poder se acaba y, entonces, la vuelta a la realidad es verdaderamente tortuosa y dolorosa.
Abundan los funcionarios que sienten que sus puestos son vitalicios y creen que nunca llegará el momento en que su aparente poder desaparezca y deba enfrentarse a aquellos a quienes pisoteó, invalidó, ofendió o ignoró, a veces con ignominiosos desplantes de soberbia o de inexplicable violencia.
Hoy en México abundan los ‘mirreyes’, los ‘gentlemen’ y las ‘ladies’, mostrando el mal gusto de sus comportamientos discriminatorios; también, por desgracia, aquellos que sienten que ganar una elección, con apenas una cuarta parte de los votantes registrados del padrón electoral (cuando bien les va), les da derecho a considerar como suyo el territorio que administrativamente gobiernan, incluyendo a la población. Alcaldes y gobernadores que se sienten incluso con el derecho a disponer de los cuerpos policiacos municipales como si fueran los integrantes de sus bandas de sicarios.
Pero, ¿por qué tan larga perorata? Porque debemos estar atentos para denunciar, repudiar y exigir castigo contra quienes, desde su investidura (alta o bajita), aprovechan su puesto para tomar venganzas personales al amparo de su supuesta inmunidad.
Y viene al caso por la ya denominada ‘Lady Síndica’, Karla Estrada Gómez, síndica del ayuntamiento de Martínez de la Torre quien, convertida en un verdadero e irreconocible energúmeno, acudió a las instalaciones de la policía municipal a vengar con palabras soeces y asestando fuertes puñetazos, no respondidos por su carácter de mujer y el puesto que detenta, que causaron hematomas en dos elementos policiacos, lo que debería ser constitutivo del delito de lesiones, punible según el Código Penal.
El argumento esgrimido por la funcionaria martinense, quien ha tenido un largo historial de fracasos electorales y frustradas aspiraciones políticas, ha sido que su hijo habría sido golpeado por uno de los elementos policiacos quienes, por otra parte, señalan que no golpearon y solo forcejearon con el menor de edad cuando este les quiso impedir la detención de otros jóvenes que generaban disturbios en el parque central el domingo pasado, en ocasión de la elección de los reyes del Carnaval.
Como ella misma confiesa en un texto publicado en redes sociales, actuó como un ciudadano afectado por una acción de gobierno y no como síndica. En esta última posición, Karla Estrada Gómez debía recordar que el puesto de elección popular que detenta es el del encargado de vigilar y defender los intereses municipales y representar jurídicamente al ayuntamiento, por lo que ocasionalmente realiza funciones de auxiliar del Ministerio Público; por tanto, su función tiene que ver con la defensa de los intereses municipales y la procuración de la justicia y la legalidad.
Su comportamiento, sin embargo, rompió con todo protocolo. Podría decirse, tras escuchar la grabación que circula profusamente en medios y redes sociales, que incluso se distanció del decoro y de la legalidad, al vituperar y usar palabras de una vulgaridad extraordinaria, además de golpear a dos personas aprovechando su pequeño poder.
Justo cuando el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, ha emprendido juicios de procedencia para cancelar el fuero constitucional a dos alcaldes veracruzanos (uno de ellos por presuntamente mandar a asesinar a un periodista y el otro, por golpear a su amante), ¿no debería emprender una acción similar contra esta funcionaria que atrabiliariamente ofendió y golpeó a dos servidores públicos de menor jerarquía?
No es que ella debió mantenerse indiferente a lo que le ocurriera a su hijo en la calle y que no hiciera nada contra la presunta arbitrariedad de los elementos policiacos. Para nada. El problema es que no se puede prestar servicios en una institución reconocida jurídicamente, como lo es el ayuntamiento, y al mismo tiempo tomar justicia por propia mano.
Es verdaderamente vergonzoso que ocurra esto en nuestros municipios. Ojalá ello sirva de ejemplo para impedir que ello suceda, de otra manera, todos los ciudadanos estaremos autorizados para ir a cachetear a cualquier funcionario público, sea policía o secretario de despacho, solo porque actuó en contra de nosotros o de nuestros familiares.
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