Como en la política normalmente prevalecen más los intereses que la amistad, en el caso del gobernador Javier Duarte de Ochoa a veces se han malentendido algunas decisiones que el mandatario veracruzano ha debido tomar aún por encima de las conveniencias personales o de grupo de algunos aspirantes priistas a sucederlo en el 2016.

El distanciamiento más evidente es el que desde diciembre pasado mantiene el senador Pepe Yunes Zorrilla con Duarte a partir de que el jefe del Ejecutivo del estado envió al Congreso local una iniciativa de reforma política-electoral para elegir el año entrante, por única ocasión, a un gobernador para un mandato bianual con el propósito de homologar la siguiente sucesión estatal con la elección de Presidente de la República en 2018.

Quienes conocen la magnitud del afecto y aprecio que Duarte le guarda a Yunes Zorrilla desde que ambos se conocieron en la campaña electoral del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán en 2004, deben saber también el efecto que en el ánimo del gobernante debió provocar el domingo pasado el desplante del senador nativo de Perote, quien discretamente abandonó el Teatro del Estado justo cuando el primer priista de Veracruz iniciaba su discurso para clausurar la sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal del PRI.

Versiones van y versiones vienen acerca de esta diferencia política, que no personal, entre Pepe Yunes y Duarte. Una de las más insistentes es que aparte de la decisión aparentemente ilógica y absurda de elegir a un gobernador para un mandato de sólo dos años, cuando bien pudo ser por un régimen de cinco si la elección local se homologaba con la federal de 2021, es que el mandatario lo habría hecho “con dedicatoria” para un aspirante de su gabinete o del grupo que desde hace 11 años tomó el poder en Veracruz con Herrera Beltrán.

Sin embargo, lo que pocos saben –y seguramente el senador Yunes Zorrilla podría entenderlo mejor tal como su homólogo y también aspirante a la gubernatura, Héctor Yunes Landa, lo habría asimilado luego de una conversación privada con Duarte en la Casa Veracruz a principios de febrero– es que la reforma constitucional promovida por el jefe del Ejecutivo del estado sí tendría mucha lógica política y ninguna “dedicatoria” especial. Su único y verdadero trasfondo es de asegurarle al priismo su sobrevivencia en el poder.

Y es que Duarte es quizá el único gobernador priista del país que con mucha antelación ha venido preparando meticulosamente su propia sucesión. Si se mira hacia atrás, se caerá en cuenta que la primera decisión estratégica del mandatario veracruzano fue promover una reforma constitucional para separar el proceso electoral municipal de la elección de gobernador en 2016, al ampliar de tres a cuatro años el periodo de los ayuntamientos actualmente en funciones. De igual manera maniobró para tener en el Congreso del estado una sobrerrepresentación del 16 por ciento, la cual acaba de reducirse a la mitad con la última reforma electoral federal. Pero ello todavía le permitió en la elección de 2013 asegurar la mayoría calificada en la LXIII Legislatura local para que le fuese aprobada la reciente iniciativa para homologar en 2018 los comicios locales con los federales.

¿Por qué elegir en 2016 a un gobernador de dos y no de cinco años como proponían ambos senadores priistas y el aspirante del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares? La respuesta es bastante lógica: así como se decidió separar el proceso electoral municipal por el alto costo político que le representaba al candidato del PRI a la gubernatura debido al chantaje y la presión que ejercían en su contra los propios grupos priistas –situación que en 2004 y 2010 le complicó sus elecciones a Herrera Beltrán y a Duarte de Ochoa–, así, también, ahora se estaría blindando al próximo candidato tricolor para asegurar su triunfo en 2016 y en 2018.

Y es que al homologar la elección local con la federal dentro de tres años estaría evitándose de facto que la oposición pudiera aliarse en un solo bloque contra el PRI en Veracruz, que es, aparte del Estado de México, la entidad federativa más deseada por los adversarios del tricolor donde aún no se da la alternancia en la gubernatura. La ecuación política es muy simple: en 2018 los partidos de derecha y de la izquierda difícilmente podrán ir aliados en las elecciones locales porque en el nivel nacional cada quien postulará a su propio candidato presidencial, lo que obviamente les complicará las alianzas estatales.

Por eso, en corto, Javier Duarte suele expresar que él “es un demócrata, cree en la alternancia… ¡pero que le pase a otro pendejo!”, pues evidentemente, tal como lo hacen también los demás gobernantes de otros partidos, él está dispuesto a hacer todo lo que legalmente se le puede permitir como ciudadano en pleno goce de sus derechos políticos, para entregarle el poder a un correligionario, llámese como se llame.

Y es que su argumento para justificar su reforma constitucional es entendible: de qué sirve que el PRI postule a su mejor candidato si va a contender en un piso electoralmente disparejo, en condiciones adversas de alto riesgo.

Por ello, en su lógica política, era indispensable elegir primero, por única ocasión, un gobernador de dos años en 2016, pues ello les facilitaría aparentemente también conservar el poder en el 2018.

Por lo mientras, como jefe político, Duarte sigue abonando por la unidad al interior del PRI. Ya inició acercamientos con el senador Yunes Landa y está en la mejor disposición de aclarar malentendidos con Pepe Yunes, a quien quiere y aprecia a pesar de sus diferencias.

Hasta ahora ha logrado que ningún frustrado aspirante a la diputación federal deserte de las filas priistas; la misma tolerancia y poder de persuasión seguirá poniendo en práctica con los suspirantes por la gubernatura, ya que uno solo, el mejor posicionado en las preferencias electorales, tendrá que ser el elegido. Y si el favorecido resulta ser su amigo, mejor.