De repente, el presidente Enrique Peña Nieto se acordó que la Secretaría de la Función Pública estaba acéfala ¡desde hace más de dos años!, y este martes 3 decidió nombrar como titular a Virgilio Andrade Martínez, un abogado de 47 años de edad egresado del ITAM, el Alma Mater de los senadores Ernesto Cordero, del PAN, y Pepe Yunes Zorrilla, del PRI, así como de algunos miembros del gabinete presidencial, entre ellos el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien el nuevo encargado de la SFP, por instrucciones del propio jefe del Ejecutivo federal, habrá de investigarlo junto con el mandatario y su esposa Angélica Rivera, para determinar si hubo o no conflictos de interés en la adquisición de casas de la firma Constructora Higa, propiedad del contratista Juan Armando Hinojosa.

Lo más sensato sería esperar a conocer el dictamen final de la investigación que le ha encomendado su jefe Peña; sin embargo, muy aparte de la duda natural que genera el hecho de que realmente vaya a “investigar” a fondo a la cónyuge y al colaborador más influyente y cercano de quien le ha dado ya dos nombramientos en su administración –primero como titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), órgano administrativo desconcentrado sectorizado a la Secretaría de Economía, y ahora a cargo de la SFP–, también han despertado sospechas los orígenes, la trayectoria profesional y hasta los vínculos familiares de Andrade Martínez, pues resultó ser hijo de Virgilio Andrade Palacios, abogado defensor del líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps en el lío del “Pemex-gate”, y asesor de Ana Paula Gérard, esposa del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, cuyo hermano Hipólito Gerard es dueño de la Constructora y Edificadora GIA, una de las subsidiarias del consorcio chino-mexicano que se perfilaba para construir el tren de alta velocidad México-Querétaro con un costo de 50 mil 820 millones de pesos, proyecto que acaba de ser suspendido por el recorte presupuestal anunciado por Videgaray debido a la caída del precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo.

De 2003 a 2010, el nuevo secretario de la Función Pública fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral (IFE, ahora Instituto Nacional Electoral, INE). A él le tocó avalar la cerradísima y polémica elección presidencial de 2006, cuyo triunfo –pese a la descarada e ilegal intromisión del presidente Vicente Fox Quesada– le fue adjudicado por el órgano electoral al panista Felipe Calderón Hinojosa, quien cínicamente reconoció que había ganado “haiga sido, como haiga sido”.

Ahora Andrade Martínez ha recibido la encomienda del presidente Peña Nieto para realizar una investigación cuyo aparente propósito sería el de lavarle la cara ante la opinión pública a la desacreditada administración del priista mexiquense, la cual ha sido severamente cuestionada por los medios de comunicación más influyentes en los principales círculos financieros y políticos de Estados Unidos y Europa por las presumibles prácticas corruptas y los presuntos conflictos de interés en los que han sido implicados contratistas, funcionarios y familiares muy cercanos al mandatario mexicano.

Si la tarea que le ha sido delegada al flamante titular de la SFP tuviera también algún trasfondo electoral para intentar levantar la decaída imagen del Presidente y subir los bonos de los candidatos de su partido, el PRI –tanto de los aspirantes a diputados al Congreso de la Unión como de los que serán postulados este año a las gubernaturas de nueve entidades federativas–, habrá que ver si la “investigación” de Virgilio Andrade Jr. concluye antes de los comicios federales y locales del 7 de junio próximo, y si sus conclusiones deveras resultan ser exhaustivas e imparciales, y, por ende, convincentes.

De lo contrario, el descrédito del presidente Peña y de sus colaboradores seguirá en aumento, lo que podría afectar hasta a los abanderados priistas mejor posicionados en las preferencias electorales.

Y de ello debe estar muy consciente también el camaleónico secretario de la Función Pública, quien de 2003 a 2010 formó parte del Instituto Federal Electoral en calidad de “consejero ciudadano”, aunque por sus venas siempre ha corrido sangre tricolor. ¿O acaso no fue representante suplente del PRI ante el Consejo General del IFE, tal como lo registra su currículo oficial, en el que, por cierto, figura también como asesor en 1989 de Augusto Ponce Coronado en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, cuando el titular de la SEGOB al inicio del sexenio salinista era don Fernando Gutiérrez Barrios, en cuya administración como gobernador de Veracruz (1986-1988) el priista y karateca hidalguense se desempeñó como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional en la entidad?