Este domingo, el procurador Luis Ángel Bravo Contreras anunció que el caso del periodista Moisés Sánchez Cerezo, “levantado” desde hace más de tres semanas, ya estaba resuelto tras el hallazgo y la identificación de su presunto cadáver así como por las declaraciones ministeriales del supuesto autor material del homicidio, Clemente Noé Rodríguez Martínez, un ex jefe policiaco que implicó directamente como autor intelectual de la desaparición y muerte del editor de “La Unión” a Martín López Meneses, subdirector de la Policía Municipal de Medellín, chofer y escolta personal del alcalde Omar Cruz Reyes.

Aunque se abstuvo de dar detalles del estado en que fue encontrado el supuesto cuerpo de Sánchez Cerezo, el procurador dijo que sólo pudieron reconocerlo por una huella digital hallada entre sus restos, la cual fue contrastada con una copia dactilar plasmada en su acta matrimonial, detectando 35 coincidencias cuando el mínimo factible es de 16. Sin embargo, ni Jorge Sánchez, hijo de Moisés, ni la asociación internacional Artículo 19 aceptaron la versión de Bravo Contreras, al considerar que las pruebas presentadas por el Fiscal carecen de contundencia para acreditar que el cuerpo hallado sea el del periodista.

Sin embargo, este martes 27, el abogado cordobés volvió a sostener su dicho en otra conferencia de prensa, al parecer en respuesta al comunicado difundido este lunes por Artículo 19, cuyos directivos consideran que deben atenderse algunos elementos esenciales que siguen generando incertidumbre a la familia, sus abogados y voces en la sociedad civil. “En primer lugar –exponen–, es importante destacar que tal como lo ha dicho públicamente Jorge Sánchez, hijo de Moisés, no está en aptitud de reconocer el cuerpo que se le mostró en el SEMEFO de Xalapa. En este sentido, se pretende sostener la identidad del cuerpo mediante la confronta de huellas dactilares del cadáver con el acta de matrimonio de Moisés Sánchez, situación que genera dudas ante la antigüedad y la poca legibilidad de la propia acta que obra en la averiguación.”

Y recomiendan que para confirmar la identidad del cuerpo, “resulta urgente que la procuraduría veracruzana y la Procuraduría General de la República (PGR) realicen la confronta de ADN y emitan sus resultados de manera inmediata. Además, atendiendo a la exigencia de la familia de Moisés Sánchez, es fundamental la intervención de peritos independientes a los cuales el procurador de Veracruz, Luis Ángel Bravo, ha accedido a que se realicen estos terceros exámenes. Solo así se podrá tener la certidumbre de que el cuerpo encontrado es el del periodista. A pesar que la Procuraduría estatal afirma que es suficiente la prueba dactilar, para la familia Sánchez la prueba ADN será la prueba que brinde certeza.”

Nadie se explica, pues, por qué la premura de Bravo Contreras de pretender cerrar este caso apoyado en pruebas periciales tan endebles y polémicas. ¿Y si la prueba de ADN demuestra que el cadáver hallado no es el del periodista desaparecido? ¿Quedará sin sustento la declaración autoinculpatoria del supuesto autor material del homicidio exhibido en un video que aparentemente fue editado, y cuya confesión aislada, además, no constituye prueba plena?

Lo cierto es que mientras no aparezca el cadáver del comunicador o se confirme plenamente su identidad, no habrá homicidio qué castigar. Sánchez Cerezo seguiría legalmente sólo en calidad de “desaparecido”, igual que como ocurrió con el administrador de la Aduana Marítima del puerto de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, “levantado” en junio de 2009 pero cuyo cuerpo sigue hasta la fecha sin aparecer, razón por la que oficialmente no se le ha dado por muerto todavía, aunque desde hace más de cinco años todo mundo presume que habría sido ejecutado por sicarios de un grupo criminal.

Ahora sí que en el caso de Moisés Sánchez bien podría aplicarse ese sabio dicho popular de que “hasta al mejor cazador se le va la liebre”, ya que el ex presidente del IVAI no es un abogado improvisado sino un reconocido penalista, cuya máxima aspiración era ser precisamente titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la cual, con la reciente homologación de la reforma constitucional federal, está por ser sustituida por una Fiscalía General autónoma en la que Luis Ángel Bravo podría mantenerse hasta nueve años a su cargo, según la iniciativa de reforma propuesta por el gobernador Javier Duarte al Congreso local en diciembre pasado.

El problema para el procurador duartista es que la desaparición forzada de Sánchez Cerezo ya escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual acaba de notificarles a los miembros de Artículo 19 el otorgamiento de medidas cautelares a favor de Moisés Sánchez (Resolución 1/2015), exigiendo la búsqueda y localización del periodista y una efectiva investigación de los hechos.

¿Para qué provocar que exijan que venga a Veracruz el Equipo Argentino de Antropología Forense que desde hace cuatro meses investiga los restos hallados en el basurero de Cocula y que según concluyó ayer la PGR sí pertenecen a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, o que inclusive demanden que sea el Instituto de Medicina Legal de la Universidad de Innsbruck, en Austria, el que contraste las pruebas de ADN, como se sugirió también para esclarecer el caso de los estudiantes retenidos en Iguala?