[Por cuestiones de salud, el autor de esta columna, Álvaro Belin Andrade, retomará sus colaboraciones de Hora Libre hasta el próximo lunes]

El sábado 3 de enero, un día después de la desaparición forzada del periodista ciudadano Moisés Sánchez Cerezo en su domicilio de El Tejar, municipio de Medellín de Bravo, la organización Artículo 19 difundía en medios nacionales e internacionales información que le fue proporcionada de manera anónima que revelaba que el periodismo y activismo realizado por Sánchez Cerezo había provocado el enojo del Alcalde de Medellín de Bravo, pues “tres días antes de la privación del periodista, éste se enteró a través de una fuente confiable que el alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección”.

La lección ha sido, a la luz de lo revelado el domingo por el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, para otros periodistas, sobre todo para aquellos que realizan su labor fuera de los reflectores de los grandes medios de comunicación, y que lo enfocan para dar a conocer, de manera puntillosa, hechos que afectan a los pobladores que conforman su propia comunidad.

Ese mismo día en que fue privado de su libertad, el periodista fue acallado cruelmente, a la manera de los yihadistas, mediante su degollamiento y posterior desmembramiento, por sicarios que, según su decir, no supieron sino hasta el día siguiente de que no solo era un simple ciudadano sino un periodista, cuyo asesinato no tendría el fatal destino de los que suceden con demasiada frecuencia en nuestra entidad: el olvido en los archivos del Ministerio Público.

La organización Artículo 19 exigió ese mismo día al Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas de la Secretaría de Gobernación garantizar la integridad del periodista y su familia, e hizo un llamado a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la PGR para que atrajera el caso e iniciara las investigaciones correspondientes, cosa que no ocurrió.

Según la organización internacional, de 2000 a la fecha tenía documentado el asesinato de 15 periodistas en Veracruz; con Moisés Sánchez Cerezo sumaban cinco los comunicadores desaparecidos en la entidad. Hoy, Sánchez Cerezo se ha sumado a los asesinatos registrados para elevar la cifra a 16.

¿Qué le hizo merecedor de una muerte injusta, innecesaria y de una crueldad bestial? Director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo, en las semanas previas a su asesinato Sánchez Cerezo informó de los sucesos de violencia en la zona. El 13 de diciembre publicó en su cuenta de Facebook que, faltando pocos días para el informe de actividades del alcalde panista Omar Cruz Reyes, asaltaron y asesinaron a un comerciante en El Tejar, e informó sobre una balacera en esa misma comunidad donde resultaron heridos un padre de familia y su hijo. Esto sucede, dijo, mientras el “Alcalde de Medellín es protegido por una Unidad de la Marina Armada de México”.

El organismo defensor de los periodistas aseguró en esa oportunidad que la inseguridad desatada en su municipio provocó que el periodista y un grupo de vecinos de su colonia, perteneciente a El Tejar, conformaran el miércoles 17 de diciembre, el “Comité de Autodefensas de la colonia Gutiérrez Rosas”, lo que fue informado por el propio Sánchez Cerezo, un día antes, a través de su cuenta en Facebook:

El 27 de diciembre, un día después del informe de labores del edil Cruz Reyes, el periodista retomó en su cuenta de Facebook notas periodísticas de diferentes medios de comunicación de Veracruz, que daban cuenta de la aparición de “dos cuerpos sin vida embolsados el día del informe del alcalde de Medellín”.

Lejos estaba de imaginar que ese sería también su destino.

La defensa panista a su alcalde

El lunes menudearon las reacciones en torno a las conclusiones de la fiscalía estatal que apuntan al alcalde panista Omar Cruz como quien ordenó, a través de uno de sus funcionarios, la contratación de sicarios para desaparecer al periodista.

Entrampado en un periodo preelectoral, la reacción de dirigentes y autoridades del Partido Acción Nacional (PAN), al que pertenece el alcalde señalado, apuntan a la defensa absoluta de su inocencia. El propio abogado Sergio Vaca Betancourt, exdiputado local y federal, y quien se ha apuntado para la defensa del presunto autor intelectual, le ha bastado charlar con el acusado para tener certeza de su inocencia: “Para mí, es inocente, porque he platicado con él, personalmente cuatro veces y las explicaciones que ha dado son convincentes y verdaderas”.

La politización del caso criminal lo ha convertido en un juego de fuerzas entre el PRI y el PAN, mientras se ventila en la Comisión Instructora de la Legislatura local el análisis de las pruebas aportadas por la fiscalía para realizar el juicio de procedencia que le quite el fuero al edil y, con ello, pueda ser llevado a tribunales en calidad de indiciado.

Mientras el procedimiento legal toma su curso y se logra llevar a juicio al sospechoso, muchos actores políticos de la entidad que primero exigieron el esclarecimiento del caso y hoy se muestran reticentes a aceptar la hipótesis de la Procuraduría, están levantando el polvo tratando de juzgar a priori una actitud partidista en los resultados de la investigación realizada por las autoridades ministeriales.

Y es que, ciertamente, los comicios se acercan y el PAN no desea cargar con el funesto estigma de haber llevado al gobierno municipal de Medellín de Bravo a un militante que es ahora sospechoso de homicidio. Sin embargo, están ventilando públicamente argumentos fallidos que deben encontrar sustancia en el proceso judicial y no en los medios de comunicación, como en su momento lo hizo el Partido de la Revolución Democrática (PRD) cuando salió a la luz pública la participación de su alcalde en Iguala, José Luis Abarca, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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