El pasado jueves 22, la Tesorería del Congreso local a cargo de Serafín Hernández Sagahón expidió un cheque por la cantidad de 6.5 millones de pesos para finiquitar el juicio laboral que hace más de cinco años iniciaron dos ex empleadas del Poder Legislativo que fueron despedidas de manera injustificada.

Por descuido, indolencia y negligencia de funcionarios y diputados anteriores, la LXIII Legislatura actual ha tenido que disponer ahora de recursos no considerados en su presupuesto para cumplir con estas obligaciones legales.

En total suman 11 demandas laborales las que recibió la actual Legislatura del estado, de las cuales se han resuelto seis laudos y sólo quedan pendientes cinco, que de finiquitarse de inmediato podrían representar una erogación total de dos millones de pesos.

Y es que según explicó el tesorero Hernández Sagahón al reportero Javier Salas Hernández, del portal electrónico Alcalorpolitico.com, el caso del par de ex empleadas que demandaron laboralmente al Congreso del estado desde el año 2009 y que el pasado jueves recibieron de manera conjunta el pago de 6.5 millones de pesos, en su momento se pudo haber resuelto con 150 mil pesos porque así lo había determinado el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, sin embargo dijo que las Legislaturas anteriores no quisieron pagar esa cantidad y dejaron crecer el problema.

Pero por darle largas al asunto, ahora, casi seis años después, el Congreso del estado ha tenido que desembolsar una cantidad que representa 4 mil 300 por ciento más de la originalmente fijada por las autoridades laborales del estado.

Debido a esta mala experiencia es que la LXIII Legislatura local que políticamente coordina el diputado priista Juan Nicolás Callejas Arroyo ha dado celeridad a la resolución de otros cuatro laudos laborales que se acaban de finiquitar con el pago de casi 400 mil pesos, quedando pendientes sólo otros cinco que podrían alcanzar un total de dos millones de pesos.

Las demandas laborales iniciadas en los últimos dos sexenios han generado una considerable sangría financiera no sólo al Congreso local sino además a los ayuntamientos y, en breve, muy posiblemente también a una importante dependencia del Poder Ejecutivo del estado.

En el caso de los ayuntamientos, hasta el año pasado se estimaba en más de dos mil millones de pesos el monto total que las Comunas veracruzanas demandadas debían de pagar por laudos a favor de ex trabajadores despedidos por administraciones municipales anteriores.

En cuanto al Gobierno del Estado, en la Secretaría de Salud se estaría gestando una situación similar por la supuesta actitud revanchista atribuida a los nuevos funcionarios administrativos que llegaron con el doctor Fernando Benítez Obeso, quien en octubre del año pasado sustituyó como titular a Juan Antonio Nemi Dib.

El director general de Administración, Ricardo Sandoval Aguilar, y su influyente asesor Jesús Villegas Ríos, adoptaron como medida inicial despedir en forma ruin a más de 735 trabajadores, la mayoría contratado y aparentemente identificados con el ex secretario de Salud.

Pero los despidieron sin cumplir la ley, sin pagarles prestaciones y provocando un caos operativo al interior de los servicios de Salud. Para justificar su decisión, los subalternos de Benítez Obeso habrían argumentado que algunos se tratarían de “aviadores”. Pero entonces están obligados a demostrarlo.

Lo cierto hasta ahora es que más de 300 de esos ex trabajadores ya demandaron legalmente a las actuales autoridades de la Secretaría de Salud, y de ganar los juicios laborales tendrán que ser indemnizados; por supuesto, con dinero de los veracruzanos, no de la bolsa de Sandoval Aguilar, Villegas Ríos o del doctor Benítez Obeso.

¿En cuánto nos saldrá este presunto revanchismo contra Nemi Dib? Eso no parece importar, pues mientras en la mayoría de las dependencias estatales no hay dinero suficiente para liquidar adeudos rezagados a proveedores y contratistas, y el pago puntual de las quincenas a sus trabajadores últimamente han empezado a retrasarse por problemas de liquidez derivados de la exorbitante deuda pública del gobierno del estado, en la Secretaría a cargo del gastroenterólogo xalapeño y sobrino del arzobispo emérito de Xalapa, Sergio Obeso Rivera, según se ve, las finanzas gozarían de cabal salud.

¿O cómo explicar que, presuntamente, una joven y guapa “novia” de un alto funcionario de SESVER haya sido incorporada recientemente a la nómina con un sueldo de 90 mil pesos mensuales?