A los graves problemas que en los últimos años ha vivido la Universidad Veracruzana en sus finanzas, pese a fuertes medidas administrativas internas orientadas a hacer más eficiente (y reducido) el gasto, parece que el tiempo ha alcanzado a esta institución, por el desaseado manejo que de los recursos etiquetados por el gobierno federal ha hecho la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).

En efecto, el gobierno estatal está resintiendo toda la serie de maniobras realizadas con los recursos que han ingresado a sus arcas, de los que ha dispuesto con base en sus premuras financieras, sin importarle que hayan llegado del gobierno federal, sujetos a tiempo y etiquetados a programas estatales, gobiernos municipales y organismos autónomos como la Universidad Veracruzana que, en esta época de fin de año, ven con gran preocupación que no pueden cubrir sus compromisos, incluso aquellos de índole laboral.

Los dirigentes del sindicato del personal académico de la UV (Fesapauv), por ejemplo, han debido saltar con molestia porque, contra lo establecido en su contrato colectivo de trabajo, es la fecha en que los más de 7 mil 500 profesores e investigadores adheridos a esa organización no han recibido los montos relacionados con el aguinaldo. Y en las cuentas bancarias de la UV no hay dinero, porque Sefiplan simplemente no les ha transferido recursos que el gobierno federal hace tiempo que envió, porque forman parte del gasto corriente.

El martes, en una conferencia de prensa ofrecida en el Museo de Antropología de Xalapa, la rectora Sara Ladrón de Guevara y su secretaria de Administración y Finanzas, Clementina Guerrero, explicaron diversas acciones de racionalización del gasto universitario, no solo como una política de la actual Rectoría para lograr ahorros y evitar erogaciones innecesarias sino como respuesta a una necesidad extrema ante la tacañería del gobierno estatal.

Se requeriría que las autoridades universitarias fueran más claras sobre el monto millonario que el gobierno del estado ha dejado de transferir a la UV, en una acción que echa por tierra las declaraciones del gobernador Javier Duarte de Ochoa en el sentido de que apoya fuertemente a la educación en la entidad.

Durante todo 2014, justo el año en que el gobierno veracruzano debió sufragar los gastos derivados de la realización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (previamente usados para otros menesteres), la Universidad Veracruzana ha padecido incluso para cumplir con sus obligaciones laborales, y se ha requerido de mucha presión para que los cuentachiles de la Sefiplan suelten un recurso que llegó etiquetado para la UV y no para salir de apuros en otras áreas.

Ayer mismo, cientos de académicos tomaron las instalaciones escolares, aunque poco habrá de continuidad pues este jueves toda la comunidad universitaria sale de vacaciones.

El aguinaldo (que será cobrado en tiempo y de manera onerosa por los diputados locales) es un rubro incluido desde el principio en el presupuesto universitario; además, es un derecho inviolable de los trabajadores universitarios, cuyos fondos para ser pagados hace ya tiempo que depositó el gobierno federal. ¿Por qué se hacen malabares y machincuepas en el gobierno del estado? Nadie lo explicará.

Municipios, atorados en la operación licuadora

Pero la UV no es la única institución o dependencia a la que los genios de las finanzas estatales han puesto en graves aprietos. Muchos municipios se han manifestado críticamente por la manera en que la Sefiplan ha retenido las participaciones federales, poniendo en riesgo tanto el pago de obras realizadas como la atención de los compromisos laborales.

El diputado local panista Joaquín Rosendo Guzmán ha señalado que el retraso en la entrega de las participaciones federales del ramo 33 a los municipios infringe la Ley de Coordinación Fiscal, porque la ley “marca las fechas de cada uno de los recursos que le llegan a los municipios”.

Ya sabemos que la respuesta manida del gobierno estatal es que el secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac Murillo, salga a los medios a señalar, uno, que la Federación es la que ha retrasado el envío de los recursos o, dos, que mienten quienes dicen que no se les ha mandado el recurso federal etiquetado, cuando incluso se les mandó con antelación. Audirac considera que el engaño es el mejor recurso para evitar responsabilidades políticas.

En muchos casos, los ayuntamientos que no recibieron los recursos federales a tiempo, invirtieron lo equivalente, tomando del gasto corriente, para pagar obras aprobadas con financiamiento del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) u otras acciones consideradas en el Fondo de Aportaciones Múltiples, a la espera de que en estas fechas la Sefiplan se dignara a transferir los recursos que les corresponden y, con ello, pagar aguinaldo y demás prestaciones.

El problema es que se les están apretando las fechas y es la última semana en que, como en la UV, deben pagar los aguinaldos antes de que los trabajadores tomen sus vacaciones navideñas.

Esta misma semana, con 47 días de atraso, la Sefiplan liberó por fin los primeros 59.6 millones de pesos (de los 100 millones etiquetados) para tres proyectos de infraestructura urbana en Córdoba. Ha sido tan tardía la liberación de los recursos, que el ayuntamiento está a contrarreloj para comprometer dichos fondos y no devolverlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De aquí al 31 de diciembre, deberán emitirse los recursos legales para adquirir cinco mil luminarias leds, por 40 millones de pesos; la construcción de un puente-parque sobre el río San Antonio, estimado en más de 30 millones de pesos, y 30 millones de pesos más para la peatonalización del circuito Calle 1-Estadios.

Como este ayuntamiento, decenas más han preferido dar por perdidos recursos que quedaron entrampados en la operación licuadora, expresión que explica la manera en que Mauricio Audirac prepara peligrosos cocteles metiendo en un solo sitio todos los recursos que llegan a la secretaría para, después, y solo bajo el juicio de lo urgente, distribuirlos a discreción.

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