Este jueves, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas aparentemente rigurosas para contener el grave deterioro social que vive México, con mayor evidencia a raíz de los hechos suscitados en Iguala, Guerrero.
Su decálogo descansa en un mayor control policiaco en todo el territorio nacional, asumir obligaciones que habían sido desdeñadas como propias, ir con toda la fuerza del Estado para recuperar territorios dominados por el crimen organizado, combatir la corrupción y la impunidad y, dentro de todo este marasmo de acciones de fuerza, invocar débilmente la preservación de los derechos humanos e incorporar un capítulo que permita hacer realidad el derecho a la justicia.
Se observa en el discurso peñista la necesidad de responder a todas las demandas y aspiraciones planteadas por miles de mexicanos en multitudinarias manifestaciones no exentas de violencia y provocaciones.
¿Estarán preparados el sistema político nacional y la estructura de poder económico para resistir los impactos colaterales que traería consigo la implantación exitosa del decálogo anunciado, sobre todo en el tema de la corrupción y su impune ejercicio?
¿Era necesario tener en grave riesgo la estabilidad del país y, si se quiere, la legitimidad del gobierno federal, para tomar medidas que debieron ser las primeras en impulsarse, en lugar de las reformas política, hacendaria, energética y de telecomunicaciones?
Lo sucedido en Guerrero, que tuvo una difusión nacional e internacional, no fue lo primero que ocurrió de manera brutal en el país en que ciudadanos indemnes fueron víctimas de la alianza entre autoridades y grupos delictivos.
Decenas de miles de ciudadanos se encuentran en calidad de desaparecidos sobre todo a partir de la guerra emprendida por el panista Felipe Calderón Hinojosa, y no hay un dedo oficial que se haya movido para saber su destino, rescatarlos de las redes de la trata y esclavitud o localizar sus cuerpos para entregarlos a sus familiares.
Sin embargo, los efectos de las movilizaciones están incorporados en el planteamiento de un Peña Nieto serio, adusto, grave y aparentemente decidido, que ayer puso a consideración de todos una lista de medicamentos, remedios caseros, operaciones quirúrgicas y buenos deseos.
La pregunta es: ¿habría actuado de esa manera si no hubieran desaparecido 43 estudiantes normalistas, con su consecuente impacto en la opinión pública nacional e internacional, o seguiríamos con la propaganda de mover a México cuando el país se halla maniatado por la corrupción, la violencia y la impunidad?
Ayuntamientos, células políticas del crimen organizado
De entrada, aunque hace dos meses parecía algo remoto, la Presidencia de la República ha decidido ir contra facultades que constitucionalmente están reservadas a los municipios en materia de seguridad, al plantear la desaparición de las mil 800 policías municipales y la creación de 32 policías estatales únicas.
No solo eso: también la posibilidad de disolver ayuntamientos cuando haya certeza plena de que sus autoridades están coludidas con organizaciones del crimen organizado, con la consecuente toma de control por parte del mismísimo gobierno federal.
Enrique Peña Nieto anunció que enviará el próximo lunes una iniciativa de ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, y que buscará una redefinición de las competencias de cada autoridad en el combate al delito, para evitar que algunos como el narcomenudeo (punto de inflexión en la alianza de delincuentes con funcionarios y policías municipales) conviertan a ese nivel político básico en la peor amenaza para los ciudadanos.
Actualmente, diagnosticó, existe un complejo sistema de competencias penales que genera dispersión de responsabilidades, confusión en la aplicación de la ley y, lo más grave, impunidad.
Para ello, propondrá reformas tanto a la Constitución como a las leyes penales y demás secundarias, y establecerá la obligatoriedad de crear las policías estatales únicas, cuyos primeros experimentos se darán en los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, no solo por la gravedad del dominio criminal sino también por los efectos presupuestales, porque estas policías deberán estar homologadas en sus niveles de profesionalización, protocolos, equipamiento y tecnologías de la información y comunicación.
Tan obligatorio será, que se prevén sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan.
La sociedad llena los vacíos
Que la sociedad mexicana se haya visto obligada a asumir tareas que le corresponden a un gobierno omiso nos mostraba el camino más corto a un Estado fallido, dominado por los grupos delictivos, carente de capacidad para detener la ola de violencia y dirigido por políticos corruptos, iguales o peores que los delincuentes que han puesto en jaque la seguridad y la libertad de cientos de miles de mexicanos.
Al día de hoy, profesionistas especializados y ciudadanos comunes emprenden acciones de las que los gobiernos se han desentendido.
Organizaciones civiles grandes y pequeñas se han puesto en marcha para localizar fosas clandestinas, llevar un registro creciente de personas desaparecidas y emprender su búsqueda, crear bancos de datos genéticos para identificar y poner nombre y apellido a los cuerpos localizados, formar grupos de autodefensa y establecer redes de información para detectar actos de corrupción, entre otras acciones.
El problema es que, salvo que se establezca el castigo en mano propia, la venganza personal, los juicios ciudadanos sumarios y los linchamientos, poco pueden hacer los mexicanos de a pie para encontrar justicia y contener el extendido cáncer de la impunidad que nos corroe y lastra como país.
Y ha sido la presión social por localizar a los 43 desaparecidos en Iguala lo que ha motivado un compromiso del gobierno federal para hacerse cargo de más de 60 mil mexicanos cuyos destinos se desconocen. Para ello, Peña Nieto ha anunciado, por fin, la creación de dos sistemas nacionales, uno para la búsqueda de personas no localizadas (eufemismo adoptado para referirse a personas desaparecidas) y otro de información genética, asumiendo tareas que habían sido emprendidas por organizaciones civiles y particulares, con el apoyo de organismos filantrópicos internacionales.
Ya comentaremos en otra ocasión las medidas para contener la corrupción e impulsar la transparencia (temas que tocan muy cercanamente al mandatario y su esposa), así como para preservar los derechos humanos. También, de una medida que nos afectará a todos: la implantación de la Cédula Única de Identidad.
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