Al comparecer ayer ante la comisión respectiva de la LXIII Legislatura local con motivo del cuarto informe de resultados del gobernador Javier Duarte de Ochoa, el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, reveló a diputados locales que existen alcaldes que se niegan a certificar a su policía ante los órganos correspondientes, incluido el Sistema Nacional de Seguridad.

“Les he hablado por teléfono, he desayunado con ellos, me he reunido con ellos, les he pedido que certifiquen a sus comandantes y no me dicen nada”, comentó a los legisladores el titular de la SSP, considerado uno de los hombres fuertes del gobernador Duarte.

Bermúdez Zurita se comprometió ante los diputados locales a entregarles la lista completa de esos alcaldes “para que presionen”, porque desde el inicio del programa de certificación se han negado a acreditar a sus policías municipales.

La diputada Ana Cristina Ledezma, del PAN, se dijo sorprendida sobre esta situación y le pidió al secretario de Seguridad Pública que le envíe cuanto antes esa lista para actuar en consecuencia.

Habrá que ver si los diputados locales del PRI reaccionan igual que la legisladora del PAN y logran hacer que los alcaldes reacios de sus distritos atiendan la recomendación del secretario de Seguridad Pública del estado.

Y es que varios legisladores priistas traen fuertes compromisos políticos con algunos ediles de su partido porque en 2013 les tocó hacer campaña juntos.

Sin embargo, después de ver el caso de Iguala y de Cocula, en Guerrero, cuyos policías municipales detuvieron y entregaron a un grupo del crimen organizado a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa –lo que generó una crisis política que ya provocó la caída del gobernador Ángel Aguirre y que ahora se ha expandido por el país y el extranjero amenazando actualmente hasta la permanencia del propio presidente Enrique Peña Nieto–, diputados y ediles harían bien en alinearse porque el “horno no está para bollos”.

El 22 de agosto pasado, por ejemplo, fue secuestrado el tesorero municipal de Coatepec, Guillermo Pozos Rivera, cuyo cadáver fue hallado tres días después sobre la carretera Jalcomulco-Tlaltetela.

Casi un mes después, el jueves 25 de septiembre, fue detenido el comandante de la policía municipal de Coatepec, Eder Omar Álvarez Tapia, (a) “El Boss”, junto con dos elementos policiacos: Jairo Brizio Caballero Espinosa y Francisco Sandoval Hernández, por su presunta implicación en la muerte de Pozos Rivera, según informó la Procuraduría General de Justicia del Estado con base en los resultados arrojados de la investigación 165/2014 instruida en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Coatepec.

Según trascendió en esa ocasión, las detenciones del jefe y el par de policías municipales habrían sido posibles luego de la captura en la colonia Manantiales, de Coatepec, de cuatro hombres armados presuntamente oriundos del estado de Jalisco, los cuales, al rendir su declaración, habrían aportado informes sobre el levantón y homicidio del tesorero.

Para ejecutar la orden de aprehensión obsequiada por el juez que lleva la causa penal, los elementos de la Policía Ministerial del estado tuvieron que apoyarse en la Marina Armada de México y la Secretaría de Seguridad Pública que implementaron un operativo táctico de inteligencia para detener en el interior del palacio municipal a los presuntos imputados.

Lo curioso de todo esto es que el alcalde priista de Coatepec, Roberto Pérez Moreno, (a) “Juanelo”, no se mostró sorprendido por el desenlace de la trágica muerte de su tesorero.

Hasta la fecha, el munícipe coatepecano no ha respondido a muchas interrogantes, entre ellas quién le recomendó al comandante Álvarez Tapia, “El Boss”, ya que precisamente había salido de las filas policiacas de Seguridad Pública del estado sin buenas referencias.

¿Cuántos policías municipales cobraban en la nómina del Ayuntamiento y cuáles lo hacían por fuera? ¿Cuántos de ellos habían sido evaluados, certificados y aprobado los exámenes de confianza de la SSP estatal o federal?

Desde que asumió la alcaldía, en enero de este año, Pérez Moreno estaba obligado a depurar de inmediato a su policía municipal, pues casi un año antes de presidir el Ayuntamiento ya sabía que en Coatepec los supuestos guardianes del orden estaban coludidos con un grupo del narcotráfico.

Y es que el 2 de abril de 2013, dentro del operativo “Veracruz Seguro”, convoyes de Seguridad Pública y de la Armada de México habían detenido a 10 elementos de la Policía Municipal de Coatepec cuando comercializaban dosis de marihuana sobre la carretera estatal Las Trancas-Coatepec a la altura del fraccionamiento Casas Carpín, entre la congregación de El Grande y la embotelladora de la Coca-Cola.

Los detenidos Raúl Nato Machucho, José Manuel Lozada Martínez, José Andrés Melchor Córdoba, Saúl Durán Carreto, Juan Carlos Ruiz Jácome, Leopoldo Sánchez Lagunes, Guadalupe Gabriel Juan, José Luis Arriaga Sánchez, Ángel Luna Rodríguez y José Luis Salazar Rivera fueron sorprendidos cuando se encontraban en las patrullas 001, 004 y 005 de la Policía Municipal de Coatepec comercializando dosis de marihuana. Les fueron requisados 497 sobres del estupefaciente. El comandante que dirigía a los municipales confesó que trabajaban para una célula de la delincuencia organizada y que sus elementos recibían un pago de 4 mil pesos quincenales.

Por el solo crimen de su tesorero, ni “Juanelo” ni sus padrinos políticos –entre ellos un secretario de despacho que el sexenio anterior amasó una inexplicable fortuna– deberían figurar en 2015 en la lista de candidatos del PRI a la diputación federal, sino en la lista negra que Bermúdez prometió hacerles llegar a los diputados locales.