Tan debilitado como aparentemente está luego de la crisis política detonada por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa –un conflicto que seguramente se prolongará varios meses más en tanto los peritajes de la Procuraduría General de la República no convenzan a los incrédulos padres de los estudiantes de que los restos humanos que fueron hallados cremados en el basurero de Cocula corresponden a los cadáveres de sus hijos–, en realidad se ve muy difícil que la maltrecha imagen del presidente Enrique Peña Nieto vaya a ser un factor relevante para catapultar el año entrante a los candidatos del PRI a la diputación federal.

Hasta finales de septiembre, cuando era reconocido mundialmente como el gran estadista que había logrado operar con el apoyo de la oposición las grandes reformas estructurales en México, Peña Nieto representaba el principal asidero de los futuros candidatos de su partido al Congreso de la Unión.

Es más, hasta ese entonces nadie dudaba que él iba a ser el gran elector a la hora de definir la lista de nominados por el Revolucionario Institucional en cada una de las entidades federativas gobernadas por sus correligionarios. Sin embargo, la inesperada circunstancia gestada hace mes y medio en Iguala, Guerrero, parecería haber modificado el orden de los factores.

Así, pues, ante el evidente debilitamiento de la figura presidencial y el precipitado desgaste de sus principales operadores políticos, entre ellos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong –los cuales no pudieron concretar el pacto contra la violencia que Peña Nieto se había comprometido a convocar y firmar antes de que viajara ayer a China–, al mexiquense parecería no quedarle más remedio que apoyarse en los gobernadores de su partido para lograr mantener la mayoría de diputados en la nueva Legislatura federal.

Es cierto que hay mandatarios estatales del PRI que en cuanto a popularidad están iguales o peor posicionados que el Presidente, pero en cambio tienen el control de estructuras partidistas y electorales que podrían garantizar el triunfo de la mayoría de los candidatos del tricolor en sus respectivas entidades.

Ello obviamente les permitiría condicionar la selección de candidatos y meter mano en un buen número de distritos donde calculadoramente, con bastante anticipación, comenzaron a perfilar a funcionarios que han venido promoviéndose abiertamente con recursos públicos.

Es más, esta circunstancia parecería hasta favorecer que en algunas entidades como Veracruz pudieran prosperar reformas constitucionales como la impulsada por el actual grupo en el poder para elegir en 2016 un gobernador de dos años para así homologar la sucesión gubernamental del estado con la presidencial a partir de 2018.

Y es que mientras el presidente Peña Nieto y sus operadores políticos no pudieron concretar siquiera con las dirigencias nacionales del PAN y PRD la firma del pacto contra la violencia que el Ejecutivo federal se había comprometido públicamente a convocar y firmar la semana pasada –pues representantes panistas y perredistas declararon que ante el grave deterioro institucional por la corrupción e impunidad se requiere “un acuerdo de gran calado” y que ya no están dispuestos a “hacerle el juego al Presidente” ni a “estar presentes en ceremonias mediáticas sólo para la foto”–, acá en Veracruz la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa parece tener amarrado con las bancadas de los partidos del sol azteca y del blanquiazul el consenso en la LXIII Legislatura local para sacar sin ningún problema la iniciativa de reforma constitucional que, de manera paradójica, ha sido públicamente desaprobada por los senadores priistas Héctor Yunes Landa y José Francisco Yunes Zorrilla, los cuales aspiran, al igual que Miguel Ángel Yunes Linares, de Acción Nacional, ser gobernadores electos por al menos cinco años, por lo que han propuesto homologar hasta 2021 y no en 2018 la elección local con la federal.

Sin embargo la semana anterior hubo indicios de que la iniciativa duartista sigue firme. El senador Yunes Zorrilla, por ejemplo, dijo que a pesar de que algunos actores políticos como la presidenta del Instituto Electoral Veracruzano, Carolina Viveros García, dieron su respaldo a esta propuesta, él sigue firme en su opinión. “Es algo que tendrá que valorar el Congreso del Estado, no sé si hay o no línea, lo que yo tengo que sostener es que sería muy desafortunado un periodo de dos años y creo que no lo habrá”, pues comentó que en sus giras por la entidad ha constatado que esta reforma ha generado opiniones de malestar ciudadano y eso podría derivar en un escenario con un costo político que el partido tricolor tendrá que enfrentar.

No obstante, la titular del IEV reviró que la homologación de la ley político electoral estatal tiene que estar a tono con la federal, por lo que si en la propuesta se cuenta con una gubernatura de dos años o alcaldías de tres, se tendrá que hacer. “No es a quién le conviene, sino cómo vamos nosotros a poder integrarnos a la reforma electoral constitucional, entonces se tienen que buscar las formas y los métodos y si éste es uno de ellos para podernos homologar, adelante”, declaró Viveros García.

Y anteayer, por si fuera poco, la administración duartista ganó otro importante aliado para empujar este proyecto con la elección de Rogelio Franco Castán como presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD.

Descanso obligatorio

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