Porque es parte de una familia de brillantes abogados –su padre, don Aureliano Hernández Palacios, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y su hermano Luis Rafael es actualmente magistrado supernumerario del Tribunal Superior Agrario– es que a muchos sorprendió la apología que la directora general de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, Esther Hernández-Palacios Mirón, hizo la semana anterior de los supuestos actos vandálicos atribuidos a presuntos estudiantes universitarios que salieron a manifestarse en Xalapa por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, acciones que inclusive la propia rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, reprobó públicamente a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Respeto la libertad de manifestación de los universitarios, sin embargo, los exhorto a no afectar a terceros. #UV #Xalapa”, escribió en la red social la rectora, descalificando a los supuestos alumnos de la máxima casa de estudios que, encapuchados, obligaron a cerrar algunos establecimientos comerciales del centro histórico de la capital veracruzana.

En contraste, Hernández-Palacios sostuvo que “no es lo mismo protestar, cerrar un comercio y repartir volantes, que desaparecer a 43 personas”. Y aclaró que “los chicos estaban entregando volantes y no cerraron la tienda (‘Súper Chedraui’), quienes cerraron fueron los gerentes, eso no está fuera de la ley”.

Sin embargo, en otras manifestaciones recientes, vándalos han grafiteado edificios públicos y privados, entre ellos los del Comité Directivo Estatal del PRI, así como las instalaciones de algunos medios de comunicación, como las del “Diario de Xalapa”, cuyas oficinas apedrearon rompiendo varios cristales.

No obstante, para la directora de Difusión Cultural de la UV, quien además fue la primer titular del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) en la administración del gobernador priista Fidel Herrera Beltrán, ha declarado que las movilizaciones y protestas es una forma de generar un cambio de actitud en los ciudadanos ante la violencia en el país. “Si los ciudadanos estamos sentados en nuestras casas con los brazos cruzados, no se va a lograr. Y no necesariamente tenemos que salir a las calles, hay que pensar de otra manera”, dijo Hernández-Palacios en una rueda de prensa convocada la semana anterior por algunos funcionarios universitarios para fijar su posicionamiento acerca de estas manifestaciones.

La postura de la exdirectora del IVEC es entendible aunque tal vez no justificable, pues en junio de 2010 sufrió la dolorosa pérdida de su única hija, Irene Méndez Hernández, la cual fue acribillada por sicarios de un grupo del crimen organizado durante el rapto de su esposo Fouad Hakim Santiesteban, quien entrenaba a un equipo de futbol americano en el campo deportivo anexo al estadio Quirasco, a sólo cuatro cuadras de Palacio de Gobierno.

Hasta la fecha, los crímenes de su hija y yerno siguen impunes, motivo por el que ha participado desde entonces en todo tipo de movilizaciones sociales contra la violencia. En septiembre de 2011, por ejemplo, fue una de las oradoras en el mitin realizado en la Plaza Lerdo de esta ciudad capital, el cual fue presidido por el escritor y poeta Javier Sicilia, líder nacional del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en cuya caravana hacia el sur del país se le unieron familiares de veracruzanos víctimas de la delincuencia organizada.

A Hernández-Palacios no le falta razón cuando afirma que los ciudadanos no deben quedarse en casa cruzados de brazos. Y en ello coincide también el filósofo español Fernando Savater, quien en una amplia entrevista publicada la semana anterior por el diario capitalino Reforma, apuntó que no sólo los gobiernos, sino también los ciudadanos son responsables de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa. “Tenemos el gobierno que consentimos”, dijo. “En una sociedad democrática, políticos somos todos. Si las cosas políticamente van mal, aunque uno no sea el principal responsable, es evidente que alguna responsabilidad tiene en esa corrupción de instituciones”, aseveró.

Culpar sólo al Estado, es un absurdo, expuso. “Si el Estado funciona mal, es porque funcionamos mal nosotros. Nosotros somos el Estado. Es decir, los que abusan en nombre del Estado de nosotros es porque nosotros lo consentimos”, apuntó Savater, quien además de urgir a aclarar qué pasó con los desaparecidos aplaudió la movilización social ante la violencia: “Demuestra que la gente no está todavía dormida”.

Pero para cambiar radicalmente el estado de cosas en México, la movilización y protestas callejeras no serán suficientes. Si el cambio al que se aspira se quiere hacer por la vía institucional, democrática, la sociedad tendría que empezar a organizarse para ganar espacios de poder a las cúpulas políticas que hasta ahora sólo han medrado con la partidocracia.

El próximo año habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde la cual podría hacérsele verdadero contrapeso al Ejecutivo y obligarlo a hacer una auténtica reforma del poder, que garantizara autonomía real de la nueva Fiscalía que está por sustituir a la PGR, así como de otros órganos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Auditoría Superior de la Federación y el nuevo organismo anticorrupción que prometió el presidente Peña y que aún no ha podido cumplir.

Pero hasta ahora, pese a los casos de Ayotzinapa, de Tlatlaya y muchas otras tragedias más, no se ve cómo la indignada pero desorganizada sociedad mexicana pueda frenar o descarrilar la aplanadora priista en 2015. Sobra dolor y resentimiento, pero faltan líderes probos y honestos para encauzar por la vía democrática tanto rencor social.