Tras la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la realización de las consultas públicas propuestas por el PRD, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), PAN y PRI, prácticamente se ha hecho nugatoria la esperanza de usar esta novedosa fórmula para, desde la sociedad civil, poner a debate temas que merecerían el respaldo o el repudio de los ciudadanos.

Fuera de las propuestas distractoras del PAN (relacionada con los salarios mínimos) y del PRI (reducción del número de diputados federales plurinominales), lo que caló más hondo fueron las negativas, por separado, a las propuestas de PRD y Morena para poner a consideración de los mexicanos el apoyo o el rechazo de la recientemente aprobada reforma energética.

Y señalo que con ello las organizaciones sociales y organismos no gubernamentales se lo pensarán dos veces antes de acudir a proponer una consulta pública, porque significa un gasto estratosférico, cuyos fondos deben recaudarse y aplicarse en tiempo record; debe ser respaldada por un porcentaje muy alto del padrón electoral (mayor al que se impone a partidos políticos para mantener el registro), y esperar a que tanto la Corte como el Instituto Nacional Electoral aprueben un formato simple que debe responderse en sentido afirmativo o negativo, que se aplicará en los comicios siguientes a su aprobación.

¿Qué argumentos usó la ministra Olga Sánchez Cordero para considerar inconstitucionales los contenidos de las consultas públicas sobre la reforma energética, propuestas por PRD y Morena? Un simple artículo constitucional: el 35.

En efecto, según el proyecto de la abogada, que fue aprobado por nueve votos a favor y uno en contra, el artículo 35 Constitucional señala que no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

El tema de la reforma energética y su posible modificación en caso de ganar el NO en cualquiera de las dos consultas, según la interpretación de la ministra, afectaría de inmediato los ingresos y egresos del Estado. Por lo que de inmediato encontró eco entre sus colegas del máximo tribunal… y el repudio de Andrés Manuel López Obrador y de los perredistas.

Parece que quienes plantean una consulta pública, antes deben asesorarse con un experto en Derecho constitucional para ver si vale la pena el esfuerzo de convocar a miles de mexicanos a respaldar la propuesta. A no ser que la intención sea meramente propagandística.

Por lo pronto, el producto más atractivo de la reforma político-electoral ha sido cancelado prácticamente.

Vienen los Centroamericanos

Diez días más y la fiesta deportiva comprometida por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán y mantenida como tarea por el actual inquilino de Palacio de Gobierno estará dando sus primeros pasos.

El nerviosismo ha hecho presa de todos los integrantes del gabinete duartista. Ya el secretario de Seguridad Pública ha puesto como principal punto de la agenda de su corporación el de brindar seguridad en las sedes deportivas, mientras que desde fuera se ve con preocupación que las protestas sociales puedan ser calificadas como actos terroristas, desde el punto de vista de las fuerzas del orden.

Es recomendable pedir mesura tanto a los representantes gubernamentales como a las organizaciones sociales, para evitar que se prenda el fuego en la pradera.

El gobernador Javier Duarte de Ochoa debe salir pronto a la palestra pública para asegurar que, pese al compromiso internacional, su gobierno actuará con respeto y ánimo conciliador.

Quienes se encargan de la negociación política deben estar ya en acercamiento con las organizaciones sociales y estudiantiles pero no con el tolete como estandarte sino con la voluntad de diálogo, si bien sabemos que también debieran disponer de recursos para atender cientos de pendientes que ha dejado la enorme necesidad de disponer de los recursos públicos para la conclusión de las obras deportivas.

Del lado de las organizaciones sociales debiera haber un espíritu conciliador y la posibilidad de establecer una tregua que cubra el desarrollo de la justa deportiva.

Es válido que se presione buscando soluciones antes de este evento, pero sería riesgoso que se radicalicen las posiciones al momento en que toda la atención gubernamental esté enfocada, por desgracia, en la buena marcha de un evento que pondrá los ojos del país y de la región centroamericana sobre nuestra entidad.

Pero no solo por imagen internacional, sino porque en el ámbito nacional la desaparición de los 43 normalistas, unida a eventos de violencia que parecen orquestados por las organizaciones criminales, han puesto al rojo vivo la protesta social. Una pequeña chispa y se puede desencadenar un incendio incontrolable.

Desde nuestra mirada periodística, eso a nadie beneficiaría.

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