Este fin de semana zopilotearon a los duartistas y, aunque muchos tenemos nuestros propios recelos, todo parece indicar que en la próxima sucesión gubernamental habrá un Yunes en Palacio de Gobierno y es casi seguro que más de uno en la contienda por el puesto.

El propio senador Fernando Yunes Márquez lo predijo, aunque él se refirió a un Yunes azul, que puede ser él o su padre Miguel Ángel Yunes Linares o su hermano Miguel Ángel Yunes Márquez, actual alcalde de Boca del Río.

El asunto está en que los Yunes rojos no se la pasan pintándose las uñas y, ayer mismo, el peroteño José Francisco Yunes Zorrilla se colocó en la palestra pública al rendir su informe como Senador de Veracruz, algo que muchos calificaron como un acto de precampaña, cuando la ley le permite someterse al escrutinio público en razón de informar lo que ha logrado como representante de la entidad en el Senado.

Quien ya fuera alcalde de Perote, diputado local y dos veces diputado federal, ayer reunió a personajes de la política, alcaldes y dirigentes de organizaciones sociales, empresariales y productivas en el World Trade Center de Boca del Río; aprovechó esa oportunidad para levantar la mano en la carrera sucesoria y señalar que tiene argumentos sólidos para disputar la candidatura priista para los comicios de 2016.

Pero no es el único Yunes. Héctor Yunes Landa hace tiempo que levantó la mano, incluso con tono severo, como para que nadie del grupo en el poder lo margine de una aspiración legítima, como le hicieron cuando el actual gobernador fue impuesto por su antecesor para que compitiera como candidato priista al gobierno estatal.

La consigna fidelista de que nadie con apellido Yunes llegue a Palacio de Gobierno se ha ido debilitando por las circunstancias estatales y, sobre todo, nacionales, pero eso no significa que no se van a montar los rojos para evitar que alguno de los tres senadores con ese apellido (dos de ellos miembros de una misma familia, y el tercero sin lazos consanguíneos) llegue para gobernar una entidad que ha sufrido los latigazos de la violencia, la corrupción y la impunidad.

Y a estos puntos se refirió, por cierto, José Yunes Zorrilla en su informe, cuando evaluó correctamente la actual situación que impera en el país (y en Veracruz, por supuesto), al indicar que es la negra consecuencia de un largo invierno de impunidad y, yo agregaría, complicidad, gracias al cual el Estado mexicano ha dejado hacer a las organizaciones delictivas y a los criminales sin que el aparato de justicia los lleve a tribunales y los refunda en los reclusorios.

Corrupción e impunidad

Tiene razón Pepe Yunes cuando afirma que los grandes males del país son la corrupción y la impunidad.

“Hay una corrupción rampante que abofetea a la mitad de la población que vive en condiciones de pobreza y hay una impunidad que se vuelve refugio de maleantes, de asesinos. La impunidad es el gran problema del país, el hecho de que alguien cometa libremente una atrocidad es simplemente resultado de que difícilmente exista un castigo para esa acción”.

En efecto, lo que no se castiga se vuelve un negocio floreciente, y ya hemos visto que lo que señalan las estadísticas oficiales no llega a revelar la terrible realidad que padecemos los mexicanos: más del 95 por ciento de los delitos simplemente no se denuncian y, por tanto, quedan impunes. Si a ello agregamos que los delitos denunciados difícilmente terminan con la detención de los culpables, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en nuestro país rige el imperio de la impunidad y no de la ley.

El ejemplo más atroz fue el cumplimiento ayer de un mes de que están desaparecidos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y aunque hay la certidumbre generalizada de que el mismo día en que los ‘levantaron’ fueron asesinados, lo cierto es que las autoridades federales y estatales deben hallarlos lo más pronto posible, antes de que el país se incendie. Tampoco han sido detenidos los principales instigadores, el exalcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa, y tampoco se ha hecho nada por llevar a juicio a quienes protegieron a los asesinos, como el actual exgobernador Ángel Aguirre Rivero.

Veracruz, con sangre en las manos

Y hablamos de ese caso como emblemático, pero el país está hundido en el pantano de la violencia sin castigo. Un caso terrible es Veracruz, porque aunque se han vuelto famosas las fosas clandestinas de Guerrero no debemos olvidar que nuestra entidad es la segunda en el país, luego de Tamaulipas, con cuerpos enterrados en tumbas sin nombre.

Una investigación realizada por el periódico El Universal señala que de los mil 243 cuerpos hallados en fosas clandestinas, los estados que muestran un mayor número de ellos son Veracruz y Tamaulipas, según datos de la Procuraduría General de la República, y no hemos sido capaces los veracruzanos de exigir el esclarecimiento de los hechos o, al menos, la identificación de las víctimas.

En Tamaulipas se han localizado 252 cuerpos, mientras que en Veracruz el número llega a 144, seguido de Jalisco (119) e Hidalgo (112); en Guerrero se habla de 58. Las cifras corresponden al periodo 2006-2013, por lo que los recientes hallazgos tanto en Iguala como en otros municipios guerrerenses, así como los cuerpos que se han descubierto en tumbas clandestinas localizadas en Nopaltepec, en la Cuenca del Papaloapan, seguramente harán crecer estas cifras macabras tanto en Guerrero como en Veracruz.

La impunidad permite estos escenarios. Por ello es importante que la PGR fortalezca sus ámbitos de intervención, atrayendo casos que a todas luces tienen que ver con el crimen organizado, un delito de orden federal, y adquiera mayores capacidades de investigación forense para identificar a las víctimas.

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