A las instituciones del gobierno les pasa como a las personas: si mienten, y las cachan, pierden credibilidad. Por eso, apostar a que el encubrimiento va a funcionar es una apuesta muy arriesgada, sobre todo en esta época donde es tan difícil esconder la verdad. Pero muchos dentro del gobierno, con buenos aliados en los medios, siguen apostándole a eso. Es el caso de lo ocurrido en Tlatlaya donde los gobiernos federal y del Estado de México mintieron, los cacharon y, por tanto, han perdido credibilidad.

¿Quién, en su sano juicio, le va a creer a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) después de la mentira que se echó para encubrir la ejecución de 22 personas por parte de una patrulla del Ejército?

Sin investigar, simulando pruebas, el gobierno optó por proteger al poderoso. Porque es indudable que el Ejército es una organización con mucho poder. Se trata de gente armada con gran peso entre la clase política. Pero eso no les da derecho a matar a quien se les pegue la gana. Cuando abusan de su poder, deben ser castigados. No obstante, la PGJEM, en lugar de investigar, inmediatamente replicó la explicación de la Secretaría de la Defensa Nacional en su intento por encubrir la verdad. En ningún momento, la Procuraduría dudó que las víctimas no merecían este desenlace por más delincuentes que hayan sido (lo cual, por cierto, también es de dudarse).

Si aceptamos que los soldados maten gente en lugar de ponerla a disposición de las autoridades judiciales, estamos aceptando que mañana hagan exactamente lo mismo con cualquiera de nosotros: que entren a nuestro domicilio, nos ejecuten y luego digan que se justificaba porque éramos bien malos y repelimos la acción de las Fuerzas Armadas.

Eso sucede en sociedades donde impera la ley de la selva, no en el Estado de derecho.

El primer damnificado de la mentira de Tlatlaya es el Ejército, una de las instituciones que más confianza genera entre la población. Al tratar de encubrir lo ocurrido, su credibilidad ha quedado abollada. Aunque hay que reconocer que, ante el alud de críticas y presiones de organizaciones internacionales de derechos humanos, la Sedena rectificó arrestando a los soldados responsables de los hechos. A estos militares, como corresponde en una sociedad civilizada, se les juzgará respetando su derecho al debido proceso, cosa que les negaron a las 22 personas que mataron en Tlatlaya.

Ojalá este y otros hechos encubiertos por el gobierno para tratar de proteger al poderoso engañando al pueblo les sirva de escarmiento so pena de continuar en el tobogán del descrédito.