Luego de poco más de tres años en que se han conjugado el final de un gobierno federal panista y el lentísimo comienzo de un gobierno priista, por fin empiezan a anunciarse obras de gran magnitud en materia de infraestructura de comunicaciones para Veracruz.

Porque el tramito carretero anunciado como libramiento de Coatepec, para cuya inauguración por el presidente Enrique Peña Nieto debieron pasar casi siete meses, fue una tomadura de pelo. Ni siquiera libra del tráfico con destino a Xico y Teocelo, y solo ayuda por desviar el tráfico con destino a Jalcomulco y Córdoba.

Y ha sido la única llave para abrir la caja de los recursos, la federal, la que vendrá a salvarnos de más de nueve años de puros puentecitos y obras de reparaciones menores a nuestro sistema carretero.

Ayer mismo, el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, estuvo en Totomoxtle, municipio de Papantla, acompañado por el gobernador Javier Duarte, para dar el banderazo inicial de la autopista Cardel-Poza Rica, y anunció (aunque eso está por verse) que empezará a funcionar en diciembre de 2015, cumpliendo con ello el compromiso 22 de su campaña del ahora Presidente de la República.

Las obras tienen un carácter estratégico para la economía nacional. El gobierno federal, en efecto, está actuando con un enfoque nacional, si bien de paso beneficiará a los veracruzanos.

Como en el caso de la ampliación y modernización del Puerto de Veracruz, proyecto que busca dinamizar la capacidad portuaria del país, la autopista mencionada (que en el tramo Nautla-Laguna Verde será de dos carriles de circulación y que de Nautla a Gutiérrez Zamora será de cuatro carriles), servirá para agilizar la circulación en el corredor carretero Veracruz-Monterrey (con ramal a Matamoros, Tamaulipas).

Es decir, busca brindar las mejores condiciones para la movilización de la producción industrial, principalmente aquella destinada a las exportaciones, aunque de paso beneficie a los automovilistas comunes y corrientes.

Junto con los beneficios que traerá una vez terminada, en el ínterin de hoy a diciembre de 2015 (o más, según cómo se comporte la empresa portuguesa Mota Engil, que será la concesionaria de la vía durante 30 años), creará miles de empleos: se habla de 4 mil 800 empleos directos y 8 mil 500 indirectos.

En esta autopista, cuya longitud es cercana a los 130 kilómetros, se invertirán más de 3.3 mil millones de pesos, y su trazo no involucrará la actual carretera federal, puesto que se adentrará hasta los municipios de Misantla, San Rafael y Martínez de la Torre, para retornar a una línea paralela al mar por los municipios de Tecolutla, Gutiérrez Zamora y Papantla.

Por supuesto que, para hacer realidad este eje carretero que uniría el centro del país y la zona industrial de Monterrey y La Laguna con los tres puertos más importantes del Golfo de México (Veracruz, Tuxpan y Tampico), se requerirá que se anuncie e inicie la construcción de la autopista Tuxpan-Tampico (compromiso 23 de EPN), esa a la que en un arranque de optimismo le dio banderazo de inicio el gobernador Javier Duarte de Ochoa la tarde del día en que tomó protesta del cargo, sin que, al día de hoy, haya avanzado un metro siquiera.

Psicosis en Coatepec

Aunque llevaba escondido varios días, los mismos que corrieron desde la desaparición del tesorero municipal, Guillermo Pozos Rivera, hasta ayer por la mañana, en que se vio obligado a aparecer públicamente para detener los rumores que lo situaban o en manos de la Marina (por su posible involucramiento con el crimen) o de algún grupo delictivo, el alcalde de Coatepec, Roberto Pérez Moreno, deberá enfrentar una profunda crisis de credibilidad.

Y no es que haya pruebas para imaginarlo como parte del complot que llevó a su tesorero a perder la vida de manera sumamente violenta a manos de criminales, pero sí muchas versiones en el sentido de que en su administración, de apenas ochos meses, se han notado movimientos extraños que harían suponer malos manejos financieros y administrativos.

Por supuesto, todo ello puede deberse a la enorme psicosis que enfrentan los coatepecanos, no solo por el cobarde asesinato de Guillermo, sino además por el crecimiento inusitado de la delincuencia, que se expresa en robos, asaltos, secuestros y amenazas, sin que el alcalde piense más allá de contratar elementos que le brinden seguridad, a él, por supuesto.

El popular Juanelo, lo sabemos ahora quienes no estamos familiarizados con las historias personales de los políticos locales, debió esperar varios procesos electorales para finalmente ser nominado como candidato a la alcaldía, y debió antes pasar por el cargo de diputado local, al que quería regresar una vez que había obtenido el triunfo electoral.

Y es que los coatepecanos, incluso los priistas (y ya es mucho decir), se cuidaban de que este hombre, cuya residencia hace tiempo trasladó a Xalapa, no fuera candidato y menos triunfador de la alcaldía local.

Ya hemos comentado cómo, desde el primer día en que asumió el cargo, se curó en salud aduciendo que le había dejado un ayuntamiento con una deuda prácticamente asfixiante, como para que los coatepecanos no anduvieran exigiendo obras y acciones.

La verdad es que el homicidio del tesorero municipal no ha hecho sino atraer los reflectores al peculiar político, y lo que se ve no es ni mucho menos a un alcalde transparente y entregado a beneficiar a sus paisanos, esos que durante tantos años no le permitieron siquiera asomarse a la posibilidad de ocupar el cargo que hoy detenta.

A bote pronto

¿Imagina usted a los más de 26 diputados del PRI y partidos alineados, los mismos que se unieron para ir de picnic al DF so pretexto de presentar denuncia contra Miguel Ángel Yunes Linares ante la PGR, animando una sesión legislativa con propuestas de sanciones contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa por haber acudido (junto con otros de sus funcionarios) a una actividad proselitista del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto?

Yo tampoco.

Y es que este miércoles, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que Duarte y otros funcionarios transgredieron la ley en 2012 al asistir a un acto proselitista en día laboral, y dieron vista al Congreso local para que, en su caso, ¡decida las sanciones correspondientes!

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