Aún a costa de su escasa popularidad, el gobernador Javier Duarte de Ochoa decidió tomar al toro por los cuernos y reformar la Ley de Pensiones del Estado, la cual consideraría después de su aprobación por el Congreso local, en su conferencia de prensa del lunes 21 de julio, que “no es buena, ni mala, es necesaria”.

Con esta reforma a la ley que rige al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el audaz mandatario veracruzano se propuso más que reconstruir una casa sobre sus cimientos a reponer las ruedas de un tren mientras está en marcha, como solía comparar en sentido figurado el sociólogo de origen húngaro Karl Mannheim (1893-1947), famoso por su debate acerca de la sociología del conocimiento y autor de “Diagnóstico de nuestro tiempo”, su obra más importante en la que estima que su época es la de la transición del laissez-faire a una sociedad planificada.

Por eso al jefe del Ejecutivo del estado no parecen intimidar ni las tomas del edificio del IPE ni las amenazas de “miles” de amparos con los que amagan interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación algunos grupos minoritarios de inconformes, cuyos principales activistas estarían buscando sacar raja política y electoral de esta coyuntura, ya que unos están vinculados a movimientos magisteriales radicales que primero se opusieron también a la reforma educativa y otros están ligados a organizaciones partidistas de izquierda que buscarán salvar su registro legal en las elecciones federales de junio de 2015.

Los juicios por la presunta inconstitucionalidad de esta ley difícilmente prosperarán, pues si algo cuidaron en su redacción tanto el representante del Poder Ejecutivo como los miembros del Legislativo que la aprobaron fue precisamente el respeto pleno y absoluto de todos los derechos adquiridos por pensionados y jubilados; además de que cuenta con un marco legal acorde con los tiempos, que reestructura y fortalece el sistema de pensiones.

Lo cierto es que con esta reforma a la Ley de Pensiones del Estado se ha dado un paso histórico, logrando viabilidad financiera para el IPE, donde por décadas se había acumulado un déficit que ponía en riesgo a este organismo que responde por la seguridad social de 96 mil 920 trabajadores en servicio activo y 25 mil 845 pensionados y jubilados, lo cual hace una población de 122 mil 765 derechohabientes.

Pero, además, al día de hoy existen más de 13 mil 500 empleados que cubren los requisitos para jubilarse.

Por eso, el gobernador Duarte apuntaba que con esta nueva Ley aprobada el viernes 18 de julio por el Congreso local, Veracruz contaba con “un marco legal acorde con los tiempos, una nueva normatividad que generará las condiciones para asegurar la permanencia, solvencia y operación eficaz del IPE”, ya que dicha legislación garantiza el pago de pensiones de todos los trabajadores al servicio del estado, y constituye al gobierno como obligado solidario, lo que significa que la administración estatal aportará los recursos necesarios para respaldar el pago de pensiones y prestaciones, pues es un compromiso ineludible.

También prevé incrementar las aportaciones patronales que corresponden al gobierno estatal, para llegar a un 20 por ciento en los próximos años; además, con la nueva normatividad tampoco aumentan, en lo inmediato, las aportaciones de los trabajadores, ni habrá pensiones mayores al equivalente a 26 salarios mínimos.

La pensión por jubilación anticipada se reduce de 65 a 60 años; se disminuye de 15 a 3 años de servicio el requisito mínimo para otorgar pensiones por invalidez y muerte, protegiendo así a los trabajadores y sus familias.

Asimismo, aumentarán los montos cada año en el mismo porcentaje en que se incrementen los sueldos de los trabajadores en activo. La nueva ley no aplica en sentido retroactivo en perjuicio de los derechohabientes, sino únicamente en lo que se refiere a los beneficios que obtendrán.

Por ello, en su conferencia de prensa del lunes 21 de julio, el gobernador Duarte remarcó que “la nueva Ley del IPE no trastoca ni menoscaba uno sólo de los derechos adquiridos por los trabajadores pensionados y jubilados”, por lo que alertó “que nadie los confunda ni los engañe, que nadie se aproveche de su buena fe con intenciones de carácter político”.

Y es que reseñó que la iniciativa para reformar la Ley de Pensiones del Estado fue producto de meses de trabajo y de análisis de fondo con especialistas en la materia, así como de un diálogo amplio y respetuoso con representantes sindicales e integrantes del Consejo Directivo del IPE. “Opiniones diversas, intensas por momentos, pero todas convergentes en un mismo objetivo: lograr la viabilidad financiera y operativa del organismo, sin menoscabo alguno de los derechos de la clase trabajadora”.

Duarte de Ochoa reiteró que esta reforma fue una decisión responsable: “En Veracruz era indispensable implementar acciones, asumir decisiones, respetando y privilegiando por encima de todo los derechos laborales de los trabajadores en activo y de los pensionados y jubilados. Esta reforma no podía esperar más, no podíamos prorrogar la difícil circunstancia del Sistema Estatal de Pensiones en aras populistas o para evitar polémicas, ello hubiese sido una irresponsabilidad y habría implicado sacrificar y poner en peligro el futuro de miles y miles de trabajadores veracruzanos.”

Ya se verá en las elecciones federales del año próximo, que será un buen referéndum para su administración, si a sus detractores les asiste o no la razón.