Solo falta saber qué acciones querrían ocultarse detrás de las frecuentes cortinas de humo que se hacen y se deshacen en la vida política de la entidad, y que parecen menos tropiezos que buscapiés intencionales.

Si aceptáramos que nada se esconde tras de ellos, tácitamente estaríamos aceptando que nos gobiernan primerizos e inexpertos a los que debemos temerles por lo que podrían provocar en la vida veracruzana, incluso sin proponérselo.

Lo cierto es que, en los últimos meses, los analistas políticos han tenido muchísima materia sobre la cual trabajar. En ocasiones, más de un tema polémico ha saltado a la palestra simultáneamente y las interpretaciones se disparan por todos los rumbos; a los asuntos puestos directamente por el gobierno estatal en manos del Congreso, por ejemplo, se han añadido otros que navegan como trascendidos, aunque se les nota la marca registrada.

En este preciso instante hay tres temas candentes que ponen al huracán en los tres poderes del estado: la detención, enjuiciamiento y satanización de la periodista Maryjose Gamboa, directora del Instituto de la Mujer en el ayuntamiento panista de Boca del Río, por parte del poder judicial; la reforma de la Ley de Pensiones, que pondría en riesgo conquistas de los burócratas, en análisis en el poder legislativo, y el relanzamiento de la propuesta de un único periodo gubernamental de dos años para armonizarlo con la elección federal de 2018, esgrimida esta semana por el titular del poder ejecutivo.

Lo de la periodista Gamboa (en que se aprovecha el evidente delito de homicidio culposo en que incurrió la funcionaria para enjuiciarla en tribunales y en los medios de comunicación como la más atroz asesina) ha indigestado gravemente al sistema judicial de Veracruz. Y es que el procurador Luis Ángel Bravo Contreras guardó en el closet su traje de fiscal para convertirse en operador de una venganza abierta contra la seguidora de Miguel Ángel Yunes Linares.

Con uno de los más altos sitios en incidencia del delito de secuestro en el ámbito nacional, como el que ostenta Veracruz, el procurador Bravo Contreras jamás había puesto su honra y sabiduría al servicio de una causa penal con tanta enjundia como en la de llevar a juicio y encarcelar a la crítica periodista porteña, lo que seguramente se le revertirá más temprano que tarde.

Por otra parte, y en el contexto de protestas de cientos de jubilados que ven los depósitos quincenales de sus pensiones con un reprobable retraso y la percepción de que se ha puesto artificialmente en grave riesgo al propio Instituto de Pensiones del Estado, el Congreso local ha recibido la iniciativa de reforma de la Ley del IPE, que amplía la edad útil de los trabajadores del estado y condena a los propios trabajadores y pensionados a salvar las finanzas de una institución cuyos fondos han sido manejados inescrupulosamente.

Y, claro, el PRI hará valer su mayoría para aprobarla de inmediato, en un momento muy adecuado políticamente: las vacaciones del sector más combativo, el magisterio, y de muchos sectores de la burocracia estatal.

Por último, el propio gobernador Javier Duarte de Ochoa ha reabierto el debate que hizo disponer de mucha tinta apenas hace menos de un mes, cuando era el PAN el que proponía que, en el contexto de la armonización de las leyes electorales locales con la reforma federal, se aprobara que el próximo gobernador solo estuviera en el cargo dos años, de manera que en el siguiente proceso se eligiera el de seis años junto con el Presidente de la República.

Cuando más caliente estaba el debate hace unas semanas, Duarte dijo que él no había incluido esa propuesta en su iniciativa, pero ahora la ha hecho suya, al menos mediáticamente.

Tanta crispación, tanto debate, tanta confrontación, algún propósito debe contener. Si no, pues, para qué.

Rescate federal del campo veracruzano

El gobierno federal no parece estar dispuesto a que se le acuse en Veracruz de emular la aparente inactividad mostrada por las autoridades estatales del ramo agropecuario, y ayer salieron a la palestra pública para exponer la magnitud de las acciones que el gobierno de Enrique Peña aplica en nuestra geografía para beneficio del campo.

Aunque por estas precisiones se le tiene en baja estima en el gabinete duartista, el delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Alberto Amador Leal, dispuso en una sola mesa a los delegados de las dependencias federales del ramo, para que señalaran el volumen de inversión que aplicará este año el gobierno federal. Y no son migajas, por lo visto.

Aquí hemos señalado la ineficiencia con que se mueve el titular de la Sedarpa y el olvido en que el gobierno estatal, dada su muy menguada economía, tiene al sector agropecuario, pese a que últimamente se haya dado noticia de acciones en su favor. Por eso es importante saber que, a contracorriente, el gobierno federal parece invertirle montos importantes.

Según el delegado de la Sagarpa, Marco Antonio Torres Hernández, Veracruz será uno de los estados más beneficiados por las reformas estructurales del gobierno federal y, para muestra, informó que este año se destinarán 3 mil 200 millones de pesos para programas de ejecución directa, y apoyos crediticios superiores a 10 mil millones a proyectos productivos.

En el otorgamiento de apoyos financieros participarán instituciones como Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) y Financiera Rural.

Y es que, según el delegado de la Segob, Alberto Amador Leal, el bajo crecimiento de la economía del país ha pasado por un crecimiento mediocre del sector primario; así, mientras la economía creció a un promedio de 2.1 por ciento del 2000 a la fecha, la agricultura lo hizo apenas en 1.35 por ciento, la ganadería en 1.78 %, y la pesca y acuacultura de plano no tuvo crecimiento.

La verdad es que los productores veracruzanos deben estar viendo con esperanza que el gobierno federal esté poniendo su vista en la entidad.

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