Hace aproximadamente un mes, en este mismo espacio comentábamos que la imparcialidad en el juicio que en ese momento se seguía en la instancia federal por el asesinato de la periodista Regina Martínez había quedado bajo sospecha.

Y es que el desenlace de esa etapa procesal que estaba por resolverse sobre este polémico caso había sido salpicado de suspicacias por la designación, primero, en diciembre de 2013, de María Dolores Silva Obando como integrante del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, ya que la funcionaria de este órgano dependiente del Poder Judicial del estado, cuyo nombramiento fue ratificado por el pleno de la LXIII Legislatura local, es esposa del magistrado federal Agustín Romero Montalvo, el cual era miembro del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito, con sede en Xalapa, donde en octubre del año pasado fue interpuesto un recurso de amparo promovido por Ángel Alfonso Martínez, quien como agraviado por el asesinato de su hermana Regina demandó la revocación del auto de libertad que los tres magistrados de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), a propuesta del magistrado Edel Álvarez Peña, resolvieron de manera dividida (dos a uno) en favor de Jorge Antonio Hernández Silva, “El Silva”, uno de los dos presuntos autores materiales del crimen de la reportera.

No obstante lo débil de la controvertida sentencia de Álvarez Peña –ex presidente del CDE del PRI y ex alcalde de Coatzacoalcos, sin trayectoria jurídica reconocida, cuya designación como magistrado a finales del sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán fue muy cuestionada por otros miembros del TSJE, entre ellos por Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, de la Sexta Sala del Poder Judicial de Veracruz, quien públicamente dijo que “ahora cualquier pendejo puede ser magistrado”–, los abogados de “El Silva”, en un escrito entregado el jueves 3 de abril al presidente del Cuarto Tribunal Colegiado, Héctor Riveros Caraza, pidieron que el magistrado Romero Montalvo, a quien le había sido turnado este expediente para la elaboración del proyecto de sentencia, se excusara de conocer el caso por el supuesto conflicto de interés. En su alegato, la defensa del presunto homicida exigía que la resolución se fundamentara con criterios jurídicos “y no por compromisos políticos”.

Los abogados de “El Silva” lograron su propósito gracias al ruido mediático que se armó. Así, para evitar suspicacias, el Consejo de la Judicatura Federal, que es la instancia encargada de la vigilancia y administración de los juzgados y tribunales federales, decidió remover del Cuarto Tribunal Colegiado con sede en Xalapa al esposo de María Dolores Silva Obando. Pero como nuevo magistrado ponente fue perfilado Arturo Navarro Platas, quien anteriormente se desempeñó como secretario de estudio y cuenta de Romero Montalvo, con el cual habría quedado muy resentido porque éste lo desplazó por favorecer a otra persona, por lo que se llegó a especular que el proyecto de sentencia de Navarro sería totalmente contrario al que supuestamente ya había elaborado su ex jefe, lo que tampoco garantizaba justicia plena a Regina y a sus familiares si es que finalmente, por una perversa vendetta, se ratificaba el auto de libertad concedido al presunto asesino de la periodista por el magistrado Álvarez Peña, cuya polémica sentencia, en agosto de 2013, también se consideró como un ajuste de cuentas a la administración del gobernador Javier Duarte por supuestas facturas políticas y económicas que el ex dirigente priista y empresario periodístico tiene aún pendientes de cobrar.

Sin embargo, contra lo especulado, el procurador Luis Ángel Bravo Contreras acaba de dar a conocer que al resolver el amparo 751/2013, promovido por la defensa y familia de Regina Martínez, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito revocó la resolución de Álvarez Peña y Andrés Cruz Ibarra que dejó en libertad a “El Silva”, ordenando a los magistrados de la Séptima Sala del TSJE reiterar “lo relativo a la acreditación de los delitos de homicidio y robo y luego, conforme a lo determinado en la sentencia, concluya que sí se encuentra acreditada la plena responsabilidad penal del inculpado en cuanto al delito de robo”.

Bravo Contreras expuso que la resolución de la justicia federal deja sin efecto el resolutivo de la Séptima Sala del TSJE, por lo que la Procuraduría a su cargo estará a la espera de la nueva resolución. Y es que, según explicó, el Cuarto Tribunal Colegiado ordenó a los magistrados del Poder Judicial del estado reiterar la acreditación de los delitos de homicidio y robo en contra de “El Silva”, dejando insubsistente la sentencia dictada que dejó en libertad al presunto asesino de la periodista.

Además, según el titular de la PGJE, en la nueva resolución que deberán emitir los magistrados de la Séptima Sala del TSJE, éstos tendrán que agotar su jurisdicción por cuanto hace a la temática de la plena responsabilidad penal del referido reo en la comisión del delito de homicidio, de acuerdo con los agravios formulados en contra de las consideraciones que el Juzgado de Primera Instancia hizo en la sentencia condenatoria.

Y es que al acreditarse la comisión del delito de robo pero no el de homicidio evidencia el pésimo trabajo procesal que realizó el Ministerio Público no sólo al integrar la indagatoria que se consignó al juez, sino también al no aprehender a José Adrián Hernández Domínguez, (a) “El Jarocho”, quien según “El Silva” es el verdadero autor material del asesinato de la periodista.

Sin embargo habrá que ver con qué nos sale ahora el magistrado Edel, quien deberá cumplir con el ordenamiento de la justicia federal.

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