Luego de que el censo ordenado por la SEP sobre maestros y escuelas dejara para el país el álbum de los horrores, las acciones del gobierno federal para la dignificación de planteles escolares dieron inicio ayer en Veracruz, cuando el gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció una inversión inicial de 153 millones de pesos para la atención de la infraestructura de 272 escuelas, que beneficiará a unos 9 mil estudiantes.

En efecto, ayer acudió a la entidad el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Eduardo Hernández Pardo, con quien se formalizó un convenio de colaboración sobre el programa de Escuela Digna. La puesta en marcha del programa permitirá corregir, si bien de manera paulatina, los graves rezagos que presenta la mayoría de los planteles de Veracruz y el país.

En muchas comunidades, los planteles educativos se han deteriorado al grado de convertirse en lugares de riesgo para los estudiantes; la mayoría no dispone de las instalaciones eléctricas adecuadas e, incluso, muchos no tienen el servicio de electricidad, pese a estar en programas de apoyo informático o ser telesecundarias. En otros casos, la escuela es un improvisado cascarón improvisado con láminas de zinc o cartón que en temporada de tormentas se vuelve inutilizable.

Por eso, la presencia del director del Inifed en Xalapa, con una bolsa millonaria para dignificar escuelas, se convirtió en una fiesta, a la que no falló el gobernador Javier Duarte de Ochoa, acompañado de su esposa Karime Macías.

Serán solo 272 escuelas, poco más del 1 por ciento de los más de 22 mil planteles educativos que funcionan en la entidad, pero por algo se empieza; además, los recursos federales siempre se agradecen cuando son muy pocos los que cuenta la directora de Espacios Educativos, Xóchitl Tress Rodríguez.

Para nadie es un secreto que los planteles educativos del país se encuentran en grave deterioro. No solo opera en su contra la edad, la falta de mantenimiento, el olvido institucional y la desidia social. Han sido afectados por fenómenos meteorológicos cada vez más duros, que socaban cimientos, derriban bardas perimetrales, deterioran techos.

En el mismo acto en que Duarte y Hernández Pardo anunciaron la inversión para dignificar cerca de 300 planteles, la mayoría de ellos enclavados en zonas marginales hasta donde están llegando las acciones de la Cruzada contra el Hambre, se dio a conocer un programa conjunto para la evaluación de daños en la infraestructura física educativa y, derivado de ello, la conformación del Grupo para la Gestión Integral del Riesgo en el Sector Educativo.

Escuelas, en el olvido

No hay duda que sociedad y gobierno han olvidado las escuelas. La creciente urbanización de las antaño pequeñas comunidades ha hecho que los padres de familia piensen poco en el lugar en que estudian sus hijos; si visitan el plantel es para acudir a juntas o escuchar el reporte sobre el comportamiento de sus vástagos.

Aunque todavía se mantiene la solidaridad social con la escuela, que siempre ha sido la primera demanda de cualquier comunidad o grupo humano en nuestra entidad, lo cierto es que las preocupaciones se han multiplicado, lo que ha llevado a que la educación, al menos en lo que se refiere a las instalaciones educativas, se convierta en una más de las preocupaciones, pero ya no en la principal.

Las sociedades de padres de familia participan menos en el diseño de acciones para la obtención de recursos que permitan remozar la escuela, los salones, los baños, las oficinas.

Para colmo, las cuotas oficiales que pagan para la mejora del plantel automáticamente son remitidas a la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde desaparecen en el mar de cuentas bancarias, conceptos financieros y prioridades de gasto. Nunca regresan a los planteles.

Derivado de ello, los directivos escolares deben inventar cuotas adicionales, soportar el mohín de los padres de familia que ya hicieron una erogación previa, organizar kermeses y rifas para allegarse recursos, esperar las campañas para que los candidatos suelten materiales de construcción o acudir con el alcalde para que les programe algunos recursos.

En medio de esa serie de pasos mágicos, los padres de familia se alejan de las necesidades en infraestructura, dejan en desamparo los haberes escolares que son robados por la poca seguridad que ofrecen salones y oficinas a punto de derruirse, mientras que las autoridades, agobiadas por enormes compromisos crediticios, dejan fuera de sus proyectos la remodelación de escuelas.

Hasta que llegan recursos federales frescos.

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