Cada vez son más los funcionarios públicos en activo que se incorporan a la corriente instaurada por el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, de aprovechar el puesto, los recursos materiales y financieros, los vehículos y el personal a su mando, para adelantar vísperas en la carrera rumbo al Congreso de la Unión en 2015.

No hay semana en que el coatepecano no utilice su puesto para moverse a comunidades que pertenecen a municipios del distrito Xalapa Rural, y se reúne con padres de familia, autoridades municipales y comunitarias, líderes políticos y maestros. Hasta esas escuelas lleva útiles escolares, apoyos diversos relacionados con la educación, soluciones a pequeños problemas de infraestructura y, por supuesto, su discurso.

Porque Mota Hernández ha definido a ese distrito electoral federal como su plataforma para impulsarse de nueva cuenta a la Cámara de Diputados, sin que su jefe le llame la atención por no concentrarse en un puesto donde solo ha sido una mala figura decorativa.

Es lamentable que se le deje tejer su proyecto personal, mientras los avances logrados en educación van derrumbándose a pasos agigantados. Mota Hernández encarna la figura más deleznable del político que solo busca su propio beneficio. No lo merecemos los veracruzanos.

Gracias a ello, el sector público más importante en términos de presupuesto ha sido abandonado a las inercias de la estructura burocrática dominada principalmente por los sindicatos magisteriales, y que sobre sus áreas administrativas se cierna cada año el ojo crítico y cuestionador de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) por subejercicios, desvíos y malversación de recursos federales, mientras el inexperto político usa su tiempo en sus sueños políticos.

Pero lo mismo sucede en la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde su Tesorero, Tarek Abdalá Saad, está empecinado en convertirse, el año próximo, en el candidato priista a la diputación federal por Cosamaloapan.

Vicente Benítez, quien es el nuevo Oficial Mayor de la SEV, mueve todos sus hilos para ligar el apoyo popular en el distrito de San Andrés Tuxtla, donde una cofradía de alcaldes ambiciosos, encabezada por Manuel Rosendo, edil sanandrescano, busca a toda costa crear dominio político impulsándolo al Congreso.

La manzana nunca cae lejos del árbol

No es criticable buscar un puesto de elección popular, menos cuando el prospecto tiene un conocimiento amplio de los problemas que enfrentan las poblaciones en el distrito al que aspira. Pero hay de formas a modos.

Al menos dos aspirantes a ser candidatos a diputados federales tienen la misma responsabilidad que el secretario Mota, pero no son tan cínicos a la hora de promover su figura entre los grandes electores.

Me refiero a los secretarios de Desarrollo Social, Jorge Carvallo Delfín, y de Gobierno, Érick Lagos Hernández, quienes buscarían colarse al Congreso que cuidará el último tramo del presidente Enrique Peña Nieto, jugándosela por los distritos XIX de San Andrés Tuxtla y XX de Acayucan, respectivamente.

Ambos han debido atender las responsabilidades de su encargo, al mismo tiempo de hacer política partidista para refugiarse en la Cámara de Diputados un año antes de la finalización del sexenio de Javier Duarte de Ochoa, y en una de esas, hasta protegerse con fuero de una posible persecución política en caso de que el PRI pierda la gubernatura en 2016.

Nohemí Guzmán Lagunes, secretaria de Protección Civil, a quien todo mundo da como segura contendiente a la diputación federal por el distrito IX con cabecera en Coatepec, no ha dejado tirados los bártulos en el área tan sensible que le corresponde dirigir, pese a que se da su tiempo para gestionar adhesiones y simpatías en una demarcación donde prevalecen los municipios serranos (Acajete, Altotonga, Ayahualulco, Xico, Las Vigas de Ramírez, Tlacolulan, Las Minas, Perote, Tlalnehuayocan, Rafael Lucio, Tatatila, Cosautlán de Carvajal, Ixhuacán de los Reyes, Teocelo, Villa Aldama y Coatepec).

Algo se debería hacer desde las instancias fiscalizadoras para evitar que la labor de un secretario del despacho, cuya jurisdicción es estatal, se concentre en municipios donde orienta su interés político. Aunque, claro, nada se va a hacer, porque prácticamente todos los que se mueven en esa dirección seguramente tienen la autorización de su jefe, el gobernador.

En negocios, estamos a mitad de la tabla

Aunque corren rumores de que el estudio fue por encargo de la SHCP y gobiernos estatales priistas, lo cierto es que en el quinto reporte Doing Business 2014, elaborado por el Banco Mundial (BM) y la Corporación Financiera Internacional (CFI), Veracruz aparece en el lugar 13 en cuanto a número de trámites y regulaciones para abrir un negocio.

Pese a la reiterada promoción que de su labor realiza el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedecop), Érick Porres Blesa, y de que ha asegurado que la gestión para abrir un negocio en la entidad se ha reducido en número de trámites, autorizaciones y certificaciones, lo cierto es que Veracruz tiene mucho que trabajar en este sentido.

Es cierto que el estudio ubica en el último lugar del ranking al Distrito Federal, y que otorga las más altas glorias a los estados de Colima, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí, Veracruz se mantiene como en casi todos los indicadores que gusten y manden (incluso en lo deportivo), en la media tabla: ni muy bueno ni muy malo. Como dice el dicho popular, Veracruz ni huele ni hiede.

El estudio no solo mide número de trámites y tiempo mínimo que transcurre entre comenzar la gestión y poner en marcha la empresa; agrega cuatro indicadores: apertura de una empresa, obtención de permisos de construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos.

Muchos de los trámites y gestiones dependen de otros actores públicos, y no solo estatales, desde dependencias federales hasta del nivel municipal, pero no se ve que se hayan resuelto del todo en el caso veracruzano.

Nos superan tres vecinos

Superan a la entidad en mejor clima para hacer negocios, además de los cuatro ya enunciados, los estados de Chiapas, Campeche, Zacatecas, Sinaloa, Estado de México, Sonora, Puebla y Michoacán.

El estudio señala que abrir en el país una empresa requiere en promedio siete trámites, 12 días y una erogación equivalente al 11 por ciento del ingreso per cápita. Para contrastar, baste señalar que en Nueva Zelanda se puede abrir una empresa en menos de un día, pagando 0.3 % del ingreso per cápita y realizando un solo trámite en línea.

Veracruz, junto con Colima, Aguascalientes y Puebla, es de los estados donde es más fácil y rápido realizar el trámite para el registro de propiedad, mientras que para ejecutar una sentencia, los emprendedores tardan en promedio seis meses tanto en el Distrito Federal como en Veracruz.

No sería desproporcionado sugerir al gobernador Javier Duarte de Ochoa que despabile a Érick Porres Blesa, empresario por cierto, para que simplifique aún más los trámites que se exigen para la apertura de nuevas empresas.

Muchas veces, este factor disminuye nuestra competitividad frente a otras entidades vecinas, como Chiapas, Puebla o San Luis Potosí, mejor situadas en este ranking; y es que Veracruz necesita la creación urgente de fuentes de empleo.

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