Que los gobernadores Javier Duarte y Rafael Moreno Valle se hayan reunido en Martínez de la Torre la semana pasada, para tratar asuntos de seguridad que competen (y afectan) a los estados de Veracruz y Puebla, da visos de que se busca taponar una de las vías alternas de trasiego delictivo entre el altiplano y la costa del Golfo de México, justo por las casi destruidas carreteras que comunican a diversos municipios poblanos con Tlapacoyan, Martínez, San Rafael y Nautla.
En los últimos años, las zonas serranas ubicadas a la vera de las carreteras Atzalan-Tlapacoyan y Teziutlán-Tlapacoyan se convirtieron en pasajes peligrosos para los automovilistas y los transportistas tanto de pasajeros como de carga, que son asaltados, secuestrados y, en muchos casos, asesinados, aprovechando la lentitud con que deben transitar por carreteras sumamente peligrosas y abandonadas de la mano de los contratistas.
Estas áreas en que ambos estados comparten clima y vegetación están prácticamente olvidadas por las corporaciones policiacas y las fuerzas de seguridad del gobierno federal, mientras las estatales y municipales deben limitarse a ejercer sus acciones en los territorios en que tienen jurisdicción. Por ello, el libre tránsito de delincuentes entre uno y otro estado ha hecho posible que sus delitos queden en la impunidad, pese a que la policía ministerial estatal ha logrado detener a integrantes de bandas de secuestradores que operan en ambos estados.
Si la situación en este eje de comunicación tan importante, construido en los años cuarenta, es difícil, más lo es en el entramado de carreteras y caminos que comunican ambos estados por el rumbo de San José Acateno, municipio que comparte con Martínez de la Torre la vocación de sus suelos por la producción de limón persa. Los constantes robos, secuestros, extorsiones y asesinatos de productores agropecuarios han sido posibles por esta falta de acción conjunta entre las fuerzas de seguridad de Puebla y Veracruz, bajo la coordinación del Ejército y la Secretaría de Marina.
Aunque en la conferencia de prensa de ambos mandatarios se ofrecieron trazos gruesos y muy diluidos del contenido de su reunión privada, lo cierto es que puede uno imaginar los objetivos para una zona en que el crimen organizado se está colando y ya se ha extendido a todo el litoral, desde Poza Rica hasta Cardel.
Mejoran índices delictivos en 2014
Salvo en secuestros, tema en el que Veracruz se ubica en el lugar 6 de la tabla nacional, con una tasa de 0.51 secuestros por cada 100 mil habitantes (arriba de la media nacional), en homicidios dolosos y en extorsiones, nuestra entidad se encuentra lejos de los primeros lugares, lo que permite identificar cuál es el principal objetivo de las políticas de seguridad que debe llevar a cabo el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
En el caso de homicidios dolosos, donde el promedio nacional es de 3.38 por 100 mil habitantes, de enero a marzo de este año Veracruz se ubica en el lugar 26, con un promedio de 1.39 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del nacional y, por supuesto, de los que ostentan estados como Guerrero (12.18), Sinaloa (9.29), Chihuahua (7.73), Morelos (6.75) y Michoacán (5.96).
Por otra parte, en extorsiones, mientras el promedio nacional es de 1.52, el de Veracruz es de 0.95, con lo que se ubica en el lugar 19, superado por mucho por los estados de Morelos (6.27), Quintana Roo (4.77), Jalisco (3.46), Tamaulipas (2.57) y Baja California (2.3), que ocupan los primeros cinco lugares nacionales.
Como señalamos antes, en secuestros es donde el pie cojea, al ubicarnos en el sexto lugar (0.51 secuestros por cada 100 mil habitantes), superados por Morelos (2.06), Tamaulipas (1.97), Tabasco (1.61), Michoacán (1.23) y Guerrero (0.73). En este rubro destacan con tasa cero los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Querétaro y Yucatán.
Videgaray se fortalece
No parece insostenible la hipótesis que algunos medios nacionales, como el portal Sin Embargo (sinembargo.mx) y la revista Proceso, sostienen en torno al enorme poder que, con la reforma energética y la aprobación de las leyes secundarias, concentrará el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, aunque recientemente su vocera lo haya desmentido en una carta a la dirección de Proceso.
Todos las iniciativas orientadas a reformar preceptos que han quedado obsoletos con las reformas constitucionales, así como las nuevas leyes que sustentan la creación de nuevas figuras institucionales como el Fondo Mexicano del Petróleo, otorgan a la SHCP atribuciones que no tenía, y no solo en materia de vigilancia.
La postergación de los debates en el seno del Congreso de la Unión, cuyas cámaras podrían convocar a periodos extraordinarios en junio o julio para este tema, tiene que ver con la necesaria negociación entre los tres protagonistas del debate cameral (PRI, PAN y PRD) de los contenidos de las leyes secundarias.
Para imaginar el enorme trabajo de conciliación entre las fracciones parlamentarias, baste señalar que la legislación secundaria de la reforma energética considera nueve paquetes de iniciativas que crean seis nuevas leyes y reforman 13 existentes.
En materia fiscal, señala sinembargo.mx, se creará la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, la cual reformará la actual Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley General de Deuda Pública.
“La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos estipula que corresponde a la SHCP la administración y supervisión de los aspectos financieros de los contratos, relacionados con las contraprestaciones. Asimismo establece que Hacienda y la CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos) deberán coordinarse para el ejercicio de sus respectivas funciones en la coordinación y administración de contratos”.
Como estas atribuciones, muchas más contemplan la intervención de la SHCP y su titular en el funcionamiento del nuevo esquema productivo en materia de hidrocarburos, con lo que ya se observa una nueva forma de ejercicio del poder en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En efecto, Luis Videgaray no es el único que transgrede (con autorización y visto bueno de su jefe o no) las tradicionales acotaciones que el presidencialismo mexicano ha fijado a las secretarías. Según observadores, el titular de la SHCP solo habría hecho eco de un movimiento similar protagonizado por el otro hombre poderoso del gabinete, Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
Ambos con sendas supersecretarías, se estarían convirtiendo en una especie de virreyes, con poderes extraordinarios que los convertirían casi en vicepresidentes ‘temáticos’, uno para el tema político, el otro, para el económico. En el caso de Videgaray Caso, es claro observar cómo el secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, ha visto disminuido al mínimo su poder de intervención en los asuntos relacionados con hidrocarburos y electricidad.
Así lo ven los especialistas consultados por el portal Sin Embargo:
“Sólo se requiere un poco de lógica, dicen los expertos: la Reforma Energética pretende volver la riqueza del subsuelo en dinero líquido. Para eso, el gobierno federal abrirá los mercados eléctrico, de gas e hidrocarburos a la iniciativa privada, la cual invertirá en exploración y explotación de los recursos. Las ganancias serán depositadas en el Fondo Mexicano del Petróleo. ¿Y quién administrará los miles de millones de dólares que entrarán a ese fondo? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, responden”.
Productores de limón estrenan dirigente
El Consejo de Productores y Exportadores de Limón Persa (Copelp), con sede en Martínez de la Torre, ha renovado su directiva y ahora es presidida por Leonardo Olivares Ahumada, representante de la empresa Costa de Veracruz, en sustitución de Rodrigo Calderón Salas.
El consejo entrante, encabezado por Leonardo Olivares, quedó formado además por Carlos Alberto Rivera Martínez, de la empresa Rivera Produce, como secretario; Fidel Flores Núñez, de Exportadora de Cítricos y Otros Productos del Estado de Veracruz, como tesorero, y Emeterio Maitret Obregón, de la empresa Citrícola Tropical, como vocal.
Para nadie es un secreto en Martínez que la familia Olivares Ahumada, con el alcalde Rolando al frente, ha logrado atraer simpatía y confianza en diversos sectores de la población. Los Olivares no han surgido en los últimos días, tienen años trabajando duro en el sector de la comercialización y exportación del limón persa, lo que les ha permitido crear un verdadero emporio económico.
Por supuesto, están del lado de quienes compran y luego exportan la producción de Martínez y la región; sin embargo, es posible considerar que busquen fórmulas para esparcir los beneficios de esta cadena productiva a quienes hacen posible que miles de hectáreas estén sembradas de limón persa y que, en prolongadas temporadas, deben lidiar con precios muy bajos.
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