Si los procedimientos se realizan conforme el calendario anunciado ayer por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) contra municipios, dependencias y fideicomisos que, según el análisis de la cuenta pública de 2012, presentan daño patrimonial por un monto superior a los 409 millones de pesos, y se persigue a quienes no logren justificar u ofrecer los documentos comprobatorios, podría sentarse un valioso precedente contra la impunidad de los servidores públicos.

Desde el principio de su gestión, podríamos decir que desde su primera acción de resonancia, el gobernador Javier Duarte de Ochoa impuso mano dura contra autoridades municipales y de gobierno que habían dispuesto de los dineros públicos para enriquecerse.

Por desgracia, tras el encarcelamiento de algunos exalcaldes, principalmente de municipios pequeños, no se fue a fondo o, simplemente, los defraudadores supieron ocultar muy bien sus actos ilícitos.

A tres años de aquella acción mediática, que iba enfocada según su discurso a prevenir a los alcaldes y funcionarios estatales que comenzaban sus gestiones sobre las consecuencias jurídicas graves que les acarrearía un desaseado manejo de los dineros públicos, nuevamente autoridades de 38 municipios, además de las de siete dependencias y dos fideicomisos, presentan daño patrimonial.

El caso más complicado fue detectado en al menos dos dependencias de su gobierno, en que estuvo implicada la actuación de funcionarios de la desaparecida Secretaría de Comunicaciones (Secom), uno de los cuales transita libremente al amparo del fuero constitucional que le otorga su calidad de diputado local (Raúl Zarrabal Ferat), además de dos fideicomisos  que estuvieron bajo su control, el de la construcción del Túnel Sumergido y el del mantenimiento del puente, ambos bajo o sobre el río Coatzacoalcos; y de la dirección del Instituto de Espacios Educativos y de cuatro institutos tecnológicos.

Y este tema se ha cargado de una suerte de destino manifiesto, porque si bien el diputado por Boca del Río, Raúl Zarrabal Ferat, mostró siempre durante su gestión al frente de la Secom una total incapacidad para llevar a buen puerto cientos de obras camineras orientadas a remediar los efectos desastrosos de fenómenos meteorológicos, con recursos etiquetados del Fonden, jamás se le llamó a cuentas e, incluso, se habló de él como posible candidato a la alcaldía de su tierra natal.

Su ubicación en un puesto de elección popular con fuero constitucional parecía hecho a la medida para protegerlo, hasta que –según las malas lenguas– se abrió del grupo gobernante para ofrecer su simpatía por la cabeza del grupo contrario, el que comanda el senador Héctor Yunes Landa.

En juego, más de 44 millones de pesos

Apenas recién estrenados en la Legislatura local, en enero pasado, la revelación por parte del diputado del AVE, Francisco Garrido Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia, sobre lo detectado por el Orfis a la cuenta pública de 2012, puso en duro trance a la fracción priista. Aunque querían manejarlo con extremada discreción, los legisladores panistas (señaladamente Julen Rementería del Puerto) obligaron a sacar a la luz pública esta información que, en efecto, ponía el dedo flamígero no solo contra ayuntamientos sino contra la administración estatal.

Fue por lo menos anecdótico que el exconductor de Televisa, diputado Tonatiuh Pola Estrada, tratara de responder con torpes argumentos los señalamientos de los panistas sobre el daño patrimonial en dependencias estatales.

En efecto, el vocero de la fracción priista acusó a los blanquiazules de salir a la opinión pública contra este presunto desfalco, a la que calificó ingenuamente como una especie de cortina de humo para esconder trapacerías similares detectadas en 24 de los 38 ayuntamientos señalados, gobernados por el PAN.

“¿Por qué no le dicen a los ciudadanos que de los más de 409 millones de pesos observados por el Orfis en la cuenta pública 2012, la mayoría corresponde a 24 administraciones que fueron gobernadas por Acción Nacional?”, dijo Tona.

En su momento, en este mismo espacio le señalamos al diputado en ciernes:

“Decir que el Ejecutivo estatal sí desfalcó pero poquito frente a lo que hicieron los alcaldes panistas suena verdaderamente kafkiano. Ni el gobierno estatal ni los gobiernos municipales pueden ser acusados en esta parte del procedimiento, previo a la presentación de pruebas y aclaraciones.

“[Tonatiuh Pola] Dijo que, con base en la información del Orfis difundida por la Comisión de Vigilancia de la Legislatura, el gobierno estatal ejerció un presupuesto de 90 mil millones de pesos, y que lo único que está bajo observación es una suma de apenas 46 millones. Que me perdone el diputado pero mil pesos desviados es corrupción.

“Para contrastar la ‘mísera’ suma (que puede servir para construir más de un puente), el vocero priista dijo que, en cambio, 24 de los 38 municipios tienen observaciones, es decir, ¡el 63 por ciento!, son de filiación panista.”

El problema, sin embargo, iba más allá de un debate miserable en el seno de la Cámara de Diputados. Lo cierto es que, según la información difundida, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) encontró en 2012 un presunto daño patrimonial en la entonces Secom y en fideicomisos vinculados a la inconclusa construcción del Túnel Sumergido en el río Coatzacoalcos por más de 277 millones de pesos.

A ello se suma una presunta desviación de fondos en la Secom por 44 millones 606 mil 779 pesos, y en ella estaría involucrado o, al menos, sería el responsable de aclararlo, Raúl Zarrabal Ferat, además del exalcalde de Coatzacoalcos, Marcos Theurel Cotero, ambos titulares de la Secom en el ejercicio de que se trata.

De los dineros perdidos, los que aparezcan

No son centavos los que están en litigio. Según lo detectado por el Orfis en la cuenta pública 2012, en dos fideicomisos vinculados con la entonces Secom (construcción del túnel sumergido y para mantenimiento del puente sobre el río Coatzacoalcos) se presume un daño patrimonial superior a los 277 millones de pesos.

Lo detectado en las cuentas públicas municipales de 38 ayuntamientos, la mayoría ciertamente bajo administración de panistas, aunque 10 son del PRI y cuatro son del PRD, se contabilizan recursos por más de 125 millones de pesos. A ello se agregan los posibles daños al patrimonio de la Secom.

Especial interés debe tener, aunque más bien en lo mediático y político, la proverbial permisividad con que el secretario de Educación, Adolfo Mota Hernández, ha actuado y que ha permitido que sus funcionarios subalternos dilapiden los recursos destinados a educación.

A los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación por el uso y abuso de recursos del gobierno de la república que fueron orientados, en el mejor de los casos, a asuntos a los que no estaban destinados, el propio Orfis ha detectado posible malversación de recursos estatales en dependencias como el Instituto de Espacios Educativos y los institutos tecnológicos de Álamo, Cosamaloapan, Pánuco y San Andrés Tuxtla.

Y no hablemos del caso de sus ex oficiales mayores, Gabriel Deantes y Édgar Spinoso, sobre los que giraron sospechas no puestas en firme sobre el uso inescrupuloso de los recursos destinados a la dependencia, lo que debería colocar a Mota Hernández al menos la categoría de los inelegibles para cargos públicos (por elección o por designación) dada su enorme incapacidad para cuidar los dineros del pueblo.

En fin, que mayo estará calientito y habrá que darle seguimiento a los que haga la Comisión de Vigilancia del Congreso, encargada de llamar a cuentas a los señalados para entregarles los resultados del Orfis tras el periodo de aclaraciones.

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