A través del favoritismo y violentando la normatividad del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del estado de Veracruz a cargo de Lorenzo Antonio Portilla, personal bajo su cargo llevó a cabo un amañado proceso de selección para cubrir diversas plazas de “Supervisor” en la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios (DAFM), sin que hubiera convocatoria pública de por medio y cuyos resultados se dieron a conocer en completa secrecía a través de un documento personal a los “favorecidos”.

De acuerdo con una investigación se logró conocer que fue el pasado martes 1 de abril cuando se notificó por escrito al personal “seleccionado” por la DAFM, sin fundamento legal alguno y únicamente a través de un documento firmado por María Yolanda Gómez Fernández, directora de Administración y Finanzas del Orfis, que los “aspirantes” previamente insaculados eran los únicos que cubrían los requisitos para participar en el Concurso de Oposición para así cubrir las plazas de Supervisor.

No obstante, de acuerdo con testimonios de empleados del ente fiscalizador y con base en documentos, todo se trató de una aparente farsa orquestada por la titular de la DAFM, Lili Grajales Hernández, y por la subdirectora de Recursos Humanos, Alejandra Blanco Bello, para favorecer a personas vinculadas con ellas, a quienes se notificó de manera unipersonal y por escrito que habían resultado “seleccionados” sin darse a conocer públicamente la causa fundada y motivada de tal decisión, y sin que el Auditor General avalara dicho proceso.

Y es que a pesar de que el 2 de julio de 2012 se publicó en el Gaceta Oficial del Estado el Reglamento del Servicio Público de Carrera del Orfis, el proceso de selección en comento no se apegó a la normatividad ni a los procedimientos específicos de reclutamiento como lo establece dicho Reglamento, lo que habla de la poca transparencia en la selección de personal del órgano responsable de vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos, situación que aplica igualmente a la asignación “discrecional” de Supervisiones, Jefaturas de Departamentos, Subdirecciones y hasta Direcciones Generales.

Por otra parte, de acuerdo con funcionarios del Congreso local consultados, la selección con presuntos rasgos de “favoritismo” realizados por la DAFM y avalada por personal de Recursos Humanos violenta los derechos laborales del personal que forma parte del Servicio Público de Carrera, al limitar la posibilidad de ascenso a partir de méritos académicos y formativos, lo que no se observó en la selección de Supervisores del ORFIS, proceso que de acuerdo con los propios empleados fue solamente una “puesta en escena” para justificar la contratación de personal que no cubre el perfil y cuyos méritos se reducen a ser “recomendados” de los mencionados funcionarios del ente fiscalizador.

A todo esto, ¿qué dirá el Auditor General Lorenzo Antonio Portilla, quien públicamente ha sostenido que el ORFIS es un organismo que respeta la ley y donde el favoritismo y las recomendaciones quedaron en el pasado?

Spinoso, vivito

Aunque Adolfo Mota, secretario de Educación de Veracruz, y el diputado priista Juan Nicolás Callejas Arroyo, líder de la LXIII Legislatura local, han declarado públicamente que durante el proceso legislativo para armonizar la ley educativa del estado con la federal siempre mantuvieron una “perfecta” comunicación y todo el apoyo del titular de la SEP, Emilio Chauyffet, lo cierto es que algo falló porque este martes 15 tuvieron que hacerle varias adecuaciones al marco legal que regirá al magisterio veracruzano, ya que la Presidencia de la República ha procedido a interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación los recursos de controversia constitucional contra los gobiernos estatales cuyas leyes locales contravengan total o parcialmente la reforma educativa promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, en el caso de Veracruz existe otro asunto que tampoco ha “armonizado” la relación de las autoridades estatales con el responsable del sector educativo de la Federación. A principios de marzo, por ejemplo, una semana después de recién aprobadas las reformas a la ley educativa del estado, estuvo en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río el presidente de la Fundación “Mexicanos Primero”, Claudio X. González, quien en un evento convocado por un empresario porteño increpó públicamente a la subsecretaria de Educación Básica, Xóchitl Osorio Martínez, sobre el presunto desvío de 6 mil 178 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de recursos federales destinados al sector educativo de la entidad durante  2010 y 2011.

“Seis mil millones de pesos en dos años. Maestra Xóchitl, ¿qué haría usted con 6 mil millones de pesos? ¡Maravillas! ¿Verdad? Ni nos imaginamos esa cifra. Esa cifra que se perdió aquí es un chorro”, expresó González Guajardo, quien refirió que de acuerdo a los índices nacionales de educación básica, nuestra entidad se ubica en la medianía: en el lugar 17 en educación primaria y en el 11 en secundaria.

Coincidentemente, después de este escándalo fueron “cesados” de sus cargos Edgar Spinoso Carrera, Oficial Mayor de la SEV, y Gabriel Deantes Ramos, subsecretario de Administración y Finanzas de la Sefiplan que le había antecedido en ese mismo puesto.

Pero ahora Spinoso ha hecho circular la versión de que ha sido “perdonado” y que estaría por ser reivindicado por su compadre. ¿Será acaso el efecto piadoso de la Semana Santa?

Breve descanso

Por un corto descanso con motivo de la Semana Mayor, esta columna no se publicará mañana viernes 18 sino que reaparecerá, Dios mediante, hasta el lunes 21.