Aunque no necesitábamos que lo reconociera el gobernador Javier Duarte de Ochoa para dar por hecho una situación delicada en materia de seguridad, que ayer el mandatario estatal lo hubiera enunciado con todas sus palabras es un síntoma de que se pondrá en juego toda la fuerza del Estado para combatirlo.

Muy lejos se escuchó Duarte de la percepción que teníamos de su postura ante hechos tan delicados como evidentes. Del ‘no pasa nada’, que pudo haber sido la estrategia mediática impuesta con mano de hierro por la anterior vocera Gina Domínguez, hoy el gobernador Duarte ha dado un paso importante al reconocer el diagnóstico y la medicina.

Hay focos rojos, sí, siempre los ha habido y los habrá, sobre todo en un estado con una población de unos ocho millones de personas. Pero da la impresión de que su gobierno no se inmovilizará ante las graves circunstancias.

Bastante hemos padecido con la limitación de recursos públicos que, en lugar de ser usados en obras públicas, han debido invertirse en contar con una nueva, numerosa y mejor pertrechada policía.

Habrá que ver cómo le responden Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, y el procurador Luis Ángel Bravo, en una tarea en que el gobernador ha empeñado su palabra.

Como él mismo dijo, en este tema no caben las tareas individualistas, debe haber corresponsabilidad, coordinación y alineación de esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y la propia sociedad, pero mal haría en no exigir efectividad, compromiso e inteligencia a los encargados de los cuerpos policiacos preventivo y judicial.

 Urge luchar contra la impunidad

Javier Duarte puso como ejemplo que en los últimos 49 días se han girado 541 órdenes de aprehensión para detener a igual número de delincuentes. El dato, con ser relativo, se refiere a una de las tareas pendientes: el ataque a la impunidad.

Veracruz, todos lo sabemos, vivió durante muchos años con la certeza de que, fuera el delito como se llamara, las víctimas debían pasar el trago amargo y seguir adelante antes que perder el tiempo denunciando ante las autoridades judiciales.

En los gobiernos federal y estatal pasados se llegó, incluso, a criminalizar a las víctimas de enfrentamientos, calificando los homicidios como un ajuste de cuentas entre bandas criminales. Los familiares debían cargar no solo con la pérdida de uno de sus seres queridos sino, además, con la insana difusión de que pertenecían al crimen organizado.

La colusión entre cuerpos policíacos y criminales era tan evidente, que los veracruzanos optaban por no denunciar, y quienes lo hacían, perdían el tiempo y en no pocas ocasiones su propia seguridad. Falta todavía mucho para que esa percepción se disipe.

Matar, robar, extorsionar, secuestrar eran actividades que podrían realizarse en total impunidad porque las autoridades no investigaban ni perseguían a los delincuentes, pasando los expedientes irresueltos a las estadísticas de la guerra contra o entre los criminales.

 Secuestro y extorsión han crecido

 Veracruz ha vivido un crecimiento preocupante en los delitos de extorsión y secuestro. Ocupa los primeros lugares en ambos, y todos los sectores de la población están siendo víctimas de esos delitos, sin importar condición económica o social. Lo mismo se secuestra al próspero comerciante o al rico ganadero que al campesino, albañil o profesionista de bajas entradas económicas.

Duarte informó que en lo que va de los primeros 100 días del año han sido desmanteladas diez bandas de secuestradores que estaban sembrando el terror en diversos rumbos de la entidad; derivado de ello, 52 delincuentes enfrentan procesos judiciales. En las calles todavía actúan cientos de delincuentes más.

En cuanto a la extorsión, las bandas delictivas han encontrado en la entidad terreno fértil. Pese a que es un delito virtual, pues deriva del engaño por la vía telefónica, la ignorancia y el terror de los que han sido afectados ha facilitado el trabajo de criminales que, en la mayoría de los casos, ‘trabajan’ desde los reclusorios, incluso de fuera del estado.

Sobre el tema, Duarte anunció la puesta en marcha de una campaña conjunta con la Secretaría de Gobernación para alertar a la población y prepararla para evitar que sean víctimas de lo que él llamó una tomadura de pelo.

Balaceras, ¿un mal necesario?

En las últimas semanas, las principales ciudades de la entidad han vivido en carne propia la actuación de los cuerpos policíacos contra sospechosos, en zonas urbanas, a plena luz del día y con la consabida utilización de armas de fuego.

Aparentemente, en todos esos enfrentamientos, muchos de ellos protagonizados en Xalapa, no ha habido víctimas colaterales.

Muchos sectores han señalado críticamente que estos hechos se den mientras la estructura gubernamental desmentía que hubiera grupos delictivos en nuestro entorno. Los de a pie sabíamos que sí, y ahora lo ha reconocido públicamente el propio gobernador Javier Duarte.

Según se esté en el momento de los enfrentamientos, hay en la ciudadanía una actitud ambigua frente a la realización de estas persecuciones.

Puede ser molesto que se cierre la circulación, que se detenga el paso peatonal hacia las áreas más riesgosas del operativo policiaco, que se deba ceder el paso a patrullas que corren a gran velocidad y con una actitud imperativa. Lo cierto es que antes se criticaba que no actuaran los cuerpos policiacos, que las patrullas corrieran para alejarse de los criminales en lugar de perseguirlos.

Hoy sabemos que, si bien no en todos los casos, una llamada anónima es respondida de inmediato y deriva en la actuación de la policía, que una llamada de auxilio puede generar una amplia movilización de vehículos y personal de seguridad, incluso de helicópteros.

Como al principio de su gobierno, cuando se instrumentó el operativo conjunto Veracruz Seguro, esperemos que la decisión tomada por el gobernador Duarte de evitar que la violencia se salga de control tenga resultados lo más pronto posible.

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