¿Qué efectos tendrá sobre los candidatos del PRI y el Verde en los próximos comicios federales el reconocimiento tácito de que el gobierno veracruzano vive una de sus peores quebrantos en sus finanzas públicas?, ¿qué discurso emplearán los aspirantes a llegar al inmueble de San Lázaro para convencer tanto a los que constituyen el voto duro como a los indecisos de que vale la pena seguir entregando la confianza en los dirigentes y militantes del PRI?

La verdad es que las circunstancias políticas suenan cada vez más difíciles para el partido en el poder, aunque si se hubieran postergado las medidas anunciadas este martes negro por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, la bomba hubiera estallado prácticamente en periodo de campañas electorales y, entonces, no hubiera habido ninguna oportunidad de presentar la oferta electoral priista como la que necesita México y, en particular, la que puede beneficiar a Veracruz.

Es cierto que, de todas maneras, el PRI en Veracruz ha perdido todos sus argumentos. Lo constata el hecho de que un gobierno estatal surgido de sus siglas no solo fue incapaz de enderezar las finanzas públicas que le fueron heredadas al borde del precipicio, sino que para colmo, en los últimos tres años, ha tomado las decisiones equivocadas y, por ello, hoy se encuentra peor que cuando comenzó.

Los inicios duartistas fueron en el ocaso de la administración del presidente panista Felipe Calderón Hinojosa, repudiado por amplios sectores de la población por la necesaria, aunque mal conducida, guerra contra el crimen organizado, pero con una economía estable y pujante.

En efecto, las circunstancias económicas durante 2011, primer año de gobierno de Javier Duarte en Veracruz, no podían ser mejores: los precios internacionales del petróleo llegaban a rebasar los 100 dólares por barril, el crecimiento del PIB había sido del 3.9 por ciento, las reservas internacionales en dólares marcaban hitos históricos y, aunque no se habían logrado las famosas ‘reformas estructurales’ propuestas un año después por Enrique Peña Nieto, el sector de la manufactura crecía y la industria petrolera aportaba importantes flujos de capital al sector público.

Por eso, el duro ajuste ordenado por Duarte en los primeros meses de su sexenio pasaba por un trago amargo que podría olvidarse pronto, ya que había condiciones para recuperar la capacidad de pago, para negociar recursos federales que permitieran una creciente inversión pública y, con ello, se reactivara la economía estatal, y para impulsar programas gubernamentales que abatieran el gasto corriente, redujeran tallas al obeso cuerpo de la burocracia estatal y previniera en todas las dependencias, incluidos los ayuntamientos, el mal uso de los recursos públicos.

Crecieron deuda y gasto corriente

A cuatro años de esas medidas, cuya aplicación solo debió suceder en 2011, la situación es totalmente diferente. Casi inmediatamente, el gobierno duartista falló a su propio catálogo de medidas para enfrentar la crisis de sus finanzas públicas.

La austeridad empezó a perderse en los discursos, mientras que en los hechos se regresó a un frenético ritmo del gasto público, no precisamente en inversión productiva y, para colmo, se aplicó un modelo de manejo de los recursos federales caótico, irracional y poco transparente que, entre otras cosas, puso en aprietos a todos los organismos descentralizados y a los ayuntamientos, al disponer de sus recursos en lo urgente, según el parecer del Ejecutivo.

En apariencia para mejorar los plazos y condiciones de los compromisos crediticios, la Secretaría de Finanzas y Planeación contrató nuevos empréstitos con la banca comercial y la de desarrollo y, aunque desde el poder legislativo se lanzaban alertas sobre el riesgo de incrementar el monto del endeudamiento, amparado con las participaciones federales, el gobierno estatal mantuvo la estrategia y fue perdiendo margen de maniobra hasta llegar a las graves penurias que, hoy, han hecho salir a Javier Duarte de Ochoa a anunciar un segundo paquete de supuesta austeridad en su gobierno.

El problema es que ya no hay marcha atrás y no hay quien pueda salvarlo. Los precios internacionales del petróleo se fueron a pique, el dólar se ha fortalecido frente al peso, el crecimiento económico del PIB fue de 2.2 por ciento en 2014 y se sospecha que en 2015 será de la misma tesitura; el gobierno federal ha decretado un primer recorte presupuestal de 124 mil 300 millones de pesos y la crisis petrolera mundial postergará las famosas inversiones multimillonarias que beneficiarían a Veracruz a partir de este año.

No hay de dónde obtener oxígeno y, salvo que se ordenen operativos radicales para aplicar multas de tránsito a particulares y transportistas, se radicalicen las medidas de supervisión en empresas comerciales y se inventen impuestos hasta por el número de ventanas, es muy difícil prever una solución previa a que Duarte se vaya a casa y deje la Casa de Gobierno.

El problema lo enfrentarán cientos y talvez miles de empleados de gobierno que serán despedidos, como ya lo hemos comentado, pero el más grave será la cancelación de desarrollo que resentiremos todos los veracruzanos en la próxima década, frente al fortalecimiento de las ventajas competitivas que lograrán otros estados, incluso del sur-sureste.

Y, entonces, ¿qué dirán en asambleas y mítines los candidatos del PRI y del Verde cuando enfrenten el cuestionamiento de los veracruzanos por la errada administración del gobernador que ambos partidos postularon?

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