La violencia homicida se mide por el número de asesinatos por cada cien mil habitantes y año, es decir, no con números absolutos que pueden ser engañosos porque no se toma en cuenta el tamaño de la población de que se trate. Así, si hacemos una revisión de las cifras relativas comparando varias regiones o países, podremos darnos una idea del tamaño del problema que enfrentamos.

Al analizar estas estadísticas me parece que se pueden sacar dos conclusiones muy claras: la primera es que hay una tendencia histórica a la alza de los homicidios en México y en el resto de América Latina, convirtiendo a la región en la más violenta del mundo, y la segunda es que, si no cambiamos el paradigma de seguridad pública y persecución penal en México, nuestro país puede ir convirtiéndose en los siguientes años en uno de los lugares más peligrosos del mundo. Recordemos lo que en esta columna hemos dicho con insistencia, la realidad siempre puede ser peor.

Por regiones del mundo, en la media anual, Europa tiene una tasa de 3 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que América Latina es de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes. La siguiente tabla, con datos del Banco Mundial, puede ilustrar más estas diferencias:

Desde luego visto por regiones, África sigue siendo el continente más violento del mundo, pero América Latina mantiene una tendencia que de acuerdo a la mayoría de los estudios, se convertirá en la región más violenta, y si se ve por países, algunos de ellos como Venezuela, Honduras o El Salvador tienen ya las cifras más altas del mundo.

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De acuerdo al INEGI el crecimiento histórico de los homicidios en México y Veracruz se refleja en los siguientes números:

Y con base en las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz tiene hoy en día una tasa anualizada de homicidios de entre 19 y 21 por cada 100 mil habitantes, ya que el año 2018 finalizó con una tasa de 21 y para julio de 2019 se había bajado a 19 homicidios. Sin embargo la tendencia histórico tanto nacional como estatal es hacia los 25 homicidios por cada 100 mil, misma que podría confirmarse o no, dependiendo de las estrategias de seguridad y procuración que se implementen.

Por ello, resulta sumamente revelador e interesante el estudio (1) que apenas recientemente llevaron a cabo y dieron a conocer dos investigadores de la Universidad de Notre Dame, de Estados Unidos, sobre cómo se redujo la tasa de homicidios en Guatemala a través de lo que denominan “procuración internacionalizada” como una estrategia de cooperación entre organizaciones internacionales e instituciones de justicia para investigar y procesar a bandas delincuenciales coludidas con servidores públicos corruptos, para desmantelar sus estructuras criminales.

El estudio está enfocado en la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), una institución híbrida operada por las Naciones Unidas en la que investigadores internacionales trabajaron de la mano con fiscales y la policía para desmantelar estructuras criminales. Este trabajo permitió la reducción real de los índices de homicidios durante el periodo de 2008 al 2016.

La CICIG basó su trabajo en el uso de inteligencia y de la acción penal contra los grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, a través de investigar y procesar judicialmente casos en los que fuerzas de seguridad estatales se coludieron con grupos del crimen organizado. La estrategia se implementó por las mismas autoridades estatales, pero con la colaboración de actores internacionales que jugaron un papel clave de asesoría y asistencia técnica en algunos casos como co-fiscales.

Se trata de casos en los que las instituciones judiciales ordinarias han sido inefectivas y donde víctimas y fuerzas contra la impunidad buscan desarrollar mecanismos extraordinarios en procesos penales locales con el soporte internacional directo que resulta de acuerdos entre organizaciones internacionales y el país huésped.

El estudio evidencia que la CICIG contribuyó fundamentalmente en la adopción de un nuevo paradigma de seguridad ciudadana por medio del cual las autoridades investigaron, procesaron y enjuiciaron a miembros de estructuras criminales por medio de nuevos métodos de investigación, incluyendo intervenciones en comunicaciones, vigilancia sistemática con videocámaras, análisis científico de evidencia forense y el desarrollo de programas de protección de testigos.

Los consultores internacionales de la CICIG entrenaron y capacitaron a elementos del Ministerio Público y a la policía en estos métodos, creando mecanismos de coordinación interinstitucional entre el MP y la policía, y desarrollando mecanismos de control interno y externo para empoderar a buenos policías y fiscales, quienes llevaron los casos ante nuevos juzgados con perfil de alto riesgo.

Lo curioso y quizá la lección a aprender es que Guatemala llevó a cabo todo esto exactamente durante los mismos años en los que en México se declaró la guerra a los carteles, pero con los resultados diametralmente contrarios. México tuvo un baño de sangre con cientos de miles de homicidios y desaparecidos más, mientras que Guatemala se ahorró miles de homicidios a través de un trabajo minucioso, cuidado, asesorado y estratégico por medio de investigaciones eficaces y de procesos penales bien fundamentados.

Es decir, México apostó a la fuerza y no a realizar buenas investigaciones y casos bien probados jurídica y procesalmente, mientras que Guatemala invirtió en buenas investigaciones, bien soportadas procesal y jurídicamente, y con una mirada de cooperación y coordinación interinstitucional. La diferencia, de acuerdo a este estudio, son miles o cientos de miles de muertos más del lado de México y menos del lado de Guatemala.

Es el momento de apostar por este tipo de estrategias y abrir las puertas a la cooperación de actores internacionales si queremos no nada más bajar las tasas de homicidios actuales, sino más bien no permitir que suban como claramente demuestran las proyecciones sobre la violencia en nuestros países. Y Veracruz podría marcar la pauta.