El informe provisional sobre la situación de los derechos humanos en México, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), propinó tremendo descontón a la administración de Enrique Peña Nieto.

Es una raya más al tigre. Desde hace un año, una tras otra, el gobierno de Peña Nieto ha perdido todas las batallas diplomáticas relevantes sobre el estado que guardan los derechos del hombre en el país. Su política de contención de daños en los foros internacionales parece coladera. Su capacidad de presión ante organismos multilaterales se encuentra sumamente mermada. Sus maniobras no han logrado impedir que se conozca la grave situación que prevalece en el país en este terreno.

La delegación de la CIDH estuvo en México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Su llegada estuvo precedida de múltiples tensiones con el gobierno federal. Según informó Mario Patrón, director del Centro Pro de Derechos Humanos, en una sesión en Washington celebrada la última semana de julio, en la que se discutió prolongar el mandato del GIEI, el embajador de México ante la OEA, Emilio Rabasa, se confrontó con el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

Finalmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se vio forzada a extender una invitación al pleno de la CIDH para evitar que el organismo incluyera a México en el capítulo cuarto de su informe anual. Un Estado es incluido en el capítulo cuarto si el organismo reúne información de múltiples fuentes que evidencien violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos, incluidas las conclusiones de otros órganos internacionales de derechos del hombre sobre la situación del país.

Rabasa, quien, en tiempos de Ernesto Zedillo encabezó, con más pena que gloria, la coordinación para el diálogo en Chiapas, quiso matizar en los medios el diferendo con la CIDH. Sin embargo, varias fuentes sostienen que efectivamente el choque se dio y distó mucho de ser terso. La airada respuesta gubernamental, acompañada de una andanada mediática contra Emilio Álvarez Icaza, muestran que el pulso entre ambos no fue precisamente miel sobre hojuelas.

En el terreno, la CIDH constató la grave crisis de derechos humanos que se vive en el país, caracterizada por una situación de extrema inseguridad y violencia, falta de acceso a la justicia e impunidad. Lo sucedido a los 43 normalistas de Ayotzinapa –concluyó la comisión– no es una tragedia aislada, sino parte de un patrón de violaciones a los derechos de los hombres.

Así estamos en el país del cual forma parte Veracruz.