Tengo apenas dos meses de haber dejado de trabajar en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CEAV, y en ese lapso de tiempo se han acercado a mí cuando menos cuatro personas pidiendo orientación por ser víctimas de algún delito o violación de derechos humanos. Quieren saber principalmente a dónde pueden dirigirse, qué derechos tienen y quién puede asesorarlos jurídicamente. Pero resulta que yo no soy asesor jurídico y ni siquiera soy abogado, por lo que mi ayuda ha sido únicamente comentarles sobre sus derechos y las medidas e instancias que deben atenderlos como las comisiones de víctimas.

La Ley General de Víctimas, LGV, nació de un legítimo reclamo de la sociedad para contar con una instancia que se dedicara exclusivamente a atender a las víctimas, diferenciada de las figuras de investigación y persecución del delito o de investigación de violaciones a derechos humanos. La LGV crea la CEAV y también mandata a los estados a contar con sus comisiones estatales de víctimas.

Considero que tanto la LGV como la CEAV y comisiones estatales, cumplen un importante papel frente a las necesidades de las víctimas y también en la implementación y consolidación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en el país. Sin embargo, no hay una figura más importante en ese contexto que la del Asesor Jurídico.

Mi experiencia en este tema me permite decir que las víctimas del país y de Veracruz, tanto si son por delitos o por violaciones de derechos humanos, tienen necesidad de atención psicológica, médica, económica, etc, pero donde ellas se sienten más en un estado de indefensión es en su relación con la autoridad ministerial y ante el desconocimiento legal de los procedimientos y actuaciones para dar seguimiento y defender su caso.

El artículo 10 de la LGV establece que las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de derechos humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos.

Por ello, el Asesor Jurídico, ya sea del fuero federal o del fuero local, es fundamental en el acceso a la justicia de las víctimas, y desde luego, en garantizar sus derechos y acceso a las medidas de ayuda, asistencia, atención, protección y reparación integral.

De acuerdo a la LGV, la función de los asesores jurídicos son:

  • Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad.
  • Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte.
  • Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal.
  • Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la verdad, la justicia y a la reparación integral. Para ello el asesor jurídico podrá contar con servicios de atención médica y psicológica, trabajo social.
  • Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos de la LGV.
  • Tramitar, supervisar o, cuando se requiera, implementar las medidas de ayuda inmediata, ayuda, asistencia, atención y rehabilitación previstas en la Ley.
  • Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación.

Como se puede ver el papel del Asesor Jurídico es fundamental para garantizar los derechos de las víctimas, pero es crucial para acompañarlos en acceder a esos derechos y a las medidas que establece la Ley, destacando el acompañamiento, orientación y representación que puede brindar a la víctima durante los procedimientos penales y administrativos, frente a otras autoridades como el Ministerio Público, un policía ministerial o incluso un juez.

Esto lo debe garantizar el Estado cuando la víctima no tenga un abogado particular y ésta así lo solicite. El problema es que a nivel nacional la CEAV sólo cuenta con 70 asesores jurídicos federales, y en Veracruz solamente hay tres de ellos. La cosa se agrava en el nivel local, ya que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CEEAV, tiene tres asesores jurídicos para todo el estado, y considerando que el 85% de los delitos son del fuero local, la situación es muy grave para las víctimas en cuanto a una justa asesoría jurídica.

Si lo que el nuevo sistema de justicia penal busca es un mejor equilibrio entre los derechos de las partes, esta meta está lejos de lograrse si se cuenta con tan pocos asesores jurídicos. Sólo para ilustrar el tamaño del reto, para los inculpados o presuntos responsables de cometer los delitos, a nivel federal se cuenta con 900 defensores públicos, frente a 70 asesores de la CEAV; y a nivel estatal, hay 30 abogados que fungen ya sea como defensores públicos o de oficio, frente a tres asesores jurídicos estatales.

El Comisionado Ejecutivo de la CEAV, Jaime Rochín, ya hizo un oportuno, pertinente y urgente  llamado a la Cámara de Diputados para que aprueben más presupuesto para el 2018 para la contratación de más asesores jurídicos, mencionando la necesidad de más de 3 mil asesores jurídicos para todo el país, de los cuales la CEAV requeriría por lo menos 300.

Para la CEEAV el reto será urgir al Gobierno de Veracruz y al Congreso Local la contratación de por lo menos 60 asesores jurídicos estatales, por lo menos tres para cada Ciudad Judicial, más los de la sede principal y los especialistas en violaciones en derechos humanos. Ello sin mencionar la pertinencia de que cada asesor jurídico pueda ir especializándose en delitos o violaciones de derechos humanos específicas.

Tanto la Comisión Ejecutiva Nacional como la Estatal deben cabildear ante las propias secretarías de Hacienda y de Finanzas y ante las Cámaras de Diputados respectivas, la ampliación de plazas y recursos para contratar asesores jurídicos, de lo contrario el acceso a la justicia para las víctimas seguirá siendo limitado y parcial.

Por último, hay que valorar la figura del asesor jurídico como un servidor público y un profesionista, no sólo con un salario digno, si no con el reconocimiento social que antes representaba exclusivamente el Ministerio Público en su papel de representante social, y que en cierta forma ahora comparten en la defensa de personas víctimas en lo individual y colectivo.