La madrugada del 5 de junio de 2015, ocho jóvenes, entre ellos estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), fueron agredidos por sujetos encapuchados que irrumpieron el hogar de uno de ellos. A tres años de distancia, la agresión violenta sigue impune.

Aunque el ataque fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), hasta el momento no hay detenidos ni indicios de avances sobre este caso que conmocionó a la sociedad veracruzana.

Al cumplirse el tercer año de los acontecimientos, la UV emitió un comunicado en el que no se refirió al caso de manera concreta o exigió su esclarecimiento, pues sólo se refirió a la violencia generalizada en el estado y especialmente aquella contra los periodistas.

No obstante, AVC Noticias le presenta la cronología de lo corrido durante la madrugada del 5 de junio de 2015.

Los jóvenes celebraban el cumpleaños de uno de ellos cuando un grupo armado con machetes, bates de beisbol y palos con clavos, irrumpió en la vivienda ubicada en la calle Mártires 28 de Agosto, cerca de las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La golpiza causó contusiones fracturas y lesiones severas a los jóvenes, que en algunos casos recibieron machetazos en la cara, o presentaron mandíbulas dislocadas y hasta una fractura craneoencefálica.

En la denuncia quedó establecido que a los jóvenes les robaron celulares y equipo de cómputo.

Al lugar arribaron patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), según el reporte de los lesionados, pero no les brindaron apoyo, pues únicamente tomaron fotografías y se retiraron del lugar.

Tres meses después, el entonces fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, actualmente señalado por ordenar la desaparición de restos humanos hallados en fosas clandestinas, informó que uno de los teléfonos celulares fue hallado tras una balacera ocurrida el 22 de agosto en el centro comercial “Nuevo Veracruz”.

Bravo Contreras aseguró que la investigación seguía su curso y que este hallazgos era “de la mayor relevancia” para el caso y que no se descartaba la participación de elementos policiacos en el ataque.

No obstante, los jóvenes responsabilizaron al entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, y al secretario de Seguridad Pública local, Arturo Bermúdez, de haber ordenado la golpiza, como resultado de su activismo en la ciudad.

Incluso, uno de los estudiantes de la Facultad de Pedagogía que resultó con al menos 15 heridas decidió salir del país y abandonar sus estudios en la Universidad, según dio cuenta el portal SinEmbargo.

A tres años de distancia, el nuevo fiscal Jorge Winckler Ortiz no ha dado información sobre el caso y con el paso de los meses, la Universidad se ha limitado a hacer exhortos solo mediante comunicados como el emitido este 5 de junio.

En este, la institución asegura que existe una “vergonzosa normalización de la violencia en nuestra sociedad” y que esto es consecuencia funesta de la impunidad que se vive en el país.

“Reprobamos el acoso y los ataques físicos a los periodistas que significan un atentado a la democracia. A ellos dedicamos este comunicado en el que, como cada día 5, la institución reprueba todo acto que signifique violación de los Derechos Humanos”.

Perla Sandoval/Avc