La semana anterior, la senadora panista Mariana Gómez del Campo, se pronunció porque sean desaforados los diputados federales veracruzanos Antonio Tarek Abdalá, Adolfo Mota Hernández, Alberto Silva Ramos, Erick Lagos Hernández y Edgar Spinoso.
¿El motivo? Por su presunta participación en actos de corrupción cometidos durante el gobierno de Javier Duarte.
Caray, no cabe duda que la vida da muchas vueltas. Lo digo porque el jueves 3 de septiembre del 2015 (cuando Javier Duarte seguía creyendo todavía que él escogería al candidato a sucederlo en la gubernatura), el diputado federal Alberto Silva Ramos, acompañado por 19 diputados federales del PRI y del Partido Verde de Veracruz, exhibieron información sobre cuentas bancarias y propiedades de Miguel Ángel Yunes Linares que superan los 100 millones de pesos.
Ese día, el legislador tuxpeño hizo un exhorto a la entonces Procuradora General de la República, Arely Gómez González, para que agilizara las investigaciones contra Yunes Linares y lo metiera al bote.
Pero la petición no prosperó.
Y no prosperó porque si la PGR apañaba al panista, la bancada del blanquiazul y los perredistas habrían exigido lo mismo para Javier Duarte.
En aquella ocasión sólo los 20 legisladores veracruzanos pidieron castigo para Yunes, ya que ni el líder nacional de ese partido, Enrique Ochoa Reza, ni el resto de la bancada tricolor apoyaron el exhorto.
Meses después y a consecuencia de que MAYL había denunciado penalmente a Javier Duarte, esos mismos 20 diputados federales firmaron una carta abierta donde manifestaron su “apoyo incondicional” al entonces gobernador.
En la parte medular de la misiva señalaron: “… Consideramos injustas y desproporcionadas las expresiones en torno a la supuesta sanción en contra del gobernador Javier Duarte de Ochoa, basadas en las denuncias presentadas en su contra por el entonces candidato a la gubernatura del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares… Es ingenuo pensar en sancionar a un militante que durante su vida política ha apoyado al partido donde milita, teniendo como único sustento los señalamientos que nuestros adversarios políticos han hecho en contra de él”.
Y otra vez nadie más del tricolor firmó esa carta.
Duarte y sus diputados se estaban quedando solos y, o nadie se los dijo o nunca lo quisieron ver.
Esta vez es la senadora Gómez del Campo la que pide la cabeza de cinco de los 20 diputados veracruzanos a los que acusa directamente de coludirse con el ex gobernador.
Y es casi seguro que su petición prospere. ¿Por qué? Porque debido al tufo duartista que despide esta quinteta, ni al PRI ni a Enrique Peña les interesa defenderlos.
En otros tiempos, los senadores y diputados del PRI se habrían alzado en bloque para defenderlos, pero esta vez no sucedió así. Los están dejando a su suerte.
Esta vez Tarek, Mota, Silva, Erick y Edgar Spinoso saben que nadie en el Congreso levantará un dedo para abogar por ellos. Como no lo harán los 15 diputados veracruzanos restantes y menos los senadores Héctor Yunes Landa y José Yunes Zorrilla que no los pueden ver ni en pintura.
Pero es importante señalar que Mariana Gómez no actuó sola sino a petición del nuevo gobernador.
Si el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares sigue empujando y logra que los desafueren y los presenten ante las autoridades, le habrá dado un tiro de muerte al duartismo y enterrará para siempre los resabios de la fidelidad.
Sí, la vida da muchas vueltas.
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