La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Cancillería, ya solicitó al Gobierno de Guatemala que se integre al proceso de extradición del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa el delito de desaparición forzada.

Lo anterior, fue informado por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que señaló que de trata de una solicitud de excepción al principio de especialidad para incluir delito de desaparición forzada.

“Ya existe una orden de aprehensión pero no se puede ejecutar hasta que el Gobierno de Guatemala no otorgue la autorización”.

Por ello, dijo que esperan que esto pueda lograrse a fin de que enfrente los mismos delitos que mantienen en la cárcel al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez y el ex fiscal general Luis Ángel Bravo

“Hay pendiente de ejecutarse una orden de aprehensión por desaparición forzada, delito por el cual están siendo procesados el ex fiscal, el ex secretario de Seguridad Pública y un número importante de mandos y de policías de la Secretaría de Seguridad Pública”.

Y añadió que a esto se suma las 72 denuncias que tiene pendiente la PGR y que fueron interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por el desvío de casi 27 mil millones de pesos durante le Gobierno de Javier Duarte.

“Están pendientes de ser tramitadas en la PGR y seguramente el procurador actuará como la ley lo ordena”.

Sobre el caso de la extradición de Karime Macías, esposa del ex gobernador Javier Duarte, el gobernador reconoció que aunque el proceso sigue, este es complicado porque el Gobierno de Reino Unido tiene que darle la oportunidad de defenderse.

“Se lleva a cabo una especie de juicio, se le llama a la señora para decirle que tienen una orden de extradición y ella tiene el derecho a defenderse, es un procedimiento complejo, que no es fácil o corto, sino más bien largo”.

Cabe recordar que ella enfrenta una orden de aprehensión por el desvío de recursos a su paso como presidenta del DIF estatal.

Además, dijo que también hay un proceso para la recuperación de bienes en manos de la familia Tubilla, como los terrenos ubicados en una reserva de Coatzacoalcos.

“Los hemos tratado de hacer a través de Invivienda; sin embargo fueron muy mañosos para cubrir esas donaciones, solicitaron créditos con cargo a los terrenos, hicieron fideicomisos y es un proceso muy complejo en manos de Invivienda para tratar de recuperar esos bienes que son de los veracruzanos”.

Alejandro Cossío no es empresario, sino un coyote

En otro tema, cuestionado sobre el reloj que instaló en plaza Lerdo el empresario Alejandro Cosío para contar los días que le quedan a su Gobierno, dijo que está consciente del tiempo que le queda al frente del Ejecutivo.

“Tengo muy claro que los cargos en algún momento se terminan y en mi cuenta regresiva me indica que tengo todavía 99 días, 11 horas y 35 minutos. Me queda perfectamente claro que los cargos son pasajeros, y la democracia es para servirle al pueblo de Veracruz”.

No obstante, insistió en que Alejandro Cosío no es empresario, sino un “coyote” o intermediario, y que ni siquiera se encuentra en el listado de proveedores a los que le debe el Gobierno del estado.

“No se encuentra ni él ni tampoco los que se agrupan en esta asociación (Empresarios SOS), incluso uno de ellos pretende cobrar la renta de camionetas Suburban, se hizo análisis de documentos y sólo se encontró una fotocopia de una factura, se fue al domicilio y no existe oficina. Quien instaló el reloj no es empresario y el Gobierno del estado no le debe ni un centavo, los coyotes no tienen espacio en este Gobierno”.

Recordó que incluso ya se ha depurado la lista de los empresarios que exigen el pago de adeudos, pues aseguró que había “pillos” que querían que se les pagara sin tener el respaldo de los servicios o productos vendidos al Gobierno.

“Resulta que la deuda (del Gobierno) no era de 40 mil millones, la deuda que podría reconocer es de 296 millones de pesos”.

Perla Sandoval/Avc