Ahí nomás para la anécdota. ¿Sabía usted que un Consejero de la Judicatura Federal, un Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial y un Ministro de la Suprema Corte de Justicia ganan más que el Presidente de la República? ¿O que un funcionario público de medio pelo –un diputado federal o un secretario de gabinete estatal- puede llegar a ganar hasta 10 veces más que algunos de sus colaboradores? Bueno, así está la distribución del ingreso público en México.

Tal vez por ello ha calado hondo –en los ciudadanos a favor y en los funcionarios como un llamado a la zozobra-, el anuncio del presidente electo sobre la decisión de recortar su sueldo como mandatario de México al 40 % de lo que actualmente gana Enrique Peña Nieto, quien percibe poco más de 270 mil pesos mensuales; de este modo, López Obrador señaló que a partir de diciembre del año en curso, cuando tome posesión, ganará 108 mil 248 pesos como remuneración mensual. Y arriba de él nadie.

El argumento lopezobradorista recala nuevamente en sus fundamentos juaristas. Para quienes sólo han oído hablar de la honrada medianía a la que se refería Benito Juárez, les comparto el origen de ese principio.

“Los funcionarios públicos… no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”, expresó Benito Juárez al abrir, como gobernador, el primer periodo de sesiones de la X Legislatura del estado de Oaxaca, el 2 de julio de 1852.

Quienes se puedan ver afectados por esta disposición, aludirán al propio enunciado del Benemérito, señalando que los ingresos de la alta burocracia están señalados en la propia ley. Eso es cierto. Pero también es cierto que se puede modificar, como lo ha propuesto el presidente electo.

El debate está dado desde dos posiciones. Quienes defienden la medida con inteligencia –hay a quienes sólo mueve el ánimo de revancha social-, apuestan a que un país en crisis y con una alta dispersión en la distribución del ingreso no puede pagar esos salarios a sus funcionarios, como no los pagan incluso las naciones más desarrolladas. Ni Obama, pues.

Quienes están en contra de la medida –los burócratas, por supuesto, y algunos analistas económicos-, dicen que si el gobierno no paga bien, los mejores talentos y aquéllos funcionarios más calificados, emigrarían a la iniciativa privada, dejando el servicio público a los menos capaces, y con ello, dificultaría los objetivos de un gobierno eficiente.

Del primer argumento, sobran ejemplos exitosos; del segundo, hasta ahora sólo son especulaciones que surgen del temor a empobrecer la catorcena. Nadie, absolutamente ningún servidor público, puede ganar más que el Presidente; es un mandato constitucional. Así que si López Obrador se baja el sueldo, en automático la medida va para adelante.

“Quien trabaje en el gobierno o sirva al Estado mexicano merece, sin duda, contar con un salario digno que le permita contar con las condiciones básicas de comodidad y seguridad necesarias pa­ra poder desempeñar con profesionalismo y rectitud su encargo público. De lo contrario, se merma el desempeño de los servidores públicos y se genera un caldo de cultivo para la corrupción, el conflicto de interés y la extorsión”, publicó John Ackerman en La Jornada este lunes, citando en parte las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de ­Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, quien las hizo en aparente réplica a López Obrador.

Por primera vez, el Estado mexicano entrará a la discusión de lo que es un sueldo digno.  Resulta evidente, por ejemplo, que ni los 100 mil pesos anuales que gana un maestro de primaria, ni los más de 4 millones de pesos anuales que reciben los ministros constituyen ejemplos a seguir, como dice Ackerman.

Pero no sólo eso. Sin poner énfasis en el monto devengado, también será necesario establecer quienes sí tienen el merecimiento para alcanzar esa remuneración. Hasta ahora, no hay una evaluación del desempeño que garantice no sólo el desarrollo profesional, sino también un salario que corresponda a las capacidades de cada persona.

Para todos es conocido que los montos salariales se determinan muchas veces de manera discrecional, de acuerdo a su vínculo personal, familiar o afectivo, y no a la experiencia para el desempeño de una función determinada. De nada servirá que ganen poco si de todos modos lo hacen mal, al amparo de sus padrinos y protectores.

Hay cosas que conviene creer. Si la reducción salarial a la alta y exquisita burocracia del gobierno federal se cumple –esperemos que en Veracruz suceda lo mismo-, entonces sin pudor podré declararme un nuevo Amlover.

En contrario, si bajar sueldos es una estrategia sólo para engordar el gasto discrecional del gobierno y hacer una purga sin asumir los costos políticos/laborales, entonces sí estaríamos caminando a la democracia imperial.

Las del estribo…

  1. La noche del lunes, cuando empresarios eran desalojados de palacio de gobierno por exigir que les pagaran, una mujer fue despojada de sus pertenencias frente a los propios policías que resguardaban el inmueble. Es la imagen de lo que sucede en Veracruz: la seguridad pública al servicio del gobierno mientras los ciudadanos están en completa indefensión.
  2. Por segundo año consecutivo, Veracruz presenta cifras negativas en crecimiento económico y generación de empleo. La deuda se mantiene en su mismo nivel y la inversión pública es prácticamente nula. Las cifras negras de este bienio empezarán a salir a la luz pública aún antes de que concluya, tal y como sucedió con Duarte. Si la lucha continúa –como ha dicho el Gobernador para sí mismo-, es muy probable que sea en otra parte…