Los saqueos de Estado, las campañas para sembrar el terror en la sociedad y las infiltraciones de protestas pacíficas tienen todo el sello de un régimen que va más allá del PRI propiamente dicho y que ha incorporado como piezas orgánicas al PAN, al PRD y a otras patentes electorales, y sin la participación del poder público no se explica la sincronía y organización con la que ha operado el vandalismo.

¿Para qué? Bueno, si no es para inhibir, desalentar, distorsionar y desvirtuar las extendidas manifestaciones de repudio mediante el terror, como en efecto se logró parcialmente en Veracruz y el Estado de México podría ser, como último recurso, para crear el escenario adecuado para estrenar la Ley Reglamentaria del Artículo 29 e imponer un estado de excepción muy conveniente en tiempos en que el priismo tiene ante sí la perspectiva de catástrofe electoral que el peñato ha construido con inaudita perseverancia.

Paradójicamente, al empecinarse en reconstruir la presidencia priísta omnímoda, Peña Nieto se colocó a sí mismo como el jefe nato del partido tricolor con todo lo que eso conlleva: las redes clientelares y lumpenescas, los oxidados aparatos de control corporativo y los ya mencionados grupos de choque permanentes o ad hoc que desde 1968 han sido empleados para golpear en forma colateral a las protestas populares.

Es pertinente, por ello, demandar al propio titular del Ejecutivo que se ponga fin a los saqueos, provocaciones, campañas de desinformación y siembras de pánico y que el gobierno respete escrupulosamente los derechos de la ciudadanía a la manifestación pacífica y a la libre expresión de su descontento.

Por eso, señor Presidente, ya párele con sus saqueos y vandalismo.