Mientras los resultados de una encuesta aplicada por Consulta Mitofsky dados a conocer ayer, señalan que la Secretaría de Marina-Armada de México es la institución de seguridad mejor evaluada, con 8.3 de calificación (la más alta si consideramos que el Ejército obtuvo 8.0 y la Policía Federal aprobó de panzazo, con 6.6), en Veracruz los ditirambos políticos entre el PAN yunista y el gobierno de Javier Duarte de Ochoa están poniendo en riesgo la colaboración con el gobierno federal en la lucha contra la delincuencia organizada en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.
Según Mitoksky, el 55 por ciento de los mexicanos dijo confiar “mucho” en la Marina, 51% en el Ejército y 26% en la Policía Federal, mientras que 3 de cada cuatro mexicanos (75%) califican como “bueno” el trabajo de la Marina Armada, por 6% que lo considera malo. “Respecto a las funciones encomendadas a la Marina de México (…), 79% opina que combate de manera adecuada el narcotráfico, 65% opina que su labor en la “captura de delincuentes” es la adecuada (…) y un 60% declara que los trabajos de inteligencia que realiza son los adecuados”.
El quiebre en el esquema que se aplica hace ya dos años en la zona metropolitana más importante de la entidad, asolada por las bandas criminales, podría tener su origen en un proyecto político particular que, a raíz del triunfo del PAN en los comicios municipales, buscaría establecer una cabeza de playa del yunismo blanquiazul en Boca del Río, en cuya realización el alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez ha emprendido una lucha mediática y legal para recuperar el control de la oficina de Tránsito, actualmente en manos de la Marina.
En efecto, desde el viernes pasado, el alcalde boqueño ha recrudecido el tono de confrontación contra el gobierno estatal para regresar al esquema de Tránsito municipal, ha nombrado a Jaime Téllez Marié como director de la oficina y ha amenazado con emprender acciones legales si Tránsito Estatal sigue patrullando en su demarcación. Todo ello, en lugar de llevar un procedimiento que permita una transición más tersa y menos complicada.
El problema, que ayer mismo explicó Javier Duarte de Ochoa en su semanal conferencia de prensa, es que tanto las tareas de la policía como las de tránsito y vialidad están en manos de la Secretaría de Marina, como parte del compromiso suscrito con el gobierno de Enrique Peña Nieto para sostener el programa conjunto Veracruz Seguro.
La respuesta desafiante del edil boquense, ayer mismo, fue de calificar como actitud infantil los comentarios del mandatario estatal y dijo algo que, si hubiera concordia y ánimo político para negociar, permitiría llegar a un arreglo benéfico para ambas partes: que el ayuntamiento solo busca tener control de tránsito y vialidad y continuar con la colaboración de la Marina exclusivamente en los aspectos policiacos.
¿Por qué, entonces, no se calman los ánimos y se busca un periodo adecuado para la transferencia de las funciones en las materias en disputa?
Y, ahora, ¿quién podrá defendernos?
Javier Duarte dijo ayer frente a reporteros que acudieron a su conferencia de prensa, que “es un clamor de la sociedad” de la conurbación Veracruz-Boca del Río que la Marina se mantenga en funciones de seguridad, y añadió que el ayuntamiento boqueño debe actuar de conformidad con las propias leyes y los acuerdos con el Gobierno federal para “sacar a los marinos de su municipio”, si bien reconoció que la autoridad municipal está en todo su derecho.
En efecto, uno de los compromisos de campaña del actual Presidente de la República cuando estuvo en el Puerto fue la permanencia de la Policía Naval al frente de la seguridad y el tránsito en las calles, como una forma de atender con prontitud y eficacia el combate al crimen organizado.
Esta medida está contenida, según señaló Duarte, en un convenio suscrito por los tres niveles de gobierno, mediante el cual tanto el Gobierno del Estado como los ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río cedieron las atribuciones señaladas a la Policía Naval.
Para nadie es un secreto que, antes de que se implantara el operativo conjunto Veracruz Seguro, tanto las policías municipales como los elementos de Tránsito municipal en las dos demarcaciones conurbadas estaban no solo incapacitadas para enfrentar la escalada de violencia que se dio en 2011 por la lucha entre bandas criminales por el dominio de la plaza, sino que estaban coludidos con los delincuentes.
Tanto porteños como boqueños sabían a ciencia cierta que enfrentaban, en las calles, no solo a los criminales sino también a las fuerzas del orden que estaban cooptadas por las diversas organizaciones delictivas que mantenían a raya a la población.
Poner en juego esta situación por confrontaciones políticas puede tener serias repercusiones, a no ser que las partes se sienten a dialogar y establezcan estrategias que permitan continuar con el operativo sin importar que las tareas de tránsito y vialidad regresen al imperio de los yunistas. Un negocio, por cierto, que reditúa grandes ganancias a los ayuntamientos.
Seguridad, divino tesoro
Por otra parte, aunque el gobernador Javier Duarte de Ochoa dio datos sobre los avances en turismo, lo cierto es que el tema de la seguridad siguió llamando la atención de periodistas y del propio mandatario.
Aunque no iba preparado, según dijo en respuesta a un reportero de la televisión, Duarte aportó datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que pueden calificarse de esperanzadores, si bien demandan que la batalla contra el crimen se mantenga con la misma intensidad.
De 2012 a la fecha, dijo, el SNSP reporta bajas importantes en los índices de criminalidad. En homicidios dolosos se reporta una disminución del 42 por ciento en 2013 y en lo que va de 2014 una reducción adicional de 19 por ciento. En cuanto a los homicidios relacionados o vinculados con el crimen organizado, de 2012 a 2013 se observó una disminución del 46%, mientras que en el primer trimestre de 2014 se experimentó una disminución de 31 por ciento.
Uno de los datos que permiten observar un relativo éxito en el combate al crimen organizado es que, mientras en 2013, los homicidios vinculados con grupos delicuenciales representaron el 82 por ciento, en lo que va de este año la relación ha disminuido al 58 por ciento. Ello permite suponer que la tarea para las autoridades judiciales estatales es mayor, pues el 42% restante corresponden al orden común.
En cuanto al delito de extorsión, Duarte dijo que el SNSP reporta que se redujo en un 31% entre 2012 y 2013, y que en los primeros meses de 2014 se ha logrado disminuir en 35%. En cuanto al robo, ha caído en 30% entre 2013 y 2014.
Es en el combate al delito de robo de vehículos, que la asociación de aseguradoras del país había señalado como uno de los puntos más riesgosos en nuestro territorio, donde se ha observado una mejoría en materia de recuperación de autos robados, el 20 por ciento de los denunciados.
Todo ello está muy bien, empero, la percepción de los veracruzanos sigue siendo en el sentido de que crece la inseguridad, lo que se fortalece con la proliferación de sitios en que se escenifican enfrentamientos entre delincuentes y fuerzas de seguridad.
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