El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y Consejo de la Judicatura, Alberto Sosa Hernández, reconoció que este Poder debe 268 millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Indicó que se trata de recursos de cuotas que fueron descontados a los trabajadores, pero que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) nunca transfirió, por lo que aseguró que la deuda es responsabilidad total del Poder Ejecutivo.

“Se los voy a decir, lo que nosotros debemos al Instituto de Pensiones son 268 millones de pesos, no es la cantidad que se dice. Yo no tengo porqué engañar a nadie o decir mentiras”.

Entrevista tras la sesión del Consejo, precisó que el adeudo data ya desde el inicio de su administración al frente de esta soberanía, y que están en imposibilidad de liquidar el adeudo debido a que Sefiplan ha manifestado no contar con los recursos para hacerlo.

Precisó que a su llegada a la presidencia del Poder Judicial encontró un adeudo de 120 millones de pesos, que se fueron pagando cuando las remesas se pagaron de manera puntual, lo cual comenzó a ser imposible cuando el pago de las ministraciones llegó retrasado.

“La Secretaría de Finanzas no hace el pago correspondiente de estas cantidades al Instituto de Pensiones, si no nos llegan estas cantidades no podemos de ninguna manera tomar de renglones distintos porque tendríamos otros problemas”.

Negó que la deuda sume 400 millones de pesos tal como lo señaló el secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial, Omar Mora Del Moral, a quien pidió hablar con verdad.

Sosa Hernández agregó que la respuesta de Sefiplan ante el adeudo es que buscarán pagarlo posteriormente al Poder Judicial o depositarlo directamente al IPE.

Se conjura huelga

En otro tema, indicó que la huelga que el Sindicato Mayoritario había convocado para este lunes se conjuró debido a que llegaron a un acuerdo.

Dijo que en la audiencia de advenimiento se logró acreditar el pago de las prestaciones que los trabajadores reclamaron como el Bono trimestral y el Bono del Día del Empleado, con lo cual se desechó el emplazamiento a huelga.

Sosa Hernández agregó que el diálogo es la vía de resolución de problemas y no la toma de carreteras que afectan a terceros, en clara referencia a las acciones de los agremiados al Sindicato minoritario que durante varios días cerraron Lázaro Cárdenas para exigir el pago de las prestaciones antes descritas.