La recién aprobada reforma a Ley del Instituto de Pensiones del Estado ha enfrentado al poder legislativo y al ejecutivo quien la ha vetado pues insiste en que es un error que traería graves consecuencia al estado.

En contraparte, la diputada de Morena Daniela Griego acusó que el veto a la ley tiene un trasfondo político y no económico, y la intención era mudar el sistema estatal a bancos a través de Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

El director del Instituto de Pensiones del Estado, Hilario Barcelata, afirmó que el impacto de la reforma suman 450 millones de pesos mensuales al subsidio anual que el gobierno estatal aporta y que es de 2 mil 126 millones actualmente.

Afirmó que con esta nueva medida, el Instituto tendría un pasivo actuarial, es decir, un pago pendiente a lo largo de la vida de los pensionados y  de los 100 mil trabajadores en activo de 17 mil 800 millones de pesos.

“Estamos hablando que se estaría incrementando el pasivo actuarial en 17 mil millones, que sería responsabilidad del instituto ir pagando año con año como parte de lo que paga por las pensiones. Para la próxima administración el pago adicional, en los seis años, es de 2 mil 700 millones de pesos adicionales para cubrir el subsidio”.

Consideró que el actuar del gobernador es responsable, al no querer dejar una mayor carga económica a la próxima administración estatal.

Si promulgo la ley estaría haciendo un daño a Veracruz: MAYL

Este miércoles, el gobernador envió una carta al Congreso Local para señalar que la ley aprobada el pasado 26 de julio, pone en riesgo las finanzas del Instituto de Pensiones, pero también las finanzas públicas del Estado de Veracruz.

Reiteró que de proceder con la reforma en los años próximos, el Gobierno de Veracruz, tendría que entregarle al Instituto de Pensiones más de 17 mil millones de pesos, y la siguiente administración tendría que entregarle más de 2 mil millones adicionales a los 2 mil 400 que ya les entregamos. Esto significaría un quebranto en las finanzas públicas del Estado.

“ Si yo promulgara esta ley estaría causándole un daño a Veracruz y no lo voy a hacer”, dijo.

El mandatario devolvió la reforma al Congreso del Estado con observaciones y abundó “ espero que la diputadas y diputados hagan un análisis profundo, un análisis serio, de lo que el Gobernador les dice a través de esta comunicación; si no coinciden, ellos tienen la facultad de volver a aprobar la ley y entonces se publicaría”.

Quieren privatizar las pensiones: Morena

Por su parte, la presidenta de la comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del IPE del Congreso local, Daniela Griego Ceballos, no descartó un compromiso o pacto con la banca privada.

“El fondo del gobernador tienen que ver, con un planteamiento mundial y nacional, sobre los sistemas de pensiones que han ido poco a poco privatizando. Yo creo que ya había un avance y un acuerdo en ese sentido, con los propios empresarios, dueños de afores, de poder transformar el Sistema Estatal de Pensiones a cuentas individuales o mixtas.
“Yo creo que por ahí había avanzado un acuerdo, pensaron que iba a ganar el hijo del Gobernador y quizá tenían una iniciativa avanzada”, especuló.
La legisladora de Morena aseguró que hay evidencia de que el gobierno ha respondido al interés de la banca privada, una muestra es la reestructuración de la deuda pública que no generó un ahorro para el Estado.

“Fue de las pocas cosa que logró concretar y respondió a un sector que son los banqueros y no me extrañaría que ya trajera un acuerdo avanzado, porque ha habido una danza de cifras sobre los adeudos con el IPE”, reprochó.

Observó que las cifras que presentó el gobernador no son claras, y es necesario que se entregue el estudio actuarial a la Cámara, y se dijo confiada que la actual Legislatura podría atender las observaciones y determinar qué es lo procedente.

Los datos sobre los pasivos y la deuda estatal son variados, se reconoce un pasivo de 8 mil millones de pesos que se tomaron de la reserva técnica; se habla de un déficit de más de 2 mil 200 millones de pesos, que crece de manera anual en otros 300 millones de pesos,

“Y se habla de una deuda de más de 900 millones que se debe de retroactivo, a personas que ya se jubilaron, que ya no reciben salario pero no han recibido su pensión”.

Insistió que va a esperar a que se remitan las observaciones y las va a presentar a los sindicatos para dar una respuesta en conjunto, igual que como se construyó la ley.

Isabel Ortega/Avc