La imparcialidad en el juicio que ahora se sigue en la instancia federal por el asesinato de la periodista Regina Martínez, ha quedado bajo sospecha.

Y es que el desenlace de la siguiente etapa procesal de este caso, sea cual fuere, ha sido salpicado de suspicacias por la designación, primero, en diciembre de 2013, de María Dolores Silva Obando como integrante del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, ya que la funcionaria de este órgano dependiente del Poder Judicial del estado, cuyo nombramiento fue ratificado por el pleno de la LXIII Legislatura local, es esposa del magistrado federal Agustín Romero Montalvo, miembro del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito, con sede en Xalapa, donde en octubre del año pasado fue interpuesto un recurso de amparo promovido por Ángel Alfonso Martínez, quien como agraviado por el asesinato de su hermana Regina demandó la revocación del auto de libertad que los tres magistrados de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado, a propuesta del magistrado Edel Álvarez Peña, decretaron de manera dividida (dos a uno) en favor de Jorge Antonio Hernández Silva, “El Silva”, uno de los dos presuntos autores materiales del crimen de quien fuera corresponsal de la revista “Proceso” en Veracruz, el cual, según versiones periodísticas, la noche de su liberación en agosto de 2013 habría sido sacado en una camioneta de lujo y trasladado hasta el estado de Chiapas.

No obstante lo débil de la controvertida sentencia de Álvarez Peña –ex presidente del CDE del PRI y ex alcalde de Coatzacoalcos, sin trayectoria jurídica reconocida, cuya designación como magistrado a finales del sexenio del gobernador Fidel Herrera Beltrán fue muy cuestionada por otros miembros del Tribunal Superior de Justicia del estado, entre ellos por

Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, de la Sexta Sala del Poder Judicial de Veracruz, quien públicamente dijo que “ahora cualquier pendejo puede ser magistrado”–, los abogados de “El Silva”, en un escrito entregado el jueves 3 de abril al presidente del Cuarto Tribunal Colegiado, Héctor Riveros Caraza, pidieron que el magistrado Romero Montalvo, a quien le había sido turnado este expediente para la elaboración del proyecto de sentencia, se excusara de conocer el caso por el supuesto conflicto de interés. En su alegato, la defensa del presunto homicida exigía que la resolución se fundamentara sólo con criterios jurídicos “y no por compromisos políticos”.

Los abogados de “El Silva” lograron su propósito gracias al ruido mediático que se armó. Así, para evitar suspicacias, el Consejo de la Judicatura Federal, que es la instancia encargada de la vigilancia y administración de los juzgados y tribunales federales, decidió remover del Cuarto Tribunal Colegiado con sede en Xalapa al esposo de María Dolores Silva Obando. Sin embargo trascendió que el nuevo magistrado ponente es Arturo Navarro Platas, quien anteriormente fue secretario de estudio y cuenta de Romero Montalvo, pero con el cual habría quedado muy resentido porque éste lo desplazó por favorecer a otra persona. Así que desde ahora se da como un hecho que el proyecto de sentencia de Navarro será totalmente contrario al que supuestamente ya había elaborado su ex jefe, lo que tampoco garantiza justicia plena a Regina y a sus familiares si es que finalmente, por una perversa vendetta, se ratificara el auto de libertad concedido al presunto asesino de la periodista por el magistrado Álvarez Peña, cuya polémica sentencia, en agosto de 2013, también se consideró como un ajuste de cuentas a la administración del gobernador Javier Duarte por supuestas facturas políticas y económicas que el ex dirigente priista y empresario periodístico tiene aún pendientes de cobrar.

Pepín: Acoso mediático

En la zona conurbada Veracruz-Boca del Río el debate mediático en torno a las finanzas del Sistema Metropolitano de Agua y Saneamiento (SAS) saca chispas.

El ex director del organismo y actual subsecretario de Desarrollo Social, José Ruiz Carmona, ha dado la cara y se ha enfrentado mediáticamente al presidente municipal de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Y es que los Yunes y sus aliados han impulsado un linchamiento mediático utilizando información que con antelación había sido difundida por el propio Pepín Ruiz.

Es pública la animadversión que el edil boqueño guarda a Ruiz Carmona luego de que el ex diputado local prefirió militar en el PRI y no siguió a la familia Yunes al PAN.

La decisión de Pepín le ha costado un virulento ataque mediático por parte del alcalde panista, quien ha pretendido responsabilizar al también empresario de la situación del organismo paramunicipal. Pero Ruiz Carmona ha declarado que está dispuesto a que se revise una vez más su gestión, no sin antes dejar en claro la situación en la que tomó las riendas del SAS.

El subsecretario de la Sedesol  informó que lleva al hilo 19 auditorías y que le fue heredada una deuda de 550 millones de pesos, que disminuyó a 240 millones de pesos.

La afrenta entre Yunes y Ruiz seguirá, pues todo indica que Pepín no se quedará callado.

IVAI, ‘desangelado’

Luego de la obligada salida de Luis Ángel Bravo Contreras para asumir la titularidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) se ha venido dando un extraño vacío que ha ido postergando asuntos internos de cierta relevancia.

Bueno, la distracción que parece invadir a los consejeros es tal que ni siquiera han caído en cuenta de que ya debieron haber ratificado a Miguel Ángel Díaz Pedroza como Secretario Ejecutivo de este organismo autónomo.