El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), presentó recientemente el estudio “Dentro de las prisiones de América Latina y el Caribe, una primera mirada al otro lado de las rejas”, en el que señala que América Latina tiene una población penitenciaria de 262 reclusos por cada 100 mil habitantes, siendo el promedio mundial de 145 reclusos por cada 100 mil. Igualmente informa este estudio que en América Latina se ha incrementado la población penitenciaria en 120% desde el año 2000, y que el promedio mundial de incremento ha sido de 24%.

Estos son otros datos de la crisis de violencia que vivimos en América Latina (en otra artículo documenté cómo nuestra región se está volviendo la más violenta del planeta), y de la crisis de los sistemas de justicia penal que no terminan de cuajar por ningún lado en nuestros países.

El Gobierno Federal, dentro de su Estrategia para la Paz y la Seguridad, ha hecho uno de sus ejes la revisión y mejora del sistema reclusorio del país, y así lo ha venido anunciando Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Como esa misma estrategia reconoce, el tema central es el de mejorar el sistema de justicia y las causas que dentro de este sistema llevan a los niveles de impunidad que existen, y no podemos seguir enviando necesariamente como una regla a rajatabla a los pocos procesados y sentenciados a la cárcel.

En México en promedio estamos en el límite de sobrepoblación en las prisiones (aunque el estudio de marras señala que en las prisiones estatales del país hay un 34% de sobrepoblación). Si nuestro sistema fuera más eficiente se necesitarían más lugares en las prisiones o más prisiones para responder a un incremento en la eficiencia del sistema de justicia penal o una baja en la impunidad. Y aunque así fuera, no tendríamos que mandar a todos los delincuentes o infractores a la cárcel.

Ahora bien, hablando de las condiciones de las prisiones en Veracruz, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene un buen Diagnóstico que, en su última versión de 2018, nos ofrece cifras que demuestran la posición de nuestra entidad en este rubro.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 (DNSP) de la CNDH, establece un ranking de todas las entidades federativas, en el que Veracruz se coloca en el lugar 25 con un coeficiente de 5.87 puntos, siendo el promedio nacional de 6.45. Si se revisa el histórico de este ranking, resulta que en los últimos 8 años Veracruz ha venido disminuyendo en su calificación, ya que en 2011 tenía 6.60 de puntaje, en 2012 obtuvo 7 puntos, en 2013 7.19 (la mejor calificación histórica), y a partir de ahí ha venido disminuyendo considerablemente, por debajo del promedio nacional y colocando a Veracruz en uno de los estados con menor calificación nacional. Tan solo en la administración anterior de 2016 a 2017 bajó un punto, de 6.82 en 2015 a 5.87 en 2018.

Veracruz cuenta con 17 centros de readaptación social con capacidad total de casi 7 mil espacios para una población de 6,500 internos. Lo cual hace que en general las prisiones de Veracruz no se encuentran sobrepobladas, salvo el caso del CERESO de Poza Rica que tiene una capacidad de 230 y una población de 350 internos.

La CNDH es sus informes señala que los principales aspectos de los centros penitenciarios del estado que son necesarios atender son: la deficiente separación de procesados y sentenciados, así como de hombres y mujeres; la insuficiencia de personal; deficientes condiciones materiales e higiene del área médica, cocina y comedores y de instalaciones para alojar a las personas privadas de libertad; condiciones de autogobierno y cogobierno; presencia de actividades ilícitas y cobros; insuficiencia de actividades educativas, laborales y de capacitación; insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes de violencia y de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria; deficiencias en el procedimiento para la imposición de sanciones disciplinarias; y deficiencias en la alimentación y en servicios de salud.

A todo esto habría que añadir que en Veracruz se ha trabajado muy poco en la prevención de la tortura y de los malos tratos, inhumanos o degradantes, tal y como lo establece el Protocolo Facultativo de Prevención de la Tortura de la ONU, desde el 2007, mismo que crea el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a cargo de la CNDH, pero que no cuenta con mecanismos homólogo al nivel local.

En 2009 el Colegio de Veracruz publicó un libro de mi autoría en el que precisamente describo y detallo el contexto y particularidades del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, e incluso hago un comparativo internacional de los mecanismos internacionales en la materia. Lo que resultó paradójico es que a partir del 2006 con el Gobierno de Calderón se incrementó la documentación de casos de tortura en México.

A pesar de ello, hoy contamos con un marco constitucional y legal de protección de los derechos humanos mucho más claro y aplicable donde se puede echar mano también de la convencionalidad internacional para cumplir con los estándares internacionales y las mejores prácticas en materia de protección de los derechos de las personas privadas de libertad.

Así, ya sea que por el lado de la presión que poco a poco se puede ir haciendo para cumplir con los tratados, estándares internacionales y con los parámetros constitucionales y legales nacionales, o bien a través de la nueva estrategia nacional de paz y seguridad, es urgente avanzar en mejorar las condiciones de las prisiones en México y en Veracruz, y revisar quiénes realmente deben estar recluidos, implementando una mejor efectividad en el sistema de justicia por medio también de descargar al mismo sistema a través de las salidas alternativas al proceso o por medio de la justicia cívica y el trabajo para la comunidad.

Ahora bien, independientemente de estos esfuerzos por parte de los gobiernos federal y estatales, es indispensable impulsar y desarrollar estrategias desde la sociedad civil para apoyar por un lado a la población reclusa y por otro a los sentenciados que van dejando la prisión y tienen que incorporarse a la vida social y laboral.

La sociedad civil juega un papel muy importante en estos procesos, con nuevas intervenciones, ideas, propuestas, acciones que van al centro de lo que es realmente el trabajo altruista y humanitario que el gobierno no puede proporcionar.

No sé por qué desde la Biblia cristiana ya estaba mandatado una visión humanista de visitar a los prisioneros, quizá porque ello puede significar una de las actividades más empáticas que pudiera haber. Sea un mandamiento espiritual o no, lo cierto es que quizá el sector de la población que más necesidad tiene de ayuda, orientación y de “redención” social es una persona que ha cometido un delito y que está o puede estar en un proceso de “readaptación”, palabra inefable, grotesca, inexacta y conservadora, que no traduce la intención personal y colectiva de una verdadera transformación de la persona, persona que además de encontrarse vulnerable, tiene el derechos e incluso la voluntad de cambio, de metanoia, de superación.