La madrugada del 2 de julio pasado, Diana Velázquez fue secuestrada en Chimalhuacán, Estado de México. Su cuerpo, al que la Fiscalía General de Justicia del Edomex confundió en un primer momento con el de un hombre, sería identificado más tarde por los familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Nezahualcóyotl. Desde entonces, las tareas de justicia han sido empujadas por la propia madre de la víctima, y no por las autoridades correspondientes.

La historia de Lidia Florencia Guerrero, quien lucha por alcanzar la verdad –con la razón y la Ley por delante–, es una de cientos que se repiten en la entidad, antes carente de toda participación social, y hoy, ante la apatía y omisión de las autoridades, convertida en un semillero de activistas.

La sociedad civil se ha organizado en respuesta a los problemas que se extienden en todo el Estado de México.

Datos oficiales muestran que hasta julio del 2017 había 3 mil 854 personas no localizadas en la entidad, una cifra que sólo supera Tamaulipas, entidad que reportó, hasta septiembre pasado, 6 mil 079 desaparecidos.

Los datos oficiales también plantean que en 2016 se registraron 65 carpetas de investigación por feminicidio, una cifra superior a las 61 del 2015. En ambos años hubo siete sentencias condenatorias. Entre 2011 y 2016 los registros sumaron 306 carpetas de investigación por este delito y 84 sentencias.

Lidia Florencia Guerrero, madre de Diana, acusa que desde un las primeras horas en las que se denunció la desaparición de su hija la agencia del Ministerio Público de Chimalhuacán tardó 72 horas en movilizarse para rastrear el paradero de su hija de 24 años.

La joven terminó por ser identificada en el Semefo cuatro días después gracias a la ropa. Ese sería el inicio de una continúa exigencia de justicia.

Tanto en el lugar de su desaparición como en el donde fue hallada Diana, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, se encuentran bajo la Alerta de Género que opera en un total de 11 municipios mexiquenses.

Florencia Guerrero y su familia, detalla, fueron quienes tuvieron que recolectar los videos en el área donde fue hallado el cuerpo para abonarlos a la carpeta de investigación. Hasta hoy, no hay responsables por la desaparición ni el asesinato.

El recorrido para indagar más datos sobre el caso de su hija, recuerda, se hizo 68 días después de que Diana fuera vista por última vez, el 9 de septiembre.

“Nos quedamos de ver en la Procuraduría y ya de ahí se hizo el recorrido de la cada de dónde salió Diana hasta donde fue encontrada en Francisco I. Madero”, narra.

Diana fue asesinada en junio pasado en Chimalhuacán, municipio mexiquense en donde está decretada la Alerta de Género.

La madre convertida en activista lamenta que “los gobiernos y autoridades que según están para servirnos son corruptos, a ellos no les interesa el dolor. Ellos simplemente vieron un cuerpo pero no se pusieron a pensar que esa persona era una mujer, con familia, sueños”.

El Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero (CDHZL), uno de los contados grupos civiles que trabajan en la entidad gobernada por Alfredo del Mazo Maza, expone que la violencia en el Estado de México ha orillado a las víctimas a organizarse.

“Ya las autoridades tienen medido en qué espacios podemos actuar, y cuando transgredimos esos espacios, pues vienen represalias, criminalizaciones […]. No permiten que cuando una persona se asume defensoras de derechos humanos encuentran un autoritarismo muy fuerte“, sostiene la vocera del grupo civil, Karina Bolaños.

El 25 de noviembre, Florencio, junto a diversas organizaciones civiles, participará en una marcha nacional contra los feminicidios tendrá lugar en Chimalhuacán.

Dulce María Andrea Ortega, de la organización Nos queremos Vivas Neza, una organización feminista que surge a raíz del caso de la menor de 11 años llamada Valeria, quien fue raptada por un piloto de una combi y luego asesinada, señala que la violencia en contra las mujeres ha volcado a la ciudadanía a las calles.

“Ella aparece en el transporte público, y las mujeres de Nezahualcóyotl nos preguntamos qué hacemos. Hubo una marcha multitudinaria de niños y niñas vestidos de blanco y entonces se organiza esta asamblea. ¿De quién es la responsabilidad de los feminicidios? Pensamos que es de todos y de todas”, dice la activista.

LA LUCHA POR GEORGINA SE EXTENDIÓ

Leticia Mora Nieto emprendió un esfuerzo para organizar a las madres de familia que buscan a sus hijos a raíz de su caso personal. El 30 de mayo del 2011 su hija Georgina Ivonne Ramírez Mora, de 21 años, desapareció al salir de su casa rumbo a un pequeño supermercado en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

“No encontré apoyó de ninguna índole en esa época en el Edomex, la mayoría de apoyos eran en la Ciudad de México. Aquí en el tiempo que estaba el Procurador y yo recurrí al Palacio Municipal con el Presidente Municipal. Uno como persona que no sabe de leyes, uno cree que cualquier autoridad, y que si lo atiende el Presidente Municipal pues ya, pero nos vamos dando de topes en la pared porque no es así”, dice Mora.

El priista David Castañeda Delgado ostentaba el cargo entonces. La mujer rememora que aquel día fue recibida por el funcionario, quien le contestó con un “no se preocupe”.

“Camino unos pasos y tiró la ficha. Eso fue que quedó marcado en mi vida. De ver que la tira en la basura, fue humillante y de ahí como que despertó Leticia Mora”, relata la madre

A finales del 2012, Leticia Mora Nieto fundó la Red de mamás en busca de sus hijas.

“Debemos de obligar a las autoridades a que hagan su trabajo” Leticia Mora, madre convertida en activista.

En el 2013, Mora finalmente encontró a su hija. Sin embargo, su compromiso no paró ahí. “Me dicen las madres ‘no nos abandones, tenemos que encontrar a todas’, eso me llenó. Tienes mucha razón yo me voy a quedar, porque su dolor es el mío, yo sé lo que ustedes sienten y no puedo abandonarlas”, justifica su permanencia.

Desde entonces la red compuesta por 95 miembros de familia, sostiene, ha ayudado al hallazgo del paradero de al menos 150 personas.

En el país, existen decenas de colectivos de familias que buscan a sus madres, hijos, padres, entre otros familiares. Muchos de ellos, en su desesperación por encontrar respuestas, buscan en fosas clandestinas, muchas veces logran encontrar a los suyos u a otros que darán paz a sus compañeros de desgracia.

La Red de mamás en busca de sus hijas no busca en los cementerios clandestinos. “¿Qué hacemos? No la vamos a buscar la fosa porque seguro no la hay. Nosotros nos enfocamos en búsqueda en lugares de trata”, dice la activista, quien señala que en el Estado de México hay muchos cuerpos que podrían ser identificados si las autoridades eficientaran las pruebas de genéticas de los cuerpos hallados en las fosas comunes.

“Debemos de obligar a las autoridades a que hagan su trabajo. Cuando llega un caso desaparecido traen mucha información para localizarlo. Muchas veces las dejan al olvido y nosotros lo que hacemos es presionar”, explica.

El papel de la organización civil no se queda en las calles o en los lugares donde se pudieron haber cometidos los ilícitos, pues mantiene reuniones con Alejandro Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía del Estado de México, cada mes y medio, para revisar casos.

Por el caso de Georgina Ivonne Ramírez Mora no hay detenidos.

LOS DEFENSORES DEL AMBIENTE, BAJO ACECHO

El 15 de mayo del 2007, Ildefonso Zamora era representante de bienes comunales de San Juan Atzingo. Ese día, sus hijos Misael y Aldo, fueron víctimas de una emboscada por parte de taladores ilegales de maderas al regreso de la zona de Lagunas de Zempoala.

“Hubo operativo masivo en la comunidad de Santa Lucía [municipio de Ocuilán] detuvieron a varios taladores, pero desgraciadamente la corrupción y la impunidad pues reinan y a los dos o tres días quedaron libres. Pues entonces hubo amenazas a mi padre, creímos que ahí quedaría”, recuerda Misael Zamora.

“Desafortunadamente mi hermano perdió la vida y yo recibí impactos de bala. A diez años de los cuatro actores sólo dos están detenidos y los otros siguen prófugos. Enrique Peña Nieto era Gobernador y hoy casi sale”, lamenta el joven.

Pese a ello, la familia Zamora no desistió de la defensa de los bosques de San Juan Atzingo en el Estado de México.Una labor que inició desde el 2005 con una serie de denuncias ante la Procuraduría Federal del Protección al Ambiente (Profepa).

Bajo la acusación de un falso robo, Ildefonso cayó preso el 20 de noviembre del 2015. Organizaciones como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lo declararon un preso de conciencia y abogaron por su libertad.

Ildefonso Zamora, otra vez bajo el acoso.

Su hijo Misael se convirtió en el motor de la liberación de su padre y en agosto del 2016, el activista ambiental salió libre después de estar nueve meses en prisión, después de que el Juzgado Quinto de Amparo señalara que se violó su derecho a la presunción de inocencia, ya que no había pruebas en su contra.

La familia Zamora continuó en su labor defensora del medio ambiente, pero el acoso hoy sigue.

Misael señala que el Gobernador indígena Arnulfo Gómez Barrón, quien tomó posesión el 23 de agosto pasado, está detrás de nuevos hostigamientos contra la familia desde hace una semana.

Los Zamora son dueños de  un predio a las faldas del Cerro de Zempoala, al norte del municipio San Juan Atzingo. El joven denuncia que sujetos armados, bajo la presunta orden del comisario ejidal Leobardo Neri Jacinto, impidieron su paso en el que hacen trabajos de plantación.

“Llegan en grupo armas, tanto machetes, como armas de fuego. Quisimos aprovechar por la vía legal los productos maderables nos topamos con ciertos individuos que quisieron primero no dejarnos trabajar”, señala Zamora.

Con información de Sin Embargo